Recientemente, salió a la luz la posibilidad de un nuevo rescate para Sancor, a partir de la posible constitución de un fideicomiso financiado por la banca estatal, con directivos del sindicato y un consorcio entre Urtubey (de Celulosa), Figueiras (Laboratorio Richmond), y un grupo empresario vinculado al sector. Lamentablemente, esta película ya la vimos.

Desde 2017 se suceden infructuosas promesas de recomposición para SANCOR, mientras se degradan a paso firme las condiciones materiales de los trabajadores. En el camino, se acumulan deudas impagables, no solo con proveedores sino también, y sobre todo, con el propio personal.

Repasemos cómo llegamos a esta situación. En el balance cerrado a mediados de 2016, la empresa reconoció que tenía un patrimonio neto negativo y una deuda financiera superior a lo que serían hoy 20 mil millones de pesos. Como manotazo de ahogado, las autoridades utilizaron diversas estrategias para subsistir. Por un lado, la constitución de fideicomisos hipotecando activos e ingresos futuros en el mercado interno y externo. Por otro, venta de marcas y plantas (como el negocio de productos frescos). Además, recibieron apoyo público por la vía del programa FONDEAR, aproximadamente por lo que serían hoy 2 mil millones de pesos.

Claro que esto no fue suficiente. Al mismo tiempo, procedió a reducir su operatoria por la vía de venta o cierre de usinas y, sobre todo, por el brutal ajuste sobre los trabajadores de la empresa. Sobre el primero de los puntos, en cinco años se redujo a solo seis plantas: Charlone y Pozo del Molle (Córdoba) junto a Centeno (Santa Fe) fueron cerradas. Arenaza (Buenos Aires) y Córdoba (ciudad), se vendieron al Grupo Vicentín; lo mismo que más adelante el 10% que retuvo del negocio de yogures y postres. Por último, Chivilcoy (Buenos Aires) y Morteros (Córdoba) pasaron a Adecoagro, con la marca Las Tres Niñas y Angelita. Solo conservó Sunchales, Gálvez y San Guillermo (Santa Fe), Balnearia, Devoto y La Carlota (Córdoba).

De los ocho centros de distribución, solo se quedó con el de Buenos Aires. De esta manera, pasó de procesar casi 5 millones de litros de leche diarios a apenas 600 mil, poco más de una décima parte. Por otro lado, en ese lapso debió realizar acuerdos con innumerable cantidad de acreedores y con el fisco por abultadas deudas de cargas sociales y aportes previsionales, entre otras. 

Pero las medidas más severas se dieron sobre el plantel. Sancor contaba en 2017 con más de 5.000 trabajadores directos; hoy, el sindicato contabiliza 1.450 bajo convenio (y otros 300 fuera de CCT).

En este lapso, los que permanecieron como empleados de la firma fueron sufriendo distintos ataques: obligados a tomar retiros anticipados o a renunciar con indemnizaciones que apenas alcanzaban el 50% de lo que les correspondía y pagadas en 18 cuotas y, en menor medida, despido directo. El resto de los empleados que tienen la “fortuna” de continuar trabajando, deben cargar con el retaceo que se les hace para reconocer los aumentos conseguidos en paritarias por los trabajadores de toda la actividad. O, con la complicidad de ATILRA que acompañó el argumento patronal, el descuento entre abril de 2018 y de 2019 del equivalente al 15% de los salarios.

En este último caso, el compromiso firmado entre el sindicato y Sancor indicaba que el monto de esta suerte de aporte forzoso se reintegraría actualizado por inflación en el lapso de un año. Pero nunca se realizó en ese plazo. Como contrapartida, recién el año pasado se hizo una oferta para cancelarlo, aunque en especie. Es decir, mediante la entrega de un cupo limitado de productos lácteos por mes.

Para finalizar, durante los últimos meses de 2019, las tareas de administración se centralizaron en Sunchales (Santa Fe). En ese entonces, se aplicó a cientos de empleados que quedaban en funciones el régimen de “Jornada Liberada”, un tecnicismo para denominar a las suspensiones. Esta medida se hizo bajo el paraguas del acuerdo que firmó el gobierno (mediante la Secretaría de Trabajo y Empleo) y el sindicato en 2018.

Por este compromiso, Sancor podría suspender trabajadores por un lapso de 15 a 30 días, según las tareas de cada empleado. En el lapso de suspensión, se percibirían tres cuartas partes del salario sin aportes ni Obra Social. Tanto ATILRA como Sancor se excusaron en que la medida era necesaria para no despedir, y que sería aplicada a todo el personal por igual. Nuevamente, no se cumplió: en breve, esta herramienta sirvió para que la empresa aplicara premios o castigos a los trabajadores.  

En resumidas cuentas, el ajuste sobre los laburantes continúa. Difícilmente, bajo estas condiciones, pueda ser de otra manera.

El sector presenta dificultades, que afectaron los balances de importantes firmas lácteas en años recientes. Los indicadores de producción y consumo arrojan indicios: un mercado doméstico saturado que crece solo en términos vegetativos; una producción estancada desde 2008 con una capacidad utilizada por debajo de la mitad de la instalada; y unas exportaciones que, a pesar de una leve recuperación en el último año, no recuperan el techo de 2011-13 justo antes del desplome del mercado venezolano.

El de Sancor es el caso más crítico de este panorama. El brutal ajuste que reseñamos, con la venta de activos y la carga sobre los trabajadores vía suspensiones, caída salarial y otras medidas, no parece ser suficiente. En este marco, la promesa de un nuevo salvataje suena a más de lo mismo. Bajo estas condiciones de la actividad, y en el estado actual de Sancor, el plan no parece ofrecer mejoras a los trabajadores sino la continuidad de la racionalización y el achicamiento de la firma.

Sancor solo tendría viabilidad, en términos progresivos para sus trabajadores, si la empresa es estatizada bajo el control de sus operarios y puesta a producir a tope con fines que contemplen la utilidad social (en un país con aproximadamente seis millones de niños en la pobreza y con severas carencias alimenticias). Como corolario, ello podría llevar al aumento de la productividad, a la mejora de los costos, y a la chance de expandir nuevamente sus exportaciones. Va de suyo que, en el mediano plazo, esta política solo sería sustentable si se erige en puntapié de una reestructuración concentrada de toda la rama y de la economía en su conjunto.