Por: Semanario

Pergamino es zona núcleo del complejo agrícola pampeano y la justicia ha puesto sobre el estrado un fallo histórico respecto a lo que viene ocurriendo en el ámbito de la ruralidad, agobiado por el envenenamiento de tierra, aire y agua debido a un sistema de producción que sobreabunda en agroquímicos, afectando no sólo a la biodiversidad sino a la salud de las comunidades del interior.

Esta semana, el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás dictó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos a menos de 3000 metros y 1095 metros, respectivamente, desde el límite de toda la planta urbana de Pergamino.

La decisión judicial se adoptó dentro del marco de la causa penal iniciada por la abogada Sabrina Ortiz, de la ONG “Naturaleza de Derechos”, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, por las fumigaciones con agrotóxicos en las inmediaciones de tres barrios: La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad.

Ya con anterioridad, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar, en el mes de abril de 2019, que restringía las fumigaciones terrestres con agrotóxicos hasta los 600 metros del límite urbano pero que solo alcanzaba a los barrios mencionados.

La investigación penal siguió su curso y se logró acreditar como prueba que toda la familia de Sabrina Ortiz (ella, su compañero y los hijos de ambos) presenta daño genético. También se acreditó que a los menores se les detectó glifosato en el cuerpo y que otras personas del barrio tuvieron o tienen enfermedades oncológicas.

Por ello, la parte querellante solicitó al Juez Villafuerte Ruzo a que extendiera la protección cautelar ya establecida a toda la población de Pergamino y de todas las localidades del interior del partido, incluidas las escuelas rurales.

El cúmulo de evidencias y principalmente la comprobación del daño genético a través del estudio que realizó la especialista Delia Aiassa, investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a toda la familia Ortiz, más un informe en una causa judicial sobre la misma problemática en Dique Chico (Córdoba) y un trabajo científico de investigación sobre genotoxicidad y agrotóxicos "Assessment of the level of damage to the genetic material of children exposed to pesticides in the province of Córdoba" (Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas) publicado en la Revista Arch Argent Pediatr, en el año 2015, de la cual es coautora, se agregaron como pruebas al proceso y fueron contundentes y decisivos para la sentencia cautelar.

La distancia de 1095 metros para las aplicaciones terrestres no es arbitraria, todo lo contrario. Es un número que surge del trabajo científico argentino citado de la Dra. Aiassa: "Teniendo en cuenta que no existen diferencias entre los grupos de niños en estudio en cuanto a distancias de pulverización hasta un máximo de 1095 metros, debería tomarse en cuenta este dato al momento de establecer resguardos ambientales en localidades que se encuentren rodeadas de cultivos donde se pulveriza."

El límite restrictivo de 1095 y 3000 metros comprende “el no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Max II y Ultramax, en zonas urbanas y periurbanas libres del uso de agrotóxicos”.

¿QUÉ PASA EN JUNÍN?

Para hallar una comparación cercana, en Junín la ordenanza vigente (6425/13) plantea una zona de exclusión de sólo 500 metros de la zona urbanizada, pero permite el uso de herbicidas del tipo Roundup (glifosato) y el control de la exclusión no tiene relación con lo que verdaderamente acontece en el marco productivo, dejando librado al azar un tema que resulta preocupante para los pueblos satélites del distrito, cuyos habitantes no tienen ningún tipo de protección por parte del municipio local, quien no controla de buen modo las fumigaciones.

Es menester entonces que el Concejo Deliberante local (ya que el Ejecutivo ha demostrado su inacción), tome nota del fallo judicial en la ciudad vecina y se aboque a considerar similares características para nuestros vecinos de las localidades y los cercanos a la ciudad, como el camino al balneario, quienes viven en riesgo de adquirir graves patologías que, por lo general, cuando se advierten es demasiado tarde. Precisamente lo acontecido en Pergamino, o en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, con los daños ocasionados a las personas, sea un problema que está encubierto no sólo en nuestro distrito sino en toda la región pampeana adonde se riegan anualmente millones de litros de agrotóxicos.

Precisamente, el juez Villafuerte Ruzo sostiene la "necesidad de dar respuesta a la cuestión planteada por las querellantes y la viabilidad de la medida conforme se solicita, en orden a la prevención de daños futuros. Es que justamente el acento debe ser puesto allí, en el entendimiento de que no hay daño ambiental inocuo o completamente reparable, y que el Estado debe prevenir la producción de los riesgos con anticipación, ya que la función resarcitoria en estos casos es tardía y disfuncional. Y si bien, el cese de la actividad fumigadora, aunque reconocidamente contaminante, no resulta posible, no sólo por ser lícita sino además imprescindible para la agricultura, deviene necesaria la fijación de una distancia prudencial desde el límite de los lotes a fumigar hasta las escuelas rurales”, citando textualmente en ello el fallo de “Foro ecologista de Paraná y otra contra Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otros sobre acción de amparo”, donde el juez concluye en que “el sistema jurídico tiene que reaccionar y tomar todas las precauciones para evitar que el daño se consolide o propague”.

