Las más de 20 familias que se verían afectadas tras el declarado cierre del emblemático Hotel Copahue en nuestra ciudad, es apenas la punta del iceberg de lo que se advierte que sobrevendrá tras la pandemia. Es justo mencionar que la debacle no es exclusiva sino mundial y que a nivel nacional se viene de años de problemáticas estructurales en materia económica.

En medio de esta situación hay un tema que viene repercutiendo también en otros países del mundo y es la renta básica, una herramienta que permitiría –tal vez- afrontar de mejor modo las vicisitudes de las bancarrotas masivas, dadas por lo errática que será la vida con este tipo de situaciones sanitarias encima.

Hace unos días SEMANARIO se ocupó de presentar a sus lectores algunas características de esta modalidad de distribución de riquezas que se aplica en otros países del mundo en su artículo (http://semanariodejunin.com.ar/nota/13025/todos_somos_planeros).

Ahora, los especialistas en economía Ana Rameri y Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas Unidad Popular, plantearon la alternativa con el objetivo de sumarla al debate que está en sus primeros escarceos.

Con la población recluida se produce un shock simultáneo de oferta y demanda, donde se desploman ingresos y se paraliza la producción con la sola excepción de ciertas actividades esenciales, y se coloca a la economía bajo las condiciones de una espiral depresiva. En concreto, la cuarentena interrumpe en una importante medida las condiciones de reproducción del capital.

Sostienen que “esta interrupción en el ciclo de los negocios es la explicación de la resistencia de los grandes capitales y sus voceros a la extensión de la cuarentena y la razón por la que una y otra vez se plantea la falaz discusión entre la economía y la salud. Falaz ya que la verdadera contradicción es entre la salud pública y la economía capitalista. A punto tal que en aquellos países que, desde posiciones extremas, pretendieron sostener el pleno funcionamiento de los capitales, los resultados fueron (aún lo siguen siendo) verdaderas catástrofes sanitarias (Estados Unidos y Brasil son ejemplos claros de esta situación)”.

Rameri y Lozano remarcan que “en nuestro país, donde la sumatoria de los desocupados, los trabajadores no registrados y quienes viven de la changa representan más de la mitad de la población laboral, los más de cien días de reclusión producen estragos. Por esa razón, es que entendemos que la intervención más relevante del Estado en estos contextos es sostener un ingreso universal, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, como la única medida que puede desligar la reproducción de las condiciones de vida del funcionamiento del sistema económico”.

Es claro que esta situación ha repercutido en todos lados y nuestra ciudad de Junín no es una burbuja, pero sería justo establecer además frente a los reclamos que no sólo se trata de los comercios y empresas que no pueden trabajar sino de las condiciones en que se encuentran eso trabajadores, acerca de la informalidad.

Los economistas proponen “garantizar un salario equivalente al salario mínimo, actualmente de $17.000 para el conjunto de la población de entre 18 y 65 años (excepto para aquellos que tienen garantizado un salario por el sector público o privado), y complementarlo con la efectiva universalización de la asignación universal por hijo, que incorpore a toda la población menor de 18 años, a través del pago de $4.000 de manera tal que el conjunto de hogares en la Argentina atraviese la pandemia con una garantía de ingresos equivalente a la línea de pobreza”.

Ambas iniciativas, la asignación por hijo junto con un salario universal, conformarían una renta básica universal de emergencia.

​En relación con lo que hoy existe se requeriría entonces –según Lozano y Rameri- de dos arreglos fundamentales del esquema de política social: 1) en primer lugar, aumentar la asignación por hijo a $4.000, incorporando a los cerca de dos millones de chicos que no perciben una asignación por hijo y equiparando valores de otros dos millones incluidos en los sistemas provinciales y municipales, y, 2) instituir un salario universal e incondicional, que en la práctica unifique y mejore el conjunto de programas condicionados de ingresos hoy vigentes destinados a la población informal y desocupada, haciendo extensiva la cobertura al universo de la población potencialmente activa.

En la inscripción inicial del IFE se develó que más de 12 millones de personas manifestaron necesitar un ingreso extra, cuestión que además se corrobora en una estadística que a finales del 2019 arrojaba un cuadro laboral con cerca de 11 millones de trabajadores sin ingresos o con ingresos informales o registraciones de subsistencia, salta a la vista que todavía persiste un núcleo importante de la población sin garantía de ingresos.

“Desde hace unos días el AMBA volvió a ingresar a una fase de endurecimiento en las condiciones del ASPO. La importancia de esta región que en poco territorio concentra el 35% de la población, más del 55% de la población económicamente activa y al 48% del producto a nivel impide pronósticos apresurados de recuperación efectiva de la actividad económica por más que la mayor parte del territorio ya se encuentre transitando hacia una nueva normalidad. En tanto el AMBA no se recupere, la economía no podrá recuperarse”, manifestaron.

Y a la hora de la “pregunta del millón”, respecto a ¿de dónde saldrán los recursos para la ayuda?, la respuesta de los economistas señala que “hoy existen recursos disponibles para financiarla durmiendo en las cuentas bancarias del grupo selecto de millonarios. La AFIP dispone de la información de 32 mil de ellos, quienes declaran tener cerca del 70% de sus patrimonios fuera del país. También se dispone de numerosos indicios sobre la evasión o subdeclaración de rentas lo que permitiría aplicar un procedimiento extraordinario bajo el criterio de patrimonio y renta presunta sobre la facturación de las grandes empresas y principales”.

