Para aliviar la superpoblación de los 54 penales bonaerenses, el gobierno provincial decidió buscar capitales privados para financiar la construcción de cárceles para alojar a 1.500 presos en cada nueva unidad. El proyecto apunta a levantar tres penales para llegar a 4.500 plazas.

La apertura para recepción de propuestas se realizaría a comienzos del año próximo, dentro del esquema de Participación Público-Privada (PPP).

Según informó el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, la medida no constituye una privatización del sistema carcelario. Se construirá una unidad completa, para al menos 1500 internos, y la gestión será, por completo, estatal. La inversión final no estará sujeta al número de presos y no estará ligada a la prestación de servicios relacionados a la cantidad de internos, como podría ser la provisión de las comidas.

En este caso, la construcción de una cárcel para 1500 presos demandará una inversión de mil ochocientos millones de pesos, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de un penal nuevo y equipado cuesta entre $ 1.200.000 y $ 1.500.000 por cada interno. Se trata de una deuda que asumirá el Estado a pagar en veinte años.

Una iniciativa similar será encarada por el Ministerio de Justicia de la Nación, aunque en este caso la inversión será de aproximadamente 850 millones de dólares para construir cárceles federales en las que puedan ser alojados casi 10.000 presos. Entre los proyectos de la Casa Rosada y de la gobernación bonaerense se busca inversiones por más de mil millones de dólares.

Con 37.000 presos distribuidos en 54 cárceles que tienen 25.000 plazas, con 3700 nuevos internos en un año y una proyección de que, a fin de 2017, esa cifra de nuevos reclusos llegará a 5000, la superpoblación en los penales bonaerenses alcanzó niveles críticos.

Esa crisis con los detenidos en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo semanas atrás cuando los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Junín, Andrés Ortiz y Carlos Portiglia, dictaminaron que en el complejo carcelario con asiento en la ciudad sólo podrán permanecer detenidas personas que tengan causas en los departamentos judiciales de Junín, Pergamino y San Nicolás, según el fallo en la causa "Irregularidades constatadas en Complejo Penitenciario Junín, integrado por las Unidades 13, 16 y 49".

El fallo ordena, además, el traslado de los internos que no cumplan con esa condición, a otros penales bonaerenses, en un plazo de 60 días.

En este punto, el juez Andrés Francisco Ortiz confirmó que la Provincia apelará la resolución emitida por la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Junín, que ordenaba el traslado de presos no oriundos de la zona actualmente alojados en el complejo carcelario local.

Según lo que apuntó el magistrado, desde el Gobierno bonaerense “ya se anunció que se impugnará la resolución, y luego deberá resolver la Cámara de Casación de la Provincia”.

LA ÚLTIMA CÁRCEL, EN 2001

El último penal se inauguró en General Alvear, en 2001. De esa cárcel que era considerada como de máxima seguridad huyeron, el 27 diciembre de 2015, tres de los cuatro condenados por el triple homicidio de la efedrina, los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci.

A partir de un convenio firmado entre Ferrari y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se asignó una partida de 500 millones de pesos para terminar de construir dos penales, en Campana y Lomas de Zamora, que aliviarán la situación en las cárceles del conurbano y en las comisarías.

"La construcción de cárceles debe ser una discusión de todos los partidos políticos. Existe una política de encarcelamiento que la ciudadanía y las leyes demandan que hace necesaria que se edifiquen nuevas cárceles para alojar a todos los acusados de cometer delitos que fueron sometidos a procesos penales. Entonces para aplicar esta política de lucha contra el crimen, hay que tener más prisiones. Será decisión del Estado conformado no sólo por el Poder Ejecutivo, sino por todos los partidos políticos hasta qué monto deciden contraer deuda para construir cárceles nuevas. La construcción demandará al privado tres o cuatro años, pero la deuda habrá que pagarla en 20 años", agregó el ministro Gustavo Ferrari.

Otro de los factores que provocó el aumento de presos en las cárceles bonaerenses fue la cantidad de reingresantes. El 43% de los 3700 presos que se agregaron a la población penal en un año, ya estuvo en algún penal. No se los considera reincidentes porque todavía no tienen condenas firmes. Obtuvieron excarcelaciones a partir de distintos beneficios y regresaron a la cárcel por hechos nuevos, antes que los sumarios que los llevaron originalmente a prisión tuvieran una sentencia definitiva.

Según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, otro de los factores que liberaría lugares en las cárceles será la extensión de la aplicación de pulseras electrónicas para monitorear a internos con prisión domiciliaria. En la actualidad hay 1500 presos con ese beneficio y, según se informó oficialmente, tiene un alto nivel de cumplimiento, debido a que el 4% de los presos quebró ese beneficio.

Para evitar problemas de convivencia por la falta de espacio en los calabozos, se aumentó la cantidad de actividades que los presos deben realizar y se pasó de 77 talleres que había en 2015 a 241 este año.