Mucho se habla de la “corrupción” en los ámbitos políticos, pero poco y nada se hacen cargo del tema en los ámbitos privados.

En la Argentina, el ‘dedo acusador’ funciona de maravillas, pero a la hora de asumir responsabilidades, se mira para otro lado.

Justamente el VI Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), dejó varias definiciones y muchos interrogantes. Entre ellos, el que planteó Mariana Neustadt, de la AAEC: ¿Por qué a casi 4 años de sancionada la esperada ley de responsabilidad penal empresaria, no hay ningún caso bajo su órbita? Desconfianza, temor, falta de garantías son algunas de las respuestas que se esbozaron.

SEMANARIO consultó al exfiscal Javier Ochoaizpuro, especialista en la materia y profesor de un posgrado al respecto en la UNNOBA.

El compliance o cumplimiento normativo comenzó a aplicarse hace unos años en empresas vinculadas al sector económico financiero, pero en la actualidad se ha extendido su práctica a otros rubros por significar una nueva oportunidad en la elaboración de estrategias que faciliten la detección temprana de riesgos a la hora de protegerse de las posibles sanciones contempladas en el marco normativo mundial y local.

Las coimas, los retornos y las distintas prácticas que nacen de la relación Estado-Privados, forman parte de los comentarios críticos corrientes pero hay u avance lento para desterrarlas, a pesar de la legislación que

Por ese motivo, cuando se habla de “incumplimiento empresario”, habría que empezar a tomar las cosas con mayor seriedad para no caer en la persistente frase de “hecha la ley, hecha la trampa” que nos termina identificando como una “Marca país”.

Desde del 1° de marzo de 2018 entró en vigencia la Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. A partir de su sanción, la empresa como tal, es decir, su persona jurídica, puede ser penalizada en caso de corrupción pública privada con multas de dos a cinco veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener, además de la prohibición de presentarse a futuras licitaciones y, en caso extremo, puede llegar a perder su personería. Pero la ley va más allá e intenta establecer un esquema de prevención, promoviendo el control de las buenas prácticas a través de un efectivo programa de compliance. Si es sólido, y a pesar de ello hubo corrupción, hay atenuantes en las penas siempre y cuando haya colaboración para esclarecer los hechos, y, además se haya devuelto el beneficio indebido.

El fiscal Carlos Rívolo, uno de los disertantes en el congreso y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios, quien cursó la Certificación Internacional en Ética y Compliance que realiza la AAEC junto con la Universidad del CEMA, le dijo a la prensa al respecto que “ninguna empresa ha decidido dar el paso adelante. Es una gran ley para países que funcionan de una manera superlativa en todo su movimiento comercial, y no es nuestro caso en este momento”.

¿Qué sucede si una persona o empresa quiere denunciar corrupción en la Argentina? “Si te piden un retorno, se debe concurrir a una fiscalía para hacer una denuncia”, dijo Rívolo. “Por mas criticada que es la Justicia, todos los días hay denuncias, no de corrupción, pero los caminos están abiertos”.

LA MIRADA LOCAL

Javier Ochoaizpuro, quien fue fiscal del fuero penal en el departamento judicial de Junín y profesor en Derecho Penal, dirige la diplomatura Universitaria de Posgrado en Compliance y gestión de la anticorrupción, en la UNNOBA, y participó del congreso llevado a cabo recientemente.

En diálogo con SEMANARIO destacó la calidad de los expositores, entre ellos el periodista Diego Cabot que llevó adelante la denuncia en la “Causa de los Cuadernos” y Hugo Alconada Mon, quien se abocó a temas como los “Panamá papers”. También hubo referencias a los casos de Odebrecht, la constructora brasileña envuelta en un gigantesco caso de coimas y responsable del soterramiento del tren Sarmiento, una megaobra que luego quedó prácticamente en el abandono.

Ochoaizpuro dijo que Rívolo “dejó al descubierto, algo que ya veíamos los profesionales cuando llevé a cabo las capacitaciones y certificaciones en estos temas y que es la falta de funcionarios y magistrados especializados en anticorrupción”.

El ex fiscal advirtió que “hay un vacío de profesionales que puedan llevar adelante estas investigaciones” y añadió que la “Word Compliance Association que es la otra organización mundial que nuclea a los especialistas, puso en marcha ahora una ‘Escuela de peritos en Compliance’ en la que me han invitado a participar, para poder colaborar con la investigación de las causas. Por lo que creo que puedo dar una mirada particular desde el desarrollo de mi tarea como fiscal y sumada la especialización en compliance”.

Respecto a investigaciones anticorrupción que lleven a cabo las empresas privadas, dijo que “hay algunas causas recién en etapa preliminar, relacionado precisamente con la falta de investigadores capacitados y por otra parte en el caso de las empresas la falta de la ‘autodenuncia’ como lo expresa la ley, cuando detectan alguna irregularidad”.

Ochoaizpuro hizo hincapié en que “esto está vinculado a la credibilidad de una empresa en materia comercial y a veces hay que evitar que avancen situaciones que luego perjudican una trayectoria por no haber cumplido precisamente con las normativas legales y ponen en riesgo la reputación de las compañías”.

Añadió que “como lo plantea la ley, hay tres requisitos obligatorios para un plan de integridad de las empresas: La existencia de un código de ética, la existencia de procesos que permitan controlar la corrupción en materia de concursos y licitaciones y las capacitaciones periódicas”.

Sostuvo, además, que “hay requisitos opcionales como son los canales de denuncias que están abiertos para los propios empleados, como así para terceros. La exigencia para que la empresa se autodenuncie considero que es necesaria cuando llega a punto en la que deba ser sancionada y actualmente hay un par de investigaciones en curso que probablemente el año que viene pueda haber alguna novedad, ya que las empresas están cumpliendo con la tarea que marca la ley”.

Finalmente, Ochoaizpuro opinó que “en esta etapa inicial la ley ha demostrado ser buena ya que contempla todas las opciones para luchar contra la corrupción”. Admitió que “el proceso es lento pero igualmente ya hay investigaciones en curso. Se esperaba mayor celeridad, pero esta cultura de transparencia que impulsa el mundo genera que se den al menos algunos pasos en nuestro país. Tal vez la falta de recursos no permite dar la calidad que se esperaba, pero tengo expectativas de que el año próximo habrá mayores manifestaciones sobre el tema”, concluyó.