Por: Redacción Semanario

Esta semana se vivieron en nuestro país situaciones que mostraron la profunda grieta social que nos surca como sociedad, particularmente respecto a la defensa de la propiedad privada en situaciones como la disputa familiar del clan Etchevehere y el desalojo de las familias que se hallaban en un predio de Guernica.

Conjuntamente, a diez años del fallecimiento del Néstor Kircher, la vicepresidenta Cristina Fernández escribió una extensa carta pública con apreciaciones de actualidad e históricas, pero cuyo núcleo central pedía una convocatoria a “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”.

De este modo, la ex Presidenta consiguió algo que hacía mucho tiempo no lograba y es la coincidencia con otros sectores de la política nacional.

Sin embargo, frente a los acontecimientos registrados y a la historia que nos trasciende de desavenencias sociales, cabe preguntarse si en realidad puede ser viable un acuerdo social, en un marco de cada vez mayor desigualdad, que no sólo afecta a nuestro país sino a buena parte del  mundo.

¿Acaso no sería un contrasentido seguir creyendo que se puede llegar a un punto de equilibrio entre los distintos sectores cuando las diferencias son tan grandes?

Según la ONU, más de dos tercios de la población mundial vive en países dónde la desigualdad ha crecido. Aunque América Latina es una región con los niveles de desigualdad más altos, desde los años ‘90 ha conseguido rebajarla en muchos lugares.

La mala noticia es que está volviendo a subir en algunas naciones que la habían visto decaer en años recientes, tales como la Argentina, Brasil y México.

El impacto de la desigualdad se deja sentir tanto en el nivel nacional como en el nivel local y  personal.

La desigualdad no se trata sólo de la riqueza, el patrimonio neto, o de los ingresos y el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad, la vivienda o los servicios públicos.

Además, hay desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales.

La desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen más influencia sobre el proceso legislativo, lo que impide a otros grupos hacer que el sistema responda a sus necesidades. Esto lleva a distorsiones de políticas y socava el proceso democrático.

Los grupos más vulnerables de nuestra sociedad hoy están a “años luz” de los sectores más privilegiados, por lo que se hace difícil creer que puedan terminar dando resultado estas “buenas intenciones” de un acuerdo, sin que antes se empiecen a romper los vetustos paradigmas que los sectores más poderosos vienen imponiendo desde hace siglos.