Por: Redacción Semanario

Tal vez una de las últimas personas que se ocupó del estado de las cárceles y los presos en la provincia de Buenos Aires, haya sido “Anita” Cafiero, esposa del ex gobernador Antonio y abuela del hoy Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago.

Fue ella, precisamente, quien en los ’90 visitaba las unidades penitenciarias de la provincia, por eso varias veces estuvo en las de Junín y promovió mejoras para los internos a través de distintas actividades.

Eran tiempos en que fiscales y jueces del departamento judicial del distrito visitaban, junto a la prensa, las instalaciones y anotaban meticulosamente la situación que era planteada por los internos además de inspeccionar las condiciones en que estaban alojados, aunque luego todo quedara en un mero trámite administrativo sin solución.

Y si en aquel momento había falencias pues eso empeoró y hoy las condiciones son vejatorias desde la mirada de los derechos humanos y un nido de corrupción en función de lo que acontece diariamente rejas hacia adentro.

Elementos secuestrados a los internos en la UP13. Las imágenes acompañan la denuncia judicial.

DENUNCIAS PERMANENTES

SEMANARIO se ha encargado de receptar varias denuncias referidas a actividades ligadas con la corrupción por parte de efectivos del servicio y autoridades de alto rango para hacer la “vista gorda” y beneficiar al “obligado hospedaje” de algunos internos.

Ahora, la fiscal Vanina Lisazo realizó un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N° 13 a partir de la denuncia efectuada por alguien que conocía la interna carcelaria.

SEMANARIO consiguió la denuncia y con sorpresa advirtió que la misma data de mediados de diciembre de 2020 y que recién el allanamiento se efectuó el jueves 4 de febrero de 2021.

La nota anónima contiene una nutrida información acompañada de elementos de prueba por parte –aparentemente- de efectivos del SPB que remarcaban que “la lealtad entendida como deber de defensa de las instituciones, debe ser considerada como el primer deber de los funcionarios públicos”.

Vale recordar que en mayo de 2019 este medio denunció una serie de hechos de corrupción en la UP 13 con asiento en Junín y en junio de 2020 asumió el prefecto mayor Jorge Maidana quien había sido removido del penal número 19 de Saavedra por una denuncia en su contra por abuso sexual.

Listado y datos de los teléfonos que están en manos de los presos. En total se contabilizaron 829 aparatos.

En la denuncia a la que tuve acceso este medio se explica que Maidana llegó con equipo propio a la UP 13 sin que la causa de acoso hiciera que fuera separado del cargo y precisamente fue denunciado por sus propios subalternos (algunos luego fueron relevados) por una serie de irregularidades en la conducción del penal sospechado de una fuerte connivencia con un grupo de internos, realizando apremios a los presos y familiares para lograr beneficios de “donación” a favor del penal y del mismo modo otros “beneficios” que serían parte de negociados que incluirían el ingreso a la cárcel de sustancias prohibidas.

Además, se acompaña una lista de 829 teléfonos en poder de los internos donde consta número, marca, color, compañía y DNI y nombre del usuario, además del pabellón en el que se encuentra.

Copia de la denuncia anónima que investiga la fiscalía a cargo de Vanina Lisazo.

Por otra parte, se habla de la “donación” de candados, la compra de luminarias y material de informática, como así también un grupo electrógeno por parte de los internos y sus familiares, la punta del ovillo para desentrañar una serie de negociados denunciados por personal del servicio. Parte de esos elementos fueron hallados por la fiscal, a pesar del tiempo transcurrido (ver foto).

Asimismo, en la denuncia se menciona con nombre y apellido a quienes se encargan del ingreso de drogas ilícitas y bebidas alcohólicas, por el sector de visitas.

Del mismo modo, se señala al jefe de penal, Luis Pirani, como responsable de ordenar al personal a su cargo de “no molestar” ni requisar de manera exhaustiva (encomiendas, celdas donde se alojan los internos mencionados y familiares de los mismos), como así también encomiendas depositadas por ex internos quienes mantienen comunicación con el jefe y subjefe del penal, con el conocimiento –indican- del Subdirector Jorge Fermanelli, quien fuera en su momento imputado por la UFIJ N°5 del Departamento Judicial Junín, bajo el N° de IPP 04-00-005046-14/00 caratulada “Severidades vejaciones y/o apremios ilegales a presos”.

Finalmente, se adjunta el audio de uno de los internos donde con detallada minuciosidad da cuenta de la violencia que ejercen los mismos presos, quienes en algunos casos tienen más poder que los propios jefes de los establecimientos penitenciarios a la hora de disponer mejoras o castigos para unos y otros, por encima del sistema en sí.

Por lo que resulta llamativo que alguien que fue acusado de apremios y vejaciones de internos sea el subdirector del área de Asistencia y Tratamiento de los internos.

¿Tanta escasez de personal parece tener el SPB que los funcionarios bajo sospecha y en medio de causas penales sigue cumpliendo funciones? ¿La justicia ordinaria avala estos procederes que no justificaría en los civiles?

PREOCUPANTE

La crisis humanitaria en las cárceles no fue resuelta por ningún gobierno. Todo lo contrario. El encarcelamiento aumentó en forma alarmante en los últimos años.

Como publicara oportunamente el periódico “La Izquierda Diario” a fines del año pasado, las condiciones inhumanas de detención, la falta de alimentos y atención médica, las torturas son parte de una larga cadena de violaciones a los derechos humanos que todos los días sufren las más de cien mil personas privadas de su libertad en el país.

Vale insistir en que el 50 % de esas personas están presas sin condena, por delitos contra la propiedad o venta de drogas al por menor, lo que muestra cómo el dicho popular es cierto: "las cárceles están llenas de pobres".

Precisamente, el último día de octubre del año pasado la gota colmó el vaso una vez más y rebalsó lo que venía siendo un problema serio que traía aparejado desde marzo la aparición de la pandemia. La respuesta fue represión y tortura, lo cual parece ser la “solución” propuesta por los gobiernos del color que sean.

Acción y reacción en forma sucesiva sin ninguna solución y sin objetivos a cumplir.