OPINIÓN | 25 FEB 2024
NOTA DE OPINIÓN
Entre la justicia social y el liberalismo
La reciente derogación de la ley nacional 27545, más conocida como “ley de góndolas”, por parte del presidente Javier Milei ha generado una fuerte reacción del gobernador bonaerense´. Mientras que Milei defiende un modelo de país basado en el liberalismo económico, que prioriza el mercado y la libertad individual, Kicillof propone un modelo de gobierno inspirado en el Estado social de derecho, que apuesta por el Estado y la solidaridad colectiva.
La ley de góndolas, sancionada en 2020 y modificada en 2021, tenía como objetivo principal proteger los derechos de los consumidores, brindándoles más opciones, información y calidad a la hora de comprar. De esta manera, se buscaba evitar la imposición de precios abusivos, el engaño publicitario y la falta de transparencia por parte de los proveedores. Asimismo, pretendía promover el desarrollo de la producción nacional, regional y local, dando visibilidad y oportunidades a los pequeños y medianos productores, que muchas veces no pueden acceder a las góndolas por las barreras impuestas por las cadenas de distribución. Con la ley de góndolas, se buscaba generar empleo, valor agregado y diversificación productiva en el territorio. Además, establecía un código de buenas prácticas comerciales y un sistema de sanciones por incumplimiento.
Sin embargo, con la llegada al poder de Javier Milei, un ferviente defensor del liberalismo económico, la ley fue eliminada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/24), argumentando que se trataba de una intervención estatal innecesaria y perjudicial para el mercado. Según el mandatario, la libre competencia y la oferta y demanda son los mejores mecanismos para determinar los precios y la calidad de los productos.
Ante esta situación, Kicillof se mostró crítico y preocupado por el impacto negativo de esta medida, lo cual lo llevó a reunirse con representantes de pymes y supermercadistas, donde planteó la posibilidad de crear una ley de góndolas bonaerense, que replicara los objetivos y principios de la norma nacional, pero adaptada a las características y necesidades de su provincia.
La propuesta de Kicillof refleja una expresión de la disputa entre dos modelos de país: uno que prioriza el mercado y la libertad individual, y otro que apuesta por el Estado y la solidaridad colectiva.
La derogación de la ley de góndolas por parte de Milei implicó un retroceso para los derechos de los consumidores y los productores locales, que quedan a merced de las decisiones de los grandes actores del mercado, que tienen el poder de fijar las condiciones de comercialización, imponer sus marcas y productos, y excluir a la competencia. Esto también implicó una renuncia del Estado a su rol de regulador y promotor de la economía, dejando de lado el interés público y social.
La propuesta de Kicillof es sin dudas una herramienta para proteger a los consumidores y a los productores locales, que se ven amenazados por el modelo económico de Milei, quien prioriza el mercado sin importar las consecuencias sociales y ambientales. Kicillof apuesta por el Estado y la justicia social, buscando el desarrollo económico con equidad e inclusión.
