En un nuevo caso de violencia institucional sacude a la provincia de Buenos Aires y vuelve a poner en tela de juicio el accionar de la Policía Bonaerense. La muerte de un hombre de 35 años en una comisaría de San Clemente del Tuyú, quien había sido detenido con una contravención y la aprehensión de 9 policías sospechados de asesinar y encubrir el crimen, provocó un cimbronazo a nivel político.

En ese marco, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional y la Dirección de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro, decidió tomar intervención en la causa judicial donde se investiga el homicidio de Alejandro Nicolás Martínez.

Desde la dependencia que conduce Matías Moreno, se indicó que la subsecretaría “puso a disposición de su familia, con quien ya se ha mantenido las primeras comunicaciones, al Equipo de Acompañamiento de la Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad brindando asesoramiento, orientación y contención para afrontar su pérdida y acompañarlos durante el proceso judicial que se lleva adelante”.

Al tratarse de una muerte en contexto de encierro “que podría ser causada por actos u omisiones de agentes del Estado en violación a la obligación de respetar el derecho a la vida, se solicitó ante la Fiscalía el pleno cumplimiento de la normativa referida a la violencia institucional, y se ajuste la actuación fiscal a los principios que garanticen el estándar máximo en materia de Derechos Humanos” agregaron.

En ese contexto, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia fue informada de la aprehensión de 9 agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo la caratula de “Homicidio”, encontrándose interviniendo la Policía Federal Argentina como auxiliar de la justicia.

Asimismo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, tomó contacto con la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que dispuso “la desafectación de servicio de los agentes involucrados".

Los hechos son investigados por la UFI N° 11, Descentralizada de Mar de Ajó a cargo del Dr. Pablo Gastón Gamaleri, del Departamento Judicial de Dolores.