Mientras que los alimentos sanos y sin tóxicos hay que etiquetarlos, los que son rociados con agrotóxicos se venden como "normales" en las góndolas del súper y no es preciso declararlo en ninguna etiqueta. ¿Quién se beneficia de esta acción? Las diez trasnacionales que controlan el 90% de la venta de agrotóxicos a nivel mundial, de las cuales Syngenta, Bayer, Basf, Monsanto, Dow y DuPont son las mayores. Todas marcas conocidas, las mismas que controlan el ciento por ciento de las semillas transgénicas.

En muchos países que cultivan soja transgénica, tuvieron que cambiar las leyes de salud para no convertirse en alimentos ilegales, por ser riesgoso su consumo.

El cultivo de transgénicos precisó del mayor uso del herbicida glifosato en la historia de la agricultura. Como su uso es tan intenso, terminó por provocar resistencia en las plagas que dice combatir, encontrándose más de 20 hierbas invasoras que se hicieron inmunes.

En Argentina, algunos pueblos de varias provincias se han manifestado contra la fumigación aérea y terrestre de las zonas de cultivos transgénicos, situación relacionada al aumento de casos de cáncer y diversas alergias y otras enfermedades graves.

Nuestro país tuvo el primer juicio contra la fumigación de soja transgénica en Ituzaingó, Córdoba, por las enfermedades y contaminación que se han demostrado. Para las Madres de Ituzaingó el fallo fue “un golpe”, pero los abogados lo valorizaron como inédito y si bien la Justicia determinó que las fumigaciones son delito y tienen condena, nadie terminó preso. En diciembre de 2008, y luego de una presentación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, la Justicia prohibió utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros del barrio Ituzaingó Anexo y, si las fumigaciones eran aéreas, la distancia mínima debía ser de 1500 metros.

“El modelo de producción agropecuaria basado en el uso masivo de agrotóxicos tiene efectos sobre el ambiente en general y sobre los cuerpos que habitan también en los ámbitos urbanos”, fue uno de los ejes al que apuntó la campaña ‘Basta de Venenos’, en el marco del Día Mundial de Lucha Contra los Agrotóxicos, el 3 de diciembre pasado. “Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos”, planteó el colectivo integrado por múltiples organizaciones, que convocaron a manifestarse frente al Congreso.    

“¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo?”, preguntó el actor Leonardo Sbaraglia. La reacción de los sectores que defienden el ‘statu quo’ en el campo no tardó en llegar.

Luego que la campaña alertara sobre los riesgos del uso de agrotóxicos, distintas entidades agropecuarias como la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) manifestaron su rechazo a la iniciativa. “La producción agropecuaria no es ficción”, criticaron mediante un comunicado. “Nos preocupan los impactos negativos y la desinformación que generan las iniciativas que hoy circulan y que no pasan ni por el tamiz de la ciencia aceptada, ni por la realidad del sector agropecuario”, comunicó la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Con su lema #ElCampoHaceBien, la entidad, conformada por 95 organizaciones públicas y privadas de todo el país, destacó que juntos “promueven el cuidado de las personas y del ambiente” con el fin de mejorar los sistemas de producción de alimentos en nuestro país.

Otro que levantó la voz fue el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, que escribió: “Engañan a la gente con golpes bajos y desprecian el laburo de miles de científicos que aprueban nuestros productos después de muchos años de testeos. ¿Será que pronto los veremos haciendo campaña anti vacunas también? ¿Les interesa el hambre y el desarrollo? #Bastadevenenofakes”.

 

FUMIGACIÓN A FULL

 

Argentina es uno de los países más fumigados del mundo. De acuerdo a los datos difundidos desde la campaña, en los últimos 25 años el uso de agrotóxicos se incrementó un 1200%. Eso se traduce en la tasa más alta del mundo: 12 litros por habitante, por año. Es un número escalofriante que se suma a otros guarismos. Entre otros récords locales, el país figura entre los diez más deforestados.

Las fumigaciones que afectan en lo cotidiano a pueblos y comunidades rurales y semi-urbanas llegan a ser noticias algunas veces y SEMANARIO ha sido uno de los pocos medios que se ha animado a denunciar acerca del incumplimiento de las normas vigentes.

EL DEBATE QUE FALTA

Hay leyes provinciales e innumerables ordenanzas locales, por ejemplo, más de 70 en 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que regulan su uso.

“En el caso de Junín, para mencionar un solo ejemplo, existe una Ordenanza desde el 2013, que se activó en el 2015 y que se debatió en distintos ámbitos. Además, se presentó abiertamente en todos los pueblos que integran el Partido. Se difundió por todos los medios de comunicación, se realizan varios cursos para operarios de equipos de pulverización al año y se cuenta con un equipo profesional destinado a su funcionamiento y control. Aun así, resulta insuficiente para la salud poblacional y el incumplimiento es constante”.

Sin embargo, hay una suerte de negacionismo respecto a los daños a la biodiversidad. “Pareciera que los verdaderos ‘vendepatria’ son los que atacan al país federal, al corazón del país profundo, en detrimento de la producción agropecuaria y de la generación de divisas, que tan necesarias son por cierto. Triste es esta discusión de quienes atacan, que solo se basan en intereses políticos vernáculos, en ideas europeas y en el desconocimiento”,  aseguró en estas páginas alguna vez el ingeniero agrónomo y especialista en Gestión Ambiental en Sistemas Agropecuarios. Matías Senigagliese. 

CASO TANDIL

En Tandil, el Concejo Deliberante habilitó las fumigaciones de modo discrecional y ahora les piden una audiencia pública. Mientras los vecinos de Junín esperan que los nuevos concejales se tomen en serio las denuncias por fumigaciones en los sitios poblados, en en el distrito del sudeste se movilizaron fuertemente para poner freno al abuso del Ejecutivo y los concejales de Juntos, similares a los locales que pretenden aprobar un proyecto para ordenar las fumigaciones más permisivo aún y “venenoso” que el que actualmente está habilitado en nuestro distrito y que data de 2013.

Además, los vecinos advirtieron a los ediles que no convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Comienzan a visibilizarse alternativas y ya no todos creen que este modelo de producción sea el único posible. Es clave seguir dando la discusión acerca de la prohibición de prácticas como las fumigaciones aéreas o el almacenamiento de productos químicos en áreas urbanas, o los 1500 metros de distancia como mínimo, así como resguardar viviendas, cursos de agua. Es fundamental volver a poner sobre la mesa las condiciones mínimas indispensables para asegurar el mayor resguardo posible ante la aplicación indiscriminada y sin control de este tipo de productos.

El debate legislativo pendiente aún debe incorporar un régimen penal ambiental que penalice estas conductas y que nos aseguren una vida más saludable y sin ninguna duda acerca de los perjuicios de las prácticas sobre la tierra y lo que comemos.