Por: Redacción Semanario

Comunidades indígenas, Organizaciones y Asambleas de Pueblos Fumigados, Ecofeminismo, Consumidores y Consumidoras y emprendimientos de la Agricultura Familiar de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, se presentaron ante la justicia, para detener la liberación del Trigo Transgénico en dicha jurisdicción provincial. La causa quedó radicada en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil No 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata a cargo del Dr. Néstor Adrián Salas. Secretaria a cargo de la Dra. Florencia Vanina Piñeiro.

Se trata de una acción de amparo ambiental colectiva inédita – por su representatividad pluricultural -, para que se suspenda la liberación del Trigo Transgénico HB4 (con tolerancia a la sequía y el Glufosinato de Amonio) en todo  el territorio de la Provincia de Buenos Aires, y a su vez, cuestionar la omisión de la Autoridades Provinciales de actuar sobre la grave problemática de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), ignorando leyes provinciales y la propia Constitución local.

La acción judicial titulada “Un Trigo de Libertad” propone un nuevo enfoque del abordaje jurídico de la problemática de los OGM que hasta ahora se abordó exclusivamente desde la perspectiva del rechazo a los OGM y sólo contra al Estado Nacional.

Según especificaron los responsables de la presentación “en ésta acción se propone, por un lado, la defensa y protección de quienes forman parte del sistema agroalimentario y producen conforme al paradigma ambiental de la Constitución Nacional, ello es respetando los ciclos de la naturaleza y en armonía con la diversidad biológica y sin comprometer los bienes ambientales de las generaciones futuras, y por el otro, involucrar y responsabilizar a las provincias, que son las primeras deben velar por la diversidad biológica y el cuidado de los bienes ambientales, entre ellos los recursos genéticos”.

Advierten que “el actual régimen reglamentario de los OGM en Argentina, presenta un grave déficit federal”.

Por ello, la base argumental de la acción reposa en el reclamo de los emprendimientos agroecológicos, principalmente de producción de trigo agroecológico, que forman parte de la agricultura familiar, exhortando al Estado Provincial el reconocimiento de su derecho a ese cultivo al cual, el trigo transgénico le generaría una amenaza de daño irreparable.

A su vez, representantes de comunidades indígenas, organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, ecofeministas y de consumidores de la Provincia reclaman por el derecho a la salud, a un alimentación adecuada y la soberanía alimentaria, ya seriamente afectados por el modelo agroindustrial pero que con la liberación del trigo transgénico - materia alimentaria fundamental de la dieta diaria en nuestro país - , importa una situación de irreparabilidad que proyecta sus consecuencias hacia adelante de modo transgeneracional.

Sostienen que “de liberarse el trigo transgénico HB4, se perderían todas las variedades de trigo que se vienen adaptando y usando por muchos emprendimientos agroecológicos que cada vez son más, además de resentir gravemente  y hacer imposible dicha producción importantísima para la alimentación adecuada y la salud en tiempos de COVID-19”.

Monte Callado de Tandil, Fincas del Paraíso de Trenque Lauquen, La Permanencia de Bragado, La Semilla de Bolívar, Paititi de Sierras de los Padres, Tarpuy de General Alvarado, La Criolla de Mercedes, La Bonita de Saladillo, Finca Los Manantiales de Necochea, RESAPO de Mar del Plata, Tierra Fecunda de Marcos Paz  son los emprendimientos de la agricultura familiar y de producción de Trigo Agroecológico representativos en la acción judicial y de un modelo agroalimentario posible y necesario en esta sociedad que transitamos, con pandemia incluida y el aumento de la contaminación del agua, el aire, desertificación de los suelos y la pérdida de diversidad como consecuencia de la agricultura industrial química.

Se señala en la demanda que la Agroecología se trata de un sistema de agricultura en auge, que genera la producción de alimentos sanos y de mayor valor nutricional, respetando el ambiente y la diversidad biológica por su característica sustentabilidad ecosistémica, advirtiendo que todos los emprendimientos agroecológicos que forman parte de la acción judicial y los demás existentes en la provincia de Buenos Aires, de liberarse el Trigo HB4, les representaría abandonar sus proyectos de producción de Trigo Agroecológico ante el altísimo riesgo de contaminación genética.

También participan del frente actor de la demanda judicial, integrantes de comunidades originarias de la provincia, y asambleas y organizaciones de Pueblos Fumigados que se componen de vecinos y vecinas de distintas localidades que se han autoconvocado en los últimos 15 años para denunciar y reclamar ante los impactos que genera el modelo agroindustrial con los paquetes tecnológicos de semillas modificadas genéticamente y agroquímicos.

Se apunta en la presentación judicial que esos impactos en la salud se observan claramente en el aumento de los indicadores de enfermedades crónicas no transmisibles y la tasa de cáncer, los cuales, a su vez, se hacen evidentes e inocultables en la proliferación exponencial de centros oncológicos que se ha producido en la última década en cada pueblo de la provincia, atravesada por el modelo agroindustrial y que ahora se suma el agravante de aumentar el uso de venenos incorporando el glufosinato de amonio en el menú de opciones y nada más ni nada menos que en el trigo.

La acción judicial plantea la inconstitucionalidad por omisión del Gobierno Provincial en cumplir con la conformación y funcionamiento de una Comisión creada por la ley 12.822 para evaluar y emitir un informe interdisciplinario con participación social y de las universidades públicas en relación a los impactos de los OGM. 

Se indica que ese informe, al día de hoy, no es para saber de qué se trata los OGM; sino para poner sobre una mesa institucional los graves daños ocasionados que causan los OGM y avanzar en su prohibición absoluta en el territorio provincial,  daños que aunque observables empíricamente, se siguen ignorando por las autoridades y ocultando por las corporaciones del agronegocio.

Las preguntas que se realizan en la demanda apuntan a lo siguiente: ¿Se han hecho las suficientes pruebas con estos organismos, para no tener que arrepentirnos en un futuro cercano? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los diferentes países para evaluar su peligrosidad en el ecosistema y en la salud humana? ¿El Ministerio de Salud u otro organismo oficial ha certificado la inmunidad del ser humano a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs)? o ¿Se ha evaluado el riesgo sobre la salud humana o animal, como, por ejemplo, el peligro de resistencia a antibióticos? ¿Si la liberación de transgénicos, como actividad antrópica debe someterse a un estudio de impacto ambiental obligatorio? ¿Si la introducción de los transgénicos en Argentina está asimilada a partir de un debate público? o ¿es un simple concepto de innovación genética para cosechar mayores ganancias a través de patentes de algunos países?

Además, con el amparo judicial se presentan siete dictámenes en calidad de informaciones sumarias calificadas por profesionales especializados y con conocimientos de los riesgos que implican los OGM (más precisamente el Trigo HB4 y su agroquímico asociado, el Glufosinato de Amonio) que recomiendan al Juzgado actuante la no liberación del trigo Transgénico por representar un riesgo de daño grave a la salud humana y la biodiversidad con grave afectación de la soberanía alimentaria.