América Latina se ha convertido, a principios de junio, en el nuevo epicentro del coronavirus con más de un millón de casos confirmados y casi 60.000 muertes, según datos del 26 de mayo.

La atención a esta crisis de salud ha revelado, como ningún otro hecho, la capacidad de liderazgo y gestión de los mandatarios de la región. Algunos han estado a la altura del reto de la pandemia, mientras que otros han aprovechado para imponer sus agendas y aumentar su imagen favorable.

Esta fue una de las principales reflexiones que salieron del Encuentro Virtual: Los abusos del poder en medio de la pandemia, que se realizó en alianza con el International Center for Journalists -ICFJ- y su Global Health Crisis Reporting y Transparencia Internacional.

De esta charla virtual, a la que fue invitado SEMANARIO, participaron Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional; Sandra Borda, académica de la Universidad de los Andes de Bogotá; y Moisés Naím, reconocido analista político de Venezuela. La moderación estuvo a cargo de Hugo Alconada, periodista de investigación del diario La Nación y miembro de la Comunidad Periodística de CONNECTAS.

Durante la charla se evidenció cómo el aumento de normas y medidas excepcionales para atender al covid-19 abrió espacios para la arbitrariedad. Además, que hoy son pocos los países en el mundo donde no se hayan presentado hechos de corrupción, en menor o mayor proporción, relacionados con la compra de elementos de protección, como las máscaras, o en la adquisición de ayudas para los más necesitados. Los panelistas coincidieron igualmente que la pandemia ha hecho evidentes desigualdades estructurales que no serán sostenibles en el mediano plazo.

Este Encuentro Virtual hizo parte de la iniciativa #CORONABUSO la cual ha permitido etiquetar cerca de 200 casos de abusos del poder en 17 países de América Latina. Este es un esfuerzo, en conjunto entre periodistas y ciudadanos, para visibilizar los excesos de servidores públicos, empresarios, o de cualquier persona con poder que en medio de las medidas excepcionales tomadas en el marco de la pandemia afecte o ponga en riesgo el bienestar de la sociedad.

Lamentablemente, Junín no quedó ajeno a este sinnúmero de abusos: Un chico muerto por el emplazamiento burdo de un montículo de tierra, un comerciante y un jardinero molidos a golpes por personal policial, destrato y maltrato con muchos de los automovilistas, motociclistas y peatones que son controlados de modo cotidiano tanto sean de Junín, como habitantes de fuera del distrito.

Para colmo, el poder judicial se ha mostrado condescendiente con estos abusos, permitiendo que vayan en crecimiento, más aún cuando la justicia eligió seguir de feria y no considerar su tarea como esencial.

¿CUÁL ES EL LÍMITE?

Según se planteó en los debates, con la pandemia se llega inevitablemente a un acuerdo entre ciudadanos y gobernantes, donde los primeros ceden en parte sus derechos para que los segundos brinden protección, pero ¿cuál es el límite aceptable de esas cesiones y cuáles son los puntos a destacar?

A esta pregunta, Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, respondió que “la urgencia no es un cheque en blanco para que los límites de los derechos se entreguen completamente”.

Desde la organización que Ferreira dirige se han registrado abusos en muchos gobiernos, además de restricciones al acceso de información, agresiones policiales para implementar la cuarentena y vigilancia a lo que un ciudadano opina o crítica en redes sociales.

Por su parte, la académica Sandra Borda dijo que no hay que poner todo el peso de la explicación de los abusos en los mandatarios, pues “hay fenómenos estructurales que complementan esta explicación, como la naturaleza de las normas en un ejercicio improvisado. Hay lugares, como Bogotá, Colombia, donde cada ocho días tiene normas nuevas y algunas son proclives a generar abuso. Entre más normas, hay más espacios de arbitrariedad”, explicó Borda.

Para Moisés Naím, analista político, existen funcionarios del gobierno, especialmente de la rama ejecutiva, que toman decisiones deliberadamente y utilizando a la pandemia como excusa, pero hay otros funcionarios públicos o políticos locales que toman decisiones no necesariamente para perpetuarse en el poder, sino como respuesta a una situación dramática donde están aprendiendo, improvisando y equivocándose.

Borda reiteró que en este escenario de aprendizajes e improvisaciones, los sistemas de pesos y contrapesos son difíciles de ejercer. Además, el ejecutivo gobierna por decretos, y este es un escenario de oportunidad política para lucir como un ejecutivo eficiente. Por ejemplo, el presidente colombiano Iván Duque, quien hace una alocución diaria en televisión, ha subido de 23 por ciento de aprobación a 42 por ciento de aprobación durante la pandemia.

REALIDAD EN LAS CALLES

Por otro lado, en América Latina existen países que tienen regímenes autoritarios que recibieron la pandemia de una manera totalmente distinta a naciones democráticas.

Con respecto a esto, Moisés Naím destacó que aunque la situación es diferente para Venezuela, Cuba y Nicaragua, el abuso es igual de “feroz” en todos. Aclaró que cuando hay cuando hay un fenómeno natural y una amenaza, la gente quiere unión y quiere un líder, un gobierno que cobije, por eso “aquellos gobernantes que tengan empatía, tendrán un aumento en sus niveles de popularidad”.

En cuanto al resto de los países, Sandra Borda ha notado que el aumento del poder y en las competencias de las policías de la ciudad, combinado con calles vacías, es un escenario perfecto para abusos policiales. Anotó que a causa de la desigualdad estructural en la región, no todo el mundo se puede quedar en su casa trabajando sino que debe buscar su trabajo en las calles y estas personas terminan siendo las víctimas del abuso policial. “En este momento todos estamos con una obsesión por preservar la salud pública, pero no se nos puede salir del panorama que hay gente para la que cumplir las reglas es un ejercicio imposible”, explicó Borda.

EN EL PLANO LABORAL

En Ecuador, el presidente Lenín Moreno quiere aprobar una ley que permite que las empresas bajen las horas de trabajo y por ende el salario de sus trabajadores.

Este es apenas un ejemplo de los abusos en el ámbito laboral en América Latina.

Delia Ferreira anota que la situación institucional afecta a todos los aspectos de la vida, el derecho a trabajar y recibir un salario, entonces es “inevitable que la cadena de pagos se vea afectada durante la pandemia”.

Mientras que para Moisés Naím, el Estado debe proteger a los empleados, pero no se pueden poner leyes que eviten, por ejemplo, despedir a alguien porque este generará más desempleo a largo plazo.

En esta misma línea, Sandra Borda anota que no se han visto los efectos de la pandemia en la pobreza y desigualdad, sobre todo en países donde esto ya era algo importante. Además, explica que en muchas ocasiones el Estado no tiene la capacidad de llegar a las poblaciones más afectadas o no sabe cuáles son estas poblaciones. “Encontrar un equilibrio entre el bien público de la salud y recuperación económica es muy difícil, y será un problema grueso para la región”, concluyó Borda.