El Dr. Fernando Cabaleiro, integrante de la ONG, dijo a SEMANARIO que “el fallo y sus motivaciones ponen sobre la mesa la importancia que tiene el vínculo virtuoso entre las luchas de vecinos y vecinas en los territorios, el conocimiento científico y los saberes que se producen en los espacios críticos e independientes de las universidades públicas y la militancia jurídica socioambiental, por la que tanto abogamos desde Naturaleza de Derechos”.

Consideró además que “sobre esa tríada dinámica a la que hacemos referencia, nos permitimos focalizar en la necesidad de que se empiece a respetar y valorar el trabajo de abogadas y abogados en todos los territorios fumigados de la Argentina, casi en su totalidad militantes, que aun frente a un poder judicial estructurado y permeable a los poderes económicos, deciden transcurrir los procesos judiciales con la convicción que da el conocimiento científico que produce la ciencia digna”.

Remarcó que “este fallo acontece en el partido de Pergamino donde Monsanto/Bayer tienen su principal sede de experimentación de cultivos transgénicos en la Argentina. Una ciudad del agronegocio, podríamos decir, que  las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, con la guía de nuestra compañera Sabrina Ortiz, comenzaron  a disputársela judicialmente, casi exactamente un año atrás, recuperando metro por metro, para liberarlos de los agrotóxicos”.

NADA SE PIERDE

Tras conocerse el fallo hubo quejas de productores agropecuarios, tal y como siempre ocurre frente a este tipo de acciones que sólo buscan el bien de todos y la aplicación de una medida precautoria frente a la evidencia de daños a la salud.

Se trata, al fin y al cabo, de un poco de solidaridad hacia los vecinos y no estar en forma permanente mirando el bolsillo. Las evidencias son claras y precisas y no forman parte de una cuestión mesiánica, sino que se basan en evidencia científica.

Frente a esta situación, por la cual los productores no podrán seguir aplicando agrotóxicos, no significa que no podrán producir. Tal como quieren presentar la cuestión.

De hecho, hace años se trabaja en materia de producción agroecológica que se basa mayormente en el manejo antes que en las aplicaciones de insumos.  Algo así como ocurrió desde antes de los años ‘90 y permitían tener suelos de mayor aptitud agrícola que los de ahora y con una biodiversidad amplia y no restringida a una matanza indiscriminada de lo que erróneamente se conoce como “plagas”.

Por lo tanto, las entidades como las asociaciones de ingenieros agrónomos, tendrán en que empezar a pensar más en la producción sustentable antes que en la extracción del recurso suelo.

Ya en Rosario, tras prohibirse las fumigaciones con glifosato en el casco urbano, comenzaron de inmediato a estudiar otras alternativas.

De este modo, la ordenanza que prohíbe la utilización del herbicida aceleró los tiempos para cambiar el modelo local de producción de alimentos. Si bien ya existen varios programas estatales que apuntan a la reconversión agroecológica de los quinteros, a partir del nuevo marco normativo la municipalidad puso el ojo en los productores de cultivos extensivos, casi todos sojeros.

Un relevamiento hecho por los técnicos rosarinos detectó que existían dentro de los límites de Rosario alrededor de 1.200 hectáreas de producción extensiva, una superficie casi cuatro veces mayor a la que se pensaba (según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, había unas 300 hectáreas de soja) y que equivale a diez veces el parque Independencia.

La intención del gobierno fue que en un plazo de tres años como máximo (la ordenanza se aprobó en 2018), los productores de soja que se encuentran en la periferia de la ciudad emprendan una transición hacia un modelo agroecológico libre de todo tipo de químicos, no sólo de glifosato.

Empezaron con reuniones que incluyó a especialistas de la ciudad y de la provincia con productores convencionales y otros "reconvertidos" que desde hace algunos años trabajaban con sistemas donde el manejo le gana la pulseada a los insumos. Con dudas y resistencias de diferente grado, los productores tradicionales escucharon los argumentos y las experiencias de aquellos colegas que dejaron de lado los agroquímicos y hoy producen con buenos márgenes de rentabilidad.

Por lo tanto nada se pierde a la hora del resultado económico, lo único que debe preservarse, sin condiciones, es la salud y el entorno natural.