La norma se cumplió durante unos meses, hasta que los vecinos comenzaron a denunciar una faltante de varios días, sin ningún tipo de justificación, algo que quedó en claro en la intimación que le hizo el juez al intendente Martínez.

Según pudo saber este medio, son 20 familias las que dejaron de recibir bidones en sus hogares, con el agravante que muchos vecinos son factores de riesgo por tratarse de pacientes oncológicos. Según pudo conocer este portal, desde el gobierno local aseguran que se compran "la misma cantidad de bidones todos los meses", pero que se habría limitado la entrega "porque algunos vecinos los venden". Vale aclarar que al respecto, no hay ninguna denuncia registrada.

Por eso, en el fallo de la justicia, no solo se ordenó que el municipio normalice la entrega de agua potable, sino que se amplió la medida para un barrio más. Así, el gobierno de Martínez deberá suministrar ahora a los barrios Villa Alicia, Luard Kayad, La Guarida y Santa Julia.

Pero, lejos de acatar la orden, el Ejecutivo local redobló la apuesta y radicó una denuncia a una vecina de uno de los barrios afectados, asegurando que realizaba una “demanda ilegal” de agua por estar fuera del área afectada, y animando a otros vecinos a reclamar por la entrega de bidones.

Según informó el medio local, Primera Plana, la vecina denunciada se trata Mercedes Atie, una reconocida docente de Pergamino y de “larga trayectoria con el servicio comunitario”. Para muchos, la jugada de Martínez quedó trunca y se profundizó la polémica.

Por eso, tal como se observa en la orden de la justicia federal, la decisión del intendente se dio de forma “unilateral, inmotivada e irrazonable”, que “sustancialmente hace tambalear el agravio que constituyó el fundamento de la apelación”.