Por: Semanario

 

Con su particular estilo mediático, el dirigente Juan Grabois salió esta semana a plantear un avance de reforma agraria en el caso de que gane el Frente de Todos, generando con ello que se dispararan diversas alarmas, particularmente desde los sectores del gremialismo agropecuario que, justamente en estos últimos 30 años, no han sabido dar contención a la demanda de sus bases.

 

Por eso, antes de entrar en detalle sobre el planteo de Grabois, vale la pena destacar que el sector productivo agropampeano ha sido entregado desde la década del 90 a las corporaciones agrícolas internacionales que devastaron la calidad de los suelos, la cadena de valor agropecuaria y al ejido rural, que dejó de percibir rentabilidad, perdió puestos de empleo, afectó a las economías regionales y promovió el éxodo rural como nunca antes.

 

La reforma agraria que plantea Grabois implica "necesariamente la redistribución de la tierra y que no pueda haber en la Argentina terratenientes". El dirigente insiste en que "nadie puede tener más de 5000 hectáreas" y allí peca de un error conceptual respecto a los nuevos “terratenientes sojeros” nacidos a la sombra del glifosato y, como en el caso de Gustavo Grobocopatel, que no tenían tierra propia en el arranque sino una buena logística y maquinaria, por lo que la categoría del arrendatario sustituyó al del productor que, en virtud de la escasa infraestructura que le ofrecía el Estado, se cansó de vivir en el campo, alquiló su predio al mejor postor, se compró la tele más grande y se sentó en un mullido sofá en la ciudad para mirar las series completas de Netflix.

 

Para el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Frente Patria Grande, la Argentina es inviable sin una reforma agraria y sin distribución de la población en el territorio.

 

Grabois argumenta que el 70% de la tierra que produce se arrienda. "Sus propietarios no viven en ella, viven de arriba, tienen una especie de beca de por vida", afirma, lo cual contrasta con su aproximación al término de “terratenientes” cuando se necesita de un solo arrendatario que incluso forme parte de los nombrados pooles de siembra, que incluye inversionistas y propietarios, que entre todos pueden juntar 5000 hectáreas para siembra en un pequeño grupo que luego negociará con exportadores.

 

Sin embargo, esta situación poco y nada tiene que ver con el alimento de la mesa de los argentinos, sino con el ingreso de divisas al país.

 

En ese terreno de “soberanía alimentaria” ingresa Grabois cuando propone “expropiar 50.000 parcelas para entregárselas en propiedad a los pequeños productores y pagarles a los propietarios el precio de mercado de la tierra en un proceso de pago de 20 años". Además de “la construcción de 100 polos agroecológicos en tierras medianas (40 o 50 hectáreas) que permitan producir con bioinsumos sin agroquímicos”.

 

Apunta a entregar títulos de propiedad comunitaria a las 1500 comunidades originarias que están relevadas y relevar las que faltan. Además de la promulgación de leyes de protección de cinturones hortícolas verdes en todas las grandes ciudades del país para que no haya una expansión de proyectos inmobiliarios como countries ni barrios cerrados.

 

Lo que olvida Grabois es que durante el gobierno de Cristina Kirchner, y a pesar de las manifestaciones a favor de la agricultura familiar, el sector quedó desfinanciado y nunca hubo decisión política para llevar adelante políticas que permitieran ese desarrollo que bien podría ser sostenido por un gobierno a partir de políticas públicas que permitan el acceso a tierras fiscales, más la capacitación adecuada, la infraestructura organizada y la colaboración que podría significar el trabajo de abajo hacia arriba, que podría prodigar los municipios favoreciendo estas iniciativas.

 

Hemos llegado a un punto tal en que el fracaso de políticas agropecuarias es notorio en todo sentido. Tanto en materia exportadora, con un Estado ausente en el desarrollo de proyectos comerciales con el mundo, como en materia de mercado interno, con carencias alimentarias en casi 20 millones de personas en un país que se dice es productor para 400 millones y que en boca del Presidente de la Nación se autotitulaba como “supermercado del mundo”.

