Mucho, poquito, nada. Escasez, abundancia, sequías, inundaciones. El clima requiere de la agenda política, otros tiempos. Acostumbrada al debate extenso y los fallos que frezan por años iniciativas, el cambio climático impone una celeridad que nunca tuvo.

Mientras Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe esperan que Nación resuelva el conflicto eterno de La Picasa, que crece sin cesar, los problemas con el agua y sus manejos se repiten a lo largo y ancho del país. La fiscal de Estado de La Pampa presentó hace unos días una cautelar ambiental ante la Corte Suprema de Justicia en la que exige que Mendoza “suelte un caudal mínimo del río Atuel” antes de sentarse a discutir nuevos proyectos. Afirmó que están negociando en desigualdad de condiciones y que llegó el tiempo de “revertir la ecuación”.

El pedido es que el máximo tribunal imponga una acción para que la provincia garantice un volumen hídrico determinado. Esa cantidad es de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite con suelo pampeano, y debe darse de manera permanente, según impuso la Corte a mediados de 2020, apenas un mes después del fallido dialogo en el Coirco que terminó con el pedido de laudo por parte de Suarez.

“No podemos seguir negociando de esta manera con una jurisdicción que usa el cien por ciento del agua y la utiliza a su antojo”, denunció Schmidt. Según explicaron medios pampeanos, no hay demasiados antecedentes de cautelares de ese tipo y, justamente por eso, se transformó en la nueva estrategia antiportezuelo, basándose en la Ley General de Ambiente. Además, señalaron que, a fines de 2017, ya había quedado “acreditada la desertificación y el daño ambiental de la zona”. Y que la propia Corte había solicitado una recomposición inmediata del ecosistema afectado en el noroeste de aquella provincia. Ambos antecedentes fueron citados en este nuevo pedido.

La carta contiene varias acusaciones contra la gestión hídrica que se hace en Mendoza de esos caudales. “Tienen un uso exclusivo y absoluto del río, administrando el agua de forma unilateral”; y “mantienen una postura negativa e intransigente, que no permite negociar y pone en desventaja cualquier acuerdo, porque dilatan los plazos en una situación de comodidad y poderío absoluto”, puede leerse en el escrito.

La pelea interprovincial se remonta a 1918, con la puesta en marcha de una serie de obras de infraestructura que, ya en aquel entonces, acotaron el volumen de agua que ingresaba al suelo pampeano desde los brazos del río Atuel. Fue en ese entonces que desapareció el cauce principal, denominado Atuel Viejo. Pese a ese antecedente, que perjudicó a la provincia pampeana, en 1947, concluyó la construcción de la represa El Nihuil, lo que agravó más aún la situación, al dejar sin agua a La Pampa.

Años más tarde, en 1973, tras nuevos reclamos por parte de la provincia afectada, se dictó un nuevo decreto que estableció que la mitad de las regalías del complejo eléctrico quedaran en manos de los pampeanos. Pero, tal como había ocurrido décadas atrás, la provincia de Mendoza se opuso y La Pampa jamás recibió un centavo.

Más de una década después, en 1987, la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia, que declaró al río Atuel como “interprovincial.

En 1992, ambas partes consensuaron la construcción de un acueducto que para que la provincia de La Pampa reciba agua proveniente del manantial Punta de Agua. Esta obra fue financiada por el Estado nacional y que palió parte de la problemática.

Pero los conflictos entre ambas provincias siguieron en pie. En 2008, se firmó el Convenio Macro, en que se estableció una distribución de las aguas, pero la Legislatura pampeana -a diferencia de la mendocina que lo aprobó enseguida- se tomó seis años para tratarlo y rechazarlo. Eso derivó en un nuevo reclamo ante la Corte Suprema por parte de La Pampa, para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.

En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un “caudal hídrico apto en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca.

DE QUÉ SE TRATA

Tras la aceptación del pedido para un laudo presidencial que resuelva las diferencias –ocurrida hace pocas semanas- La Pampa avisó que volvería a la carga con medidas judiciales para frenar la adjudicación de la obra.

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, dice el artículo 41 de la Constitución Nacional. El pedido que llegó desde tierras pampeanas afirma que Mendoza lo está incumpliendo, y por eso busca un camino exprés en la Justicia para revertir esa situación.