NACIONALES | 29 NOV 2025
CAUSA OSPRERA
Ordenaron medidas contra el secretario de Trabajo por la intervención en la Obra Social Rural
Se trata del expediente que investiga la presunta intervención irregular en la Obra Social de los Peones Rurales. El juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a una serie de pedidos, con el objetivo de desentrañar irregularidades en procesos administrativos que podrían haber sido manipulados.
En el marco de la causa donde se investiga la presunta intervención irregular en la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) y los pagos desde allí a empresas socias de los Menem, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas para profundizar la investigación, en base a los planteos presentados por los abogados que representan a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)
La hipótesis acusatoria apunta directamente a funcionarios del Ministerio de Capital Humano y a opositores internos del gremio, como el diputado libertario Pablo Ansaloni.
En la causa se investigan posibles maniobras para desestabilizar la representación gremial de los trabajadores rurales, incluyendo la imposición de una intervención en la OSPRERA que UATRE denuncia como un "acuerdo criminal" con fines políticos y para "direccionar negociados".
Las diligencias ordenadas por el juez se enfocan en conseguir comunicaciones, registros administrativos y movimientos internos de altos funcionarios. La resolución judicial detalla los ejes principales de investigación, donde se busca reconstruir la cadena de decisiones que derivaron en la intervención de la obra social.
Por un lado, Casanello intimó a la Secretaría de Trabajo a entregar, en un plazo de 10 días, 19 expedientes completos relacionados con seccionales de UATRE donde se registraron conflictos o intervenciones directas. El objetivo es desentrañar si existieron irregularidades en procesos administrativos que podrían haber sido manipulados para justificar la intervención.
El magistrado requirió también el legajo personal de Eduardo Comadira –exsecretario de Trabajo y figura central en las acusaciones–, así como las actuaciones internas de su gestión.
Además, se ordenó la obtención de los registros fílmicos y vehiculares de sus ingresos y egresos en la Secretaría desde el 15 de octubre de 2024 hasta el 16 de julio de 2025. "Esto permite mapear visitas, reuniones y movimientos que podrían vincularse a decisiones adversas contra UATRE, como la emisión de resoluciones de intervención", detalló la resolución judicial.
La ampliación sobre registros telefónicos, geolocalización y titularidad de líneas de los principales imputados –retrotrayéndose al 15 de octubre de 2024– incluye a Julio Cordero (exdirigente de UATRE), Claudio Aquino, Pablo Ansaloni, Aixa Petriatti, Marcelo Petroni, Marcelo Andrada, Guillermo Comadira y otras líneas "sospechosas" identificadas en la causa.
"Se busca probar la existencia de un 'plan criminal' previo a la intervención formal, con evidencia concreta de coordinación entre funcionarios y disidentes internos", indicaron fuentes cercanas a la investigación.
