En tiempos donde el debate por la cuestión medioambiental ocupa la agenda global con la Cumbre del Clima en Glasgow, hace unos pocos días atrás, se produjo un hecho que podría ser un punto de inflexión y marcar un cambio profundo en nuestro país. La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), apoyados por organizaciones como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, presentaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases y envases post consumo.

La presentación de la iniciativa se acompañó con una jornada federal de concentraciones en casi 20 provincias, en la que cientos de cartoneros y cartoneras organizadas se dieron cita en las plazas principales de sus ciudades para visibilizar el trabajo que hacen diariamente en los centros verdes y cooperativas.

En Junín, el Movimiento de Trabajadores Excluidos contó con más de 50 representantes, se concentró en la Plaza 25 de Mayo para acompañar la presentación del proyecto y para realizar además, una jornada de información y concientización, en el marco de una ley que busca que las empresas se hagan cargo del costo de reciclado de los envases que introducen en el mercado y fortalecer el trabajo del sector.

La Ley de Envases con inclusión social tiene por objetivo principal establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los envases y envases post consumo en todo el territorio nacional, a fin de prevenir y disminuir el impacto que generan sobre el medio ambiente y la salud de las personas. De esta forma, declara que los servicios de gestión de los envases, son servicios públicos esenciales.

El proyecto, que se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos fue elaborado por el Ministerio de Ambiente e impulsado desde el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente Alberto Fernández.

La iniciativa propone que sean las empresas que elaboran productos envasados las que se hagan cargo del costo del reciclado de esos envases que colocan en el mercado, generando un fondo que estará destinado a mejorar las condiciones de trabajo de las y los cartoneros.

LEY AMBIENTAL

Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, destacó que "se trata de una ley ambiental, similar a la que ya existe en otros países, que plantea la responsabilidad extendida del productor. O sea, es el productor el responsable del envase que utiliza hasta que se convierte en residuo, y puede ser reintegrado al circuito productivo". Para esto, el proyecto establece el pago de una tasa por parte del productor -hasta del 3 por ciento del valor del producto, de acuerdo a diversas variables, entre ellas cuán reciclable es el envase- y el fondo obtenido se destinaría a fortalecer las cooperativas de cartoneros, crear más plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, abaratar la logística y comercialización, y sacar a más cartoneros de la informalidad. 

Federovisky dijo que “mientras tenemos residuos en cantidades industriales que terminan en basurales a cielo abierto, o en el mejor de los casos en un relleno sanitario, los industriales importan ingentes cantidades de residuos para ser utilizados como insumos industriales que debieran poder ser obtenidos en Argentina”. También explicó que el proyecto tiene como eje central a los recuperadores urbanos, “cuya dignificación laboral tiene que ser condición esencial para ese sistema”.

El proyecto, contempla además la necesidad de cerrar brechas, y apunta a reparar o a impulsar una actividad que va a generar mucho empleo y dignidad a los trabajadores y trabajadoras del reciclado. De lograrse la sanción de dicha ley, se podrá “transformar la subjetividad de muchos argentinos y argentinas que van a empezar a ver la necesidad de entrar en una cosmovisión donde las personas no sean más descartadas”, agregó el Viceministro.

Mientras en materia de gestión integral de residuos, el país avanza con la construcción de centros ambientales en Quilmes, Moreno, Valle de Uco-Mendoza, Chascomús, Concordia, Formosa, Villa María y Luján, también apunta a recuperar el terreno perdido a nivel crediticio en la materia.

Durante la gestión pasada, se usó solo el 20% del crédito BID que se había gestionado en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para el tratamiento de los residuos, pero que la gestión de Macri no utilizó.

Si finalmente el proyecto se convierte en ley, implicará la implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado, con incentivos a quienes los realicen con materiales reciclables. La particularidad del proyecto es que propone la integración prioritaria en la cadena de gestión de los residuos a las y los trabajadores cartoneros y recicladores, y vuelve a poner en agenda el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que está presente en la Ley General del Ambiente, que establece que “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición”.

El proyecto es de particular interés para Junín ya que permite que las personas que viven del reciclado de estos materiales en basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios o en la calle misma en condiciones indignas e insalubres mejoren su trabajo y que se establezca la recolección diferenciada como servicio brindado por ellos.

Además, este dinero va ayudar a que puedan acondicionar el material recolectado en plantas de reciclaje para su comercialización, ambientalmente, disminuiría la contaminación por entierro, extendería la vida útil de los rellenos sanitarios, reduciría la quema de envases y la extracción de materias primas.

El espíritu de la ley encierra, además, algo superior: deja de negar la realidad y asume la existencia de un sujeto que trabaja en el reciclado y la importancia de ese reciclado. Es hora de arrancar, de ser inteligentes, solidarios, generosos y ser mejores personas. De cambiar de paradigma para que todos podamos tener una vida mejor.