En la sesión del martes pasado, el oficialismo terminó aprobando un polémico proyecto por el cual el intendente a fines del año pasado se declaró incompetente para solucionar la cuestión desde la órbita municipal. El hecho provocó la reacción de los ambientalistas a través de las redes sociales y en estas horas podrían presentar algún comunicado o denuncia ante la justicia.

Se trata del control de las fumigaciones con agrotóxicos en las franjas verdes, declaradas por una ordenanza 6425 del año 2013 y cuyo incumplimiento y laxitud viene afectando la salud de los vecinos.

En lugar de poner más inspectores (durante seis años hubo uno sólo y ahora sumaron otro más) desde la comuna tomaron la iniciativa de que sea la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín quien haga los controles y cobre los honorarios. Pero si detecta una irregularidad debe llamar a personal municipal para que labre el acta, lo cual aporta poco y nada a la solución, pero sí genera mayor gasto porque los profesionales cobrarán honorarios por cada salida, lo cual significará más gastos del erario que es la “vaquita” que ponen los vecinos a través de las tasas. En tanto la tarea final la terminarán haciendo los trabajadores municipales. ¿Cuál es la ventaja?

Además, hay que considerar que son los agrónomos los que además les cobran a los productores agrícolas por extender las recetas agronómicas que son obligatorias extender por ordenanza y que indican qué tipo de producto están utilizando y si éste es de uso en “banda verde”.

Por lo tanto, los agrónomos que extienden la receta serán los que deberán “autocontrolar” que todo esté bien. Lo cual resulta al menos inentendible, respecto al papel que cumplen a la hora de velar en resguardo de la salud poblacional.

Sin embargo y según informaciones “sottovoce” que circularon en el Concejo, la conveniencia de esta solución se relacionaría con la “íntima relación” que existe entre funcionarios petrequistas y agrónomos pertenecientes a la asociación.

Según trascendió, la conducción de esta organización sería prácticamente una usina partidaria de Juntos por el Cambio juninense, espacio político que casualmente votó afirmativamente en el Concejo el proyecto que los favorece.

Tal es así, que los cargos más importantes en el partido son ocupados por familiares directos de funcionarios del intendente Pablo Petrecca y de concejales, como así también de candidatos que participaron en la última elección de autoridades a nivel nacional, provincial y local.

Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín es Aimar Pena, casualmente, expareja de la concejal (JxC) Melina Fiel y la principal vocera que tiene Petrecca en el órgano deliberativo, conocida por mencionar que era profesora de Historia, cuando no había terminado su carrera.

El vicepresidente de los profesionales de la agronomía es Fabricio Navone, primo hermano de Lisandro Benito, subsecretario de Legal y Técnica del Municipio, exconcejal y varias veces candidato.

El secretario de la asociación es Leandro Fariña, quien fue candidato a concejal por “Juntos por el Cambio” en las últimas elecciones llevadas a cabo en el año 2021.

Mientras que el prosecretario es Bernardo Rosenthal, esposo de Cecilia Miguel, hija del exintendente Abel Miguel, y quien fuera candidata a concejal por Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas del año pasado.

Por lo cual, lo que podría haberse solucionado con un plantel de inspectores y la presentación de un proyecto bien escrito, mejor evaluado y preferentemente sin tachaduras tal como correspondería en defensa de un ámbito tan sensible para el cuidado de la salud poblacional y el ambiente del distrito, termina en un sospechoso y presunto contubernio entre una asociación respetable y funcionarios que demuestran en cada caso, su falta de ética ya sea por error u omisión.