Por: Redacción Semanario

El femicidio de Rosa Fernández, la juninense que estuvo desaparecida durante 18 días, pone nuevamente en evidencia la falta de contención hacia centenares de personas de nuestro distrito que sufren día a día la violencia de género.

Eso hace suponer que se requiere de un mayor compromiso de los funcionarios para promover acciones que permitan revertir estos hechos, una comunidad alerta de las situaciones y con canales para denunciar, como así también comunicadores que se capaciten para romper con los paradigmas instalados.

Muchas veces se reclaman leyes, desconociendo que existen pero no son ejecutadas tal y como estaba previsto en el espíritu legislativo que las aprobó.

Por caso, la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencias contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y que se conoce como “Ley de Protección Integral de las Mujeres”, en su artículo 9, establece la obligación de elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

En virtud de ello, durante los últimos años se elaboraron dos documentos de política pública para los períodos 2014-2016 y 2017- 2019. Este último llegó a su término en el mes de diciembre de 2019, coincidiendo con el inicio de la actual gestión de gobierno.

La República Argentina y la región de América Latina presentan altos niveles de violencias por motivos de género y alarmantes cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Los reclamos y demandas de los movimientos de mujeres y personas LGBTI+ constituyen uno de los fenómenos más visibles de la dinámica social y política de las democracias occidentales, poniendo en agenda cada vez con más fuerza la necesidad de mejores y más eficaces políticas de prevención de las violencias por motivos de género y de asistencia y protección de aquellas personas que las atraviesan.

El derecho a vivir una vida libre de violencias y a desarrollar proyectos de vida autónomos y sin discriminación se presenta como una condición indispensable para vivir en sociedades más igualitarias, más justas y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas.

Es precisamente el Estado quien cumple un rol inexcusable en el reconocimiento y garantía de esos derechos, por ello desde el Ejecutivo nacional se trabaja en pos del cumplimiento de la legislación tal y como se concibió, por lo que será imprescindible que tengan el acompañamiento provincial y municipal para lograr resultados en una sociedad como la juninense donde aún quedan establecimientos escolares y docentes que ponen en duda la Educación Sexual Integral (ESI).

Y si las acciones nacionales apuntan a construir más y mejores herramientas de intervención para brindar respuestas eficaces, acordes a las necesidades de las mujeres y personas LGBTI+ que son complejos y responden a matrices culturales, estructurales y fuertemente arraigadas socialmente, es necesario que comenzar a militar esas herramientas exigiendo al Ejecutivo municipal que tenga una participación responsable y activa, dejando de lado intereses particulares propios de sus funcionarios.

Precisamente, el año pasado el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad la Ordenanza 7628 denominada "Ley Municipal de Abordaje Integral Sobre Prevención, Protección y Sensibilización en Problemáticas y Violencia de Género y Diversidad".

Allí se plantean diferentes iniciativas, entre las cuales se destacan acciones intermunicipales, acceso al mercado laboral, crea el Registro Municipal de Adhesión al Programa Municipal de Inserción Laboral de Personas Víctimas de Violencia de Género (Pro.Mu.Vi) con la posibilidad de contar con bonificaciones tributarias a las empresas o industrias inscriptas en el Registro Municipal de Adhesión al Programa Municipal de Inserción que formalmente empleen a una o más personas víctimas de violencia de género, siempre que estas últimas carezcan de empleo y se encuentren incluidas en el Programa Municipal de Inserción Laboral, garantiza prioridad de acceso a vivienda propia, establece un cupo y prioridad de adjudicación de terrenos del Banco Municipal de Tierras a personas víctimas de violencia de género.

Sin embargo, todo ha quedado en los escritos, al igual que tantas otras promesas destinadas a la problemática y que se reflotan frente a alguna celebración ocasional que lo amerite para luego guardarlas nuevamente.

PLAN NACIONAL

En estos días, el gobierno nacional ha dado un paso más respecto a la legislación y presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género 2020-2022.

