Alberto Fernández derogó el decreto que ordenaba la intervención de Vicentin luego de que el juez interviniente en el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, no haya permitido que el Estado nacional “pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, tal como informó el Presidente de la Nación en un hilo de tuits.

La derogación de la intervención dictada el pasado 8 de junio llega luego de las negociaciones que el gobierno de la provincia de Santa Fe, comandado por Omar Perotti, mantuvo con las autoridades de Vicentin y el juez Lorenzini. La propuesta de la administración santafesina, rechazada por el juez y los representantes de la empresa, era conformar un fideicomiso para ponerlo a cargo de la administración de la firma concursada.

En ese sentido, Fernández señaló hoy que el juez “ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directos que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.

En medio de este conflicto que no alcanzó solución, Fernández explicó que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.

“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, agregó.

Por otro lado, el presidente remarcó que “nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”. Asimismo, aclaró que “nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”.

“La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, expresó Fernández, pero concluyó que “en estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.