El Juzgado Federal Nro 2 de San Nicolás dictó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos a menos de 3000 y 1095 metros respectivamente desde el límite de toda la planta urbana de Pergamino.

La decisión judicial se adoptó dentro del marco de la causa penal iniciada por la abogada Sabrina Ortiz de la ONG Naturaleza de Derechos, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, por las fumigaciones con agrotóxicos en las inmediaciones de tres barrios  La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad de  localidad Bonaerense.

Si bien algunos grupos de productores manifestaron sus quejas por la iniciativa, queda claro que se trata de una medida a la que ninguna persona de bien puede oponerse y deja de lado la grieta entre campo y ciudad.

Basándose en el "principio o enfoque precautorio" que, frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza.

Aun así sobran certezas y fueron expuestas en el fallo, acerca de los daños que generan los agrotóxicos en todos los seres vivos y también en este sistema de agricultura en el que se pierde fertilidad de los suelos, tal como lo señalan estudios recientes del INTA.

No caben dudas acerca de que se trata de una medida judicial que favorece a todos.

En primer término a los lugareños cercanos a los predios donde se llevan a cabo las fumigaciones con productos que se utilizan cada vez con mayores dosis y afectan la salud lo cual queda demostrado a partir de los trabajos de campamentos sanitarios que detectaron enfermedades y evidencias científicas de laboratorio en nuestro país y el mundo.

Resulta un hecho inaudito que a pesar de las pruebas concretas, se permita seguir echando venenos sobre las cabezas de los alumnos que asisten a escuelas rurales, las salitas de la salud en los pueblos de campo y las barriadas en general de los suburbios citadinos.

Se trata sólo de un paso más para contrarrestar el avasallamiento de los recursos por parte de las multinacionales que lucran con el agronegocio, dejando al productor rural cada vez más vulnerable, caminando hacia un futuro incierto respecto a su patrimonio –la tierra- cada vez más devaluado.

Este fallo que debiera replicarse en todos los distritos de la región, ya que de lo contrario tendríamos ciudadanos bajo resguardo y otros sin ello frente a una misma situación, deberá ser contemplado por los concejos deliberantes a la hora de evaluar su compromiso hacia sus representados.

También favorecerá  al debate interno en el seno de las asociaciones de ingenieros agrónomos que no han salido a tomar parte de un asunto que los pone en el ojo de la tormenta.

También será bueno para los productores agropecuarios (hoy muchos quejosos) ya que les permitirá no seguir contaminando a sus vecinos, explorar las muchas alternativas de la agroecología para aplicarla en la zona de restricción y entender que la biodiversidad no es un paquete que venga con la escritura del campo, sino que se trata de un bien de la humanidad.

SITUACION EN JUNIN

En Junín rige la ordenanza 6425 sancionada en el 2013, que plantea una zona de exclusión de 500 metros para las pulverizaciones terrestres, pero deja abierta la posibilidad de apicar productos denominados de clase IV como el glifosato, por lo que sumada a la falta de efectivo control, los pueblos de Junín siguen estando a la deriva en materia de cuidados de la salud por parte de las autoridades municipales.