La iniciativa pretende constituirse como punto de encuentro entre las demandas de las mujeres y personas LGBTI+ y un Estado que asume su responsabilidad, jerarquiza esas demandas y ofrece respuestas concretas y materiales.

Desde el gobierno nacional entienden que la mejor forma de ejercer el poder público es a través del aprendizaje, de la escucha y del reconocimiento de los problemas y los protagonistas de los mismos.

Por eso promueven un modelo de gestión basado en la construcción colectiva, en las alianzas y en los esfuerzos mancomunados “con todxs aquellxs que le ponen el cuerpo todos los días a construir mejores estándares de ciudadanía y consolidación democrática”, por lo cual implicará que las organizaciones locales comiencen el trabajo cuanto antes para no seguir cobrando víctimas fatales en la ciudad y darle un marco de esperanza a quienes padecen la violencia en forma cotidiana.

En el prólogo de este plan, Eli Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación plantea que “es un punto de partida, que implica el reconocimiento de parte del Estado de las desigualdades e injusticias respecto a los géneros y que pone a la lucha contra el machismo en un lugar prioritario de la agenda de gobierno, construyendo las herramientas institucionales y de gestión necesarias para abordar estos problemas de manera seria y eficaz”.

Sostiene que “el impacto de esas violencias y desigualdades, a su vez, se ve incrementado por razones de clase, pertenencia étnica, religión, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, entre otras que implican una mayor vulneración de derechos, y por ende, menor posibilidad real de su ejercicio y un aumento de condiciones para las violencias por motivo de género”.

Y principalmente reconoce desde el rol del Estado “la enorme tarea que hace décadas llevan adelante organizaciones de la sociedad civil, de base y políticas, no solo por la lucha de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, sino a través de la creación de observatorios de violencias de géneros, refugios, redes de prevención de violencias, capacitaciones, entre otras; pero, a la vez, asumiendo que estas son competencias inexcusablemente estatales”, justamente los temas que fueron anunciados en innumerables oportunidades por el gobierno de Junín, pero nunca se llevaron a cabo de modo efectivo.

CAMBIO DE PARADIGMA

Desde el gobierno nacional advierten que más que un plan, se trata de “un cambio de paradigma”, porque, dicen “pasamos de un abordaje individual a uno integral e interseccional. Esto quiere decir que estamos impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género, puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo forma parte de esta definición de políticas de protección integral.

“Con este Plan abandonamos un abordaje concentrado sólo en la atención de la emergencia, a otro que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencias por motivos de género. A la vez, pensamos las violencias por motivos de género no sólo para las mujeres, sino para toda la población LGBTI+”.

Por eso crean los Centros de Abordaje integral de las Violencias por Razones de Género en las provincias y vamos a fortalecerán las redes territoriales locales y regionales ya existentes.

Por lo que, si bien Junín logró dar un paso adelante en el antecedente de la ordenanza, como pasa con otras cuestiones de magnitud, no se llegan a las acciones y no se logra despegar de la declamación.

El plan lanzado por el gobierno nacional debiera convertirse en mascarón de proa de la ordenanza local y su bandera podría enarbolar las distintas organizaciones locales que sin dudas llevan a cabo una importante labor, con el objetivo de reclamar al Ejecutivo local que utilice las herramientas que provee el gobierno nacional y de ese modo comenzar a desterrar un flagelo que no deja de causar muertes y generar un permanente terror en los sectores afectados.

Medidas de prevención fundadas en un sistema de alertas tempranas que permitan actuar a tiempo en las situaciones de violencia y, a su vez, acciones de prevención que permitan actuar en el mediano y largo plazo, conmoviendo, deconstruyendo y transformando patrones sociales y culturales que moldean los estereotipos, las identidades y las relaciones entre los géneros. Acciones de prevención que promuevan la igualdad e interpelen los vínculos jerárquicos y violentos entre los géneros.

Propuestas que no deben dejar de transformarse en acciones para que realmente se haga Justicia por Rosa y por todas las mujeres muertas en Junín por motivos de género.