En los últimos días, Gabriela Marcello, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, resolvió dictar la conciliación obligatoria en el caso de la empresa BioBin, radicada en el Parque Industrial de Junín, que resolvió suspender las actividades y a sus empleados entre el 2 de septiembre y 31 de octubre.

A raíz de la decisión adoptada por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y los sindicatos adheridos de tomar medidas de acción directa, la intervención provincial resolvió este período de conciliación por el espacio de 15 días.

Esta decisión de suspender las tareas, que afecta en forma directa a treinta trabajadores e indirectamente a más de cincuenta familias, corrió también para los empleados de las dos plantas de Ramallo y la de Bahía Blanca que posee la firma. Biobahía en Bahía Blanca, tres empresas de Ramallo (Biocorba S.A., Refinar Bio S.A. y Biobal Energy S.A. ), y Biobin S.A. en Junín, son propiedad del mismo grupo empresario y tienen, en total, más de 200 empleados registrados. En los telegramas enviados a sus empleados, la empresa señala la imposibilidad de llevar adelante la producción de biodiesel, como consecuencia de la gravísima situación económica financiera por la que atraviesa la industria y en general nuestro país.

MEDIDAS

A partir de esta situación planteada, los sindicatos habían decidido adoptar medidas de acción directa a partir del 20 de septiembre, a ejecutarse en las empresas adheridas a la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible.

La decisión había sido tomada en virtud de que “el conflicto colectivo de trabajo planteado es de extrema gravedad por las características de la actividad de que se trata, y por cuanto las medidas anunciadas impedirían la normal operatoria de las empresas involucradas”, según se evaluó desde el Ministerio de Trabajo.

“Por consiguiente, resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado, en el marco de la competencia de esta autoridad”, que finalmente resolvió iniciar un período de conciliación obligatoria.

En este marco, se intimó “a la Federación y a las asociaciones sindicales mencionadas y por su intermedio, a los trabajadores por ellas representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.

Además, se advierte a las empresas adheridas que no podrán tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales.

También el Ministerio exhorta a las partes en conflicto “a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la empresa involucrada”.