El aislamiento obligatorio provocado por la pandemia, sin dudas ha generado nuevas formas de comunicación y eso conlleva a considerar y reflexionar acerca de esas características, la cuales pueden estar promoviendo acciones violatorias de las leyes, ya sea por ignorancia o determinado interés.

Por ese motivo desde la Asociación de mujeres autoconvocadas contra la violencia de género (AMA), enviaron una nota al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa destaca que “a partir del contacto de una mujer madre por el cual nos comparte una inquietud acerca de las exigencias educativas hacia su hija al tener que registrar ésta su ejercicio físico en un video y enviarlo y/o exhibirlo a quien dicta la materia surge este escrito producto del trabajo de un equipo interdisciplinario con perspectiva de género conformado por profesionales de distintas áreas, de distintos oficios, todas activistas por los derechos humanos de las mujeres y de la niñez en su conjunto”.

En el mismo sentido advierten que tal situación sería violatoria del artículo 22 de la ley de Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes ley N°26.061 que se refiere precisamente al “Derecho a la Dignidad”, a través del cual “Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.”

Por lo que desde la asociación consideran que “las y los profesores no deben pedir videos al alumnado y los  niños, niñas y adolescentes no deben enviárselos”.

Explican que esto es así pues aun cuando madres, padres y/o responsables de los alumnos “hubieran dado algún tipo de consentimiento, este fue otorgado cuando aún no se conocían los efectos de la pandemia y antes de que nuestro país declarara el aislamiento social preventivo y obligatorio y el propio sistema educativo no estaba preparado para afrontar tal realidad la cual no registra antecedentes al respecto, motivo por el cual se encontraría viciado”.

Destacaron además que “emergieron muchas situaciones similares relatadas por otras mujeres madres y no solamente referidas a la franja etaria de las y los adolescentes sino en niñas y niños de los primeros años de escolarización”.

Explicaron que “si bien en la mayoría de los casos aclaran que es optativo el envío de fotos o vídeos al no dar otra opción, los niños, niñas y adolescentes sienten que si no los envían, no cumplen y en el caso del zoom, si no participan pierden la clase virtual. Y esto excede las clases de educación física, se extiende, por ejemplo a las clases de música”.

Quién procesa esas imágenes o quién controla al docente o evalúa su utilización y otros interrogantes, llevaron a la organización a tomar contacto con el Prof. Federico Castellano, Inspector Jefe Regional de la ciudad de Colón quien en modo inmediato recepcionó dichas inquietudes para elevarlas a las autoridades educativas pertinentes.