El cierre de clínicas privadas en distintos municipios del Conurbano bonaerense alertaron desde la Cámara de Prestadores del Conurbano (CAPRESCO). Según indicaron, se trata de centros de salud privados que trabajan mayoritariamente con pacientes de PAMI y IOMA. En el último año cerraron 12 y hay varias más en crisis. Las causas, según manifiestan, son la baja de ingresos por la suspensión de tratamientos tradicionales, los costos COVID y la no actualización de los pagos de Obras Sociales y Prepagas.

“La mayor parte de la medicación de alto costo, y mucho más ahora que hay faltante, hay que abonarla a los laboratorios en efectivo, a los 30 días, y a nosotros las obras sociales nos pagan a los 90 días. En ese período suben los valores de los medicamentos, por eso las clínicas se están fundiendo, no porque están vacías, sino por estar llenas”, explicó Gerardo Figueroa, el presidente de la CAPRESCO.

La ocupación de camas en de terapia intensiva viene en descenso, al igual que los casos positivos diarios de COVID. Sin embargo, frente a los aumentos de sueldos del personal y los aumentos de costos de hasta 1300% de algunos medicamentos la situación financiera de las clínicas es desesperante.

"Nosotros cobramos por consulta menos de lo que vale una pizza", gráfica Figueroa y agrega "todos los ámbitos laborales y profesionales se vieron repensados durante la pandemia y ya se evalúa cómo va a ser la vida cuando la vacunación se extienda. Pero nadie pensó en el sistema de salud. En lo herido que queda su personal, sus instituciones y sus empresarios. Necesitamos que el Estado proteja al sistema de salud, porque para nosotros el stress va a seguir aun sin pandemia. Venimos de años de atraso de tratamientos y consultas. Es una bomba que va a explotar y lo único que pedimos es que nos ayuden a estar preparados".

DESDE SUPTTIOMA

El gremio de profesionales técnicos de IOMA, SUPTTIOMA, también emitió su opinión sobre la situación.

“La actual conducción, con un conflictuado Homero esta llevando a la quiebra a los prestadores y a la Obra social. Incorporación masiva de militantes, sin experiencia profesional. Auditorias tercerizadas (con convenios espurios con la UTN). Persecución laboral. Mala calidad de prestaciones, con aumento del gasto. Sueldos exorbitantes a gran cantidad de militantes nombrados como asesores, dinero que se saca del sueldo de sus empleados que cobran haberes de pobreza.  Vacunas para pocos, mientras otros engloban los ya casi 100000 fallecidos por la Pandemia. Ahora el propósito seria un plan Único de Salud. Pero se olvidan que no son dueños del IOMA, la obra social es de los empleados estatales (que incluye a sus empleados) y de los afiliados voluntarios. No lo vamos a permitir.  Porque todos somos el Estado, y este país es de todos, no de unos pocos”, señaló su titular, Idelmar Seillant.