La Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de San Nicolas confirmó la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Junín, que reconoce que el agua de consumo de la ciudad de Rojas no es potable y que debe presentar un plan de adecuación.

La medida que fue promovida por el abogado ambientalista Juan Ignacio Pereyra Queles fe considerada como “un gran paso en la defensa del derecho humano al acceso al agua potable ante el desinterés de las autoridades a brindarla”.

Hace casi un año, el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 Juan Atilio Bazzani, del Departamento Judicial de Junín, ordenó a la municipalidad de Rojas que en 90 días presente un proyecto para equilibrar la presencia de arsénico en el agua que distribuye en la red domiciliaria, a lo permitido por el Código Alimentario Nacional, en este caso 0,01 miligramos por litro, haciendo lugar a una demanda del abogado ambientalista rojense Juan Ignacio Pereyra Queles, junto a los abogados Fernando Cabaleiro y Fabricio Fernández, condenando tanto a la comuna como a la provincia de Buenos Aires por ser ésta última la responsable de resguardar la calidad del acuífero.

Si bien el fallo resultó ejemplar a la hora de empezar a regular por parte del Estado la calidad del agua que se brinda para consumo de las poblaciones, el Ejecutivo apeló la medida que ahora la Cámara respectivo terminó avalando por lo que el municipio de Rojas deberá ofrecer agua potable a los vecinos a través de bidones mientras intenta corregir la calidad del agua de red.

La sentencia es similar a otras que vienen aconteciendo en distintas ciudades de la región e incluso en Junín fue determinante el conocido fallo “Boragina” que ya tiene 10 años pero nunca se cumplimentó, a punto tal que al día de hoy la gestión actual ni siquiera informa la acerca de la calidad del agua a los vecinos, haciendo caso omiso incluso a un pedido de Concejo Deliberante local.