Por: Redacción Semanario

A seis años del primer “Ni una menos”, el gobierno nacional lanzó un importante programa que en el futuro podría tener base en nuestra ciudad, debido en particular a los hechos recientes de violencia de género en la región, tales como los de Rosa González en nuestro medio, Úrsula Bahillo en Rojas y el del Analía Maldonado en General Viamonte.

Se trata del programa “Acercar Derechos”, lanzado con el objetivo de dar respuestas integrales a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia por motivos de género.

La violencia de género es una forma de discriminación y el asesinato de una mujer por razones de género es la más cruel manifestación de la discriminación porque a los hombres no los matan por ser hombres, pero a las mujeres sí.

Como ya ha sido descripto desde estas páginas, el Departamento Judicial de Junín está surcado por una gran apatía para proveer justicia a las comunidades a partir de la desidia debido a inacciones que terminan generando la falta de magistrados, fiscales, cuerpo investigativo y personal para llevar adelante una tarea de modo eficiente.

“Acercar Derechos”, es una política de cercanía que buscará fortalecer el acceso a derechos y al sistema de Justicia con una perspectiva interseccional e intercultural. Entre los objetivos se encuentran el acompañamiento psicosocial, asesoramiento legal, facilitar la comprensión de los procesos judiciales, realizar presentaciones en expedientes en trámite, mitigar el impacto de las violencias en los ámbitos sociales y emocionales, facilitar el acceso a las distintas iniciativas del Estado y acompañar en la realización de diversos trámites y gestiones, lugares donde efectivamente se produce un “cuello de botella” y las víctimas terminan frustradas por no recibir una pronta atención a sus necesidades urgentes.

“Viene a dar respuesta a una demanda histórica, tener mayor territorialidad por parte de un ministerio que se creó hace un año y medio”, explicó Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género.

El programa integrará 80 equipos a nivel federal y se lanzó ayer con 25 funcionando, sumados a coordinadoras provinciales.

Según la conflictividad territorial, avanzarán con la ampliación de esos equipos y según trascendió extraoficialmente, uno de ellos tendría base en nuestro medio.

Buscarán que tenga un anclaje territorial, que permita recorrer las provincias y articular con áreas provinciales y municipales. “Lo que buscamos es que se fortalezcan las respuestas del Estado, a dar mecanismos y generar los procedimientos que sean necesarios”, dijo la funcionaria en una ronda con periodistas.

Así, la implementación será en etapas con un monitoreo y evaluación periódica “para saber dónde es necesario reforzar y con qué cantidad de equipos”, detalló Florencia Sotello, directora Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en casos de Violencia por Motivos de Género.

Son “equipos pensados desde una lógica de movilidad. Que no sean las mujeres las que tienen que acercarse, sino que también se pueda hacer a la inversa. Va a existir una sede, pero va a haber mails y el whatsapp de la línea 144 para poder hacer una bajada más ordenada de las situaciones que ingresan”, agregó.

La idea, sostuvo Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, es “que los equipos estén en los lugares donde están las personas en situación de violencia de género. Que se dé respuesta y se vayan construyendo articulaciones entre los distintos niveles del Estado para poder dar respuesta” porque “nunca la salida de una situación de violencia de género es individual, es colectiva”.

El objetivo es que el Estado “acompañe el acceso a derechos y el servicio de administración de Justicia” porque “las dificultades están vinculadas a que las personas atraviesan el proceso muchas veces en soledad, sin el acompañamiento del Estado”, dijo Malacalza. Así, se buscará que la persona en situación de violencia por motivos de género sepa en qué consiste el proceso judicial, cuáles son los obstáculos y qué pueden esperar de él. “La idea es que los equipos jamás busquen la revictimización”, apuntó Kelly.

Además, apuntarán a enfocar la garantía de otros derechos como son el cuidado de niños y niñas, el acceso a una vivienda o programas de desarrollo social, porque la Justicia es “uno de los derechos fundamentales, pero no el único que está vulnerado frente a situaciones de violencia de género”.