“Lo que queremos resaltar –dicen los especialistas- es que la principal excusa para no avanzar en el sentido de una renta universal suele consistir en señalar el elevado costo fiscal en el que se incurriría. Sin embargo, el costo adicional por sobre lo que hoy se destina en políticas de ingresos durante la emergencia es cercano al 3% del PBI anual, con lo cual un impuesto a la riqueza permitiría financiar casi once meses de renta básica garantizada con efectos neutros en materia de déficit presupuestario”.

Esta Renta Básica debiera sostenerse al momento de afrontar una post pandemia que se proyecta con serias dificultades. Si el comercio mundial no logró nunca recuperar su dinamismo luego de la crisis del año 2008 /2009, es bastante difícil imaginar una recuperación rápida e importante de la economía internacional a la salida de la pandemia.

Resulta entonces una buena oportunidad para repensar las opciones de salida de una crisis que en nuestro país lleva más de dos años, pero la precede un largo estancamiento económico y un grave deterioro social y del mercado laboral.

Advierten, además, que “si la opción exportadora de la Argentina se ve restringida en un mundo que pronostica una caída del 5% y prevé recuperaciones lentas para los próximos años, el papel del mercado interno con la capacidad ociosa disponible aparece como una vía fundamental para recomponer el funcionamiento de la economía. Para esto sostener la Renta Universal cumple con la función de mejorar el poder adquisitivo de la población e inducir la puesta en marcha de la capacidad instalada”.

SECUELAS Y RECONOCIMIENTOS

Rameri y Lozano señalaron “al menos dos secuelas que dejará la pandemia impresas en un período de posterior “normalidad”: una es un reconocimiento ya ineludible señalado hace tiempo por la agenda feminista que tiene que ver con reconocer el carácter laboral de las actividades de cuidado y su centralidad en las economías capitalistas, y en segundo lugar, el adelantamiento del avance tecnológico en ciertos procesos de trabajo, que estaban en curso con anterioridad, pero que por los efectos del confinamiento social han acelerado y provocado saltos cualitativos que junto con pronósticos de crecimiento lento podrán tener consecuencias nocivas para el cuadro laboral de desocupación e informalidad laboral”.

¿Cómo articulan estas dos cuestiones con la propuesta de una RBG y del salario universal en particular? Y resaltan que “respecto al trabajo reproductivo, que luego de la experiencia de la pandemia, ya no deberían quedar más dudas acerca de la función productiva que tienen las tareas de cuidado en las economías que mayormente están a cargo de los cuerpos y sensibilidades de las mujeres. Históricamente, el feminismo viene señalando que la forma salarial moviliza no sólo trabajo asalariado sino también otras formas de trabajo tanto o más explotadas puesto que no reciben ingreso alguno como contrapartida, dotadas de un estatus inferior para las formas canónicas del trabajo, sobre las que se inscriben además asimetrías de género. La intensificación de estas actividades reproductivas y de cuidado durante los últimos tres meses, dentro del hogar o en espacios comunitarios que, junto con el sistema sanitario, se convirtieron en los espacios más dinámicos de la economía en un sentido amplio, revelaron la naturaleza pública del cuidado como trabajo y como derecho. La jerarquización social de esta actividad tan central para la vida y el funcionamiento económico no puede estar librada a las posibilidades o decisiones privadas de los hogares”.

Por otra parte, reconocen que “una de las secuelas de la pandemia es la abrupta reconversión de sectores productivos enteros o de procesos de trabajo particulares que tuvieron que adaptarse a las circunstancias restrictivas para la circulación y la concentración de personas para lo cual intensificaron el uso de la tecnología, profundizando el uso de los medios de conexión y minimizando el uso y la inversión en capital fijo. Si bien algunas modalidades de producción y trabajo pueden retornar al momento anterior a la pandemia está claro que el presente está funcionando como un laboratorio social para marcar una trayectoria en la relación trabajo-tecnología”.

En cualquiera de las alternativas la regla que aceleró la pandemia parece ser la reducción de requerimientos de empleo por unidad de producto (así sea a través de la sobrejornada del teletrabajo) que en un contexto que vaticina una caída del -9% para este año y una recuperación de apenas el 4% para el próximo 2021 para América Latina (según proyecciones del FMI) puede agravar aún más el ya deteriorado cuadro laboral.

Por eso indican los economistas que ante estos casos, “nuevamente la renta básica como piedra angular de un dispositivo de regulación económica más complejo puede tomar la forma de garantía de ingresos de acceso universal a distintos grupos de la fuerza de trabajo en el marco de un programa de empleo y formación garantizado, ¿cómo?, integrando a la población que desee sostener el nivel del salario mínimo, luego de la emergencia, en circuitos de trabajo y formación de manera de movilizar fuerza de trabajo para satisfacer necesidades diversas de las comunidades como el acceso a la infraestructura básica social, a instancias de formación, a una red de cuidado comunitaria y distintos bienes y servicios con el fin de ir completando la grilla de garantías sociales”.

Para ello será indispensable la conformación de un Área Pública y Social con participación de las experiencias autogestivas. Para conservar el carácter universal resulta indispensable que la inscripción sea abierta, de carácter permanente, sin restricciones ni incompatibilidades.

“De esta manera, el salario universal que durante la emergencia aseguraba un salario mínimo de carácter incondicional, podría en la post pandemia sostenerse validando socialmente el trabajo reproductivo y estableciendo un umbral de dignidad social”, manifestaron Rameri y Lozano.