 

NADA QUE TEMER

 

En diciembre de 2016, bajo el título “¿Quién le teme a la Reforma Agraria?”, planteamos el tema en SEMANARIO, destacando que “a principios de los ’80 algunos entusiastas jóvenes radicales de la región pretendían revolucionar la ruralidad con fuertes cambios, aunque finalmente todo quedó en la utopía de una iniciativa que jamás prosperó en la Argentina aunque su impronta fue maquillada de muchas maneras”.

 

Es probable -y paradójico- que algunos de aquellos jóvenes radicales hoy sean propietarios de campos que les arriendan a los sojeros. ¿Por qué no?

 

Planteábamos, asimismo, que hablar de Reforma Agraria  sigue generandoparticular urticaria en mucha gente que, basada en su conservadurismo a ultranza, no se permite debatir nada que altere su dogmatismo.

 

Cuando hablamos de Reforma Agraria casi que damos por sentado que nos referimos “al conjunto de medidas económicas, sociales, políticas y legislativas que sirven para modificar la estructura de la propiedad y de la producción de la tierra”.

 

Estas reformas intentan evitar que la distribución de la tierra se halle en pocas manos, porque en ese caso los dueños (latifundistas) pueden especular con su valor y no fomentan necesariamente su uso productivo. En ese caso, actualmente en nuestra región se vive con preocupación que el campo esté siendo fumigado con millones de litros de agroquímicos anualmente, causando un deterioro considerable en la biodiversidad y la salud de la población.

 

Por eso mismo, resulta hasta contradictorio que pongamos como eje esencial de una reforma agraria a la propiedad de la tierra cuando actualmente los “reyes de la soja” son precisamente contratistas con muy pocas hectáreas (o ninguna) propia.

 

Pero hay que advertir que a cada mención del conjunto de palabras “Reforma Agraria” ha sobrevenido una palada de tierra con el fin de sepultarla, cuanto más profundo mejor.

 

Un poco de historia

En la Argentina nunca prendió la chispa de la reforma agraria, aunque en la mayoría de los países latinoamericanos, en general, se han impulsado algún tipo de cambios en ese sentido a lo largo de la historia.

El chileno Víctor Jara, autor de la letra de “A desalambrar”, pagó con su vida semejante afrenta y fue asesinado y torturado en 1973, tras la llegada del dictador Augusto Pinochet.

 

El proceso de Reforma Agraria en Chile se llevó a cabo entre los años 1962 y 1973, como medida de respuesta a la gran ineficiencia y crisis del agro nacional durante la primera mitad del siglo XX.

 

Hacia fines del gobierno de Salvador Allende ya se habían expropiado más de 6 millones de hectáreas a lo largo de todo el país. La característica principal era que ningún chileno podía ser dueño de una extensión de tierra mayor a 2.5 hectáreas de riego, denominadas como las 80 hectáreas básicas.

 

Uruguay también tuvo una fuerte reforma del agro apenas despuntaba su independencia, cuando aún era llamada la Banda Oriental. Bajo el período de la Revolución Artiguista, comprendido entre 1811 y 1820, el máximo caudillo de ese proceso revolucionario, José Gervasio Artigas, inició el proceso de reparto de tierras, no sólo fiscales sino de grandes propietarios criollos y españoles. Para algunos historiadores uruguayos de raigambre marxista ese proceso ha sido interpretado como una "reforma agraria" radical y popular.

 

Por contrapartida, el campo argentino se conformó con apellidos de alta alcurnia, transformándolos en feudos de mayor o menor tamaño, pensados en la posesión más que en la producción.

 

Ningún gobierno, en siglos, logró poner un poco de equidad en estos menesteres y tampoco las organizaciones sociales de ningún orden aportaron soluciones. Apenas algunas ideas apuradas pero sin sustento.

 

Ni siquiera la Federación Agraria Argentina (FAA), nacida de la rebelión conocida como “El Grito de Alcorta”, allá en 1912, puede decirse que haya generado propuestas que permitan mejoras en la ruralidad y menos aún en pos de la defensa de los campesinos que han descendido notoriamente en número.

El campo más que nunca ha dejado de ser para quien lo trabaja y se ha convertido en una industria a cielo abierto, en su mayoría dirigida por inversores especuladores, que han despojado al sector del factor humano.