La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) consideró "injusta e ilegítima" la conciliación obligatoria dispuesta hoy por el Ministerio de Trabajo y lanzó un paro nacional de la actividad y movilización para el próximo 4 de agosto.

"Vamos a realizar el Paro Nacional de actividades por 24 horas para el próximo día miércoles 4 de agosto y lo vamos a acompañar con una Gran Marcha Nacional por las calles de la ciudad de Buenos Aires, para que todos puedan comprender la justicia de nuestro reclamo y acompañar a todos los trabajadores de la Sanidad en su lucha", señala un comunicado, que lleva las firmas de Héctor Daer y Carlos West Ocampo.

Tras cuestionar la medida adoptada por el Gobierno, el gremio de la Sanidad destaca que "no es posible impedir la realización de medidas de fuerza, cuya única finalidad es conseguir la actualización de los salarios básicos de todos los compañeros del Sector Asistencial, cuando hace más de dos meses que nos encontramos negociando de buena fe y los empresarios se niegan a formular una propuesta".

En ese sentido, el sindicato advirtió que la Resolución del Ministerio "no hace más que dilatar la solución de un conflicto salarial". Y en tono enérgico anticipó: "Vamos a seguir presionando y vamos a potenciar las medidas de acción sindical".

La piedra de escándalo fue la Disposición 316 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Allí, la directora Gabriela Adriana Marcello dispone la prórroga de la conciliación obligatoria en el conflicto entre las prestadoras de salud y el gremio de la sanidad, desde las 00:00 del 28 de julio y por el término de cinco días, según lo establecido en la Disposición 304 de esa dependencia con fecha 30 de junio de 2021.

ANTECEDENTES

El conflicto se desencadenó tras el pedido de ajuste del 45% en los salarios de los trabajadores de la salud, enfermeros, camilleros, administrativos y demás personal del sector Salud, en el contexto de una inflación anual que ya orilla el 50%.

Desde las prestadoras señalan que sin actualización de aranceles por parte de prepagas y PAMI, esto es los financiadores, es imposible asumir ese costo adicional.

La medicina prepaga, en tanto, pide un ajuste en las cuotas mensuales, que por el momento el Gobierno se niega a convalidar, mientras los asociados temen por un salto en los valores de las cuotas, que no puedan afrontar en medio de la caída del poder adquisitivo.

Es un combo explosivo que el Gobierno, por el momento, no logra desactivar y tampoco puede encaminar la negociación entre las partes.