Vivimos en una era en la cual la tecnología nos abruma cada vez con más novedades para hacernos llevar adelante una vida más cómoda, sin embargo, hay sectores que siguen padeciendo las carencias y se los ubica a años luz de las ventajas que reciben otros, justo allí se ubican muchas personas con discapacidad que no tienen acceso a nuevos productos.

Sólo la presencia de un Estado presente podría hacer posible que el mundo no siga siendo tan excluyente para aquellos que tienen algún problema para manejarse por sí mismos.

La tecnología que no es accesible puede evitar que las personas con discapacidad tengan acceso a la información y participen en foros y conversaciones, haciéndolas aún más marginadas. Pero la tecnología que se aprovecha para promover la inclusión y la accesibilidad puede ayudar a hacer realidad la participación plena e igualitaria de niños, niñas y adultos con discapacidades.

También se suman en esta categoría las personas mayores, con algún impedimento, que padecen la falta de esos productos, que incluyen sillas de ruedas, audífonos o aplicaciones que facilitan la comunicación, entre otros.

No se trata de un problema local, provincial o nacional. La inequidad es mundial y por lo tanto de los 2500 millones de individuos que precisan uno o más de esos productos en el mundo, mil millones no los tienen, sobre todo en los países de renta baja y media, donde el acceso puede ser de apenas un 3%.

DATOS DOLOROSOS

Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) divulgado esta semana revela por primera vez la necesidad global de acceso a la tecnología y productos de asistencia que van desde sillas de ruedas y audífonos, hasta aplicaciones que faciliten la comunicación o el aprendizaje.

El documento estima que, con el envejecimiento de la población y el avance de las enfermedades crónicas a nivel mundial, el número de personas que requerirá uno o más productos de asistencia aumentará a 3500 millones para 2050.

El director de la OMS destacó cómo la tecnología de asistencia cambia la vida de las personas que las necesitan al facilitar la educación de niños con discapacidades y permitir el empleo y la interacción social de las personas con alguna discapacidad, así como la vida independiente y digna de las personas mayores.

“Negar a las personas el acceso a estas herramientas no sólo es una violación de los derechos humanos, es también una falta de visión económica”, dijo Tedro Ghebreyesus, llamando a los gobiernos, la industria, los donantes y la sociedad civil a financiar y priorizar el acceso a la tecnología de asistencia y a brindarle a todos la oportunidad de alcanzar su potencial.

Los productos de apoyo son un medio para participar en la vida comunitaria y en la sociedad en condiciones de igualdad; sin ellos, las personas discapacitadas sufren exclusión, corren riesgo de aislamiento, viven en la pobreza, y pueden caer en situación de hambre y verse obligadas a depender más del apoyo familiar, comunitario y gubernamental.

Los organismos de la ONU sostuvieron que el impacto positivo de los productos de asistencia va más allá de mejorar la salud, el bienestar, la participación y la inclusión de los usuarios individuales puesto que las familias y las sociedades también se benefician.

Argumentan que ampliar el acceso a productos de asistencia accesibles, seguros y de calidad reduce los costos de salud y bienestar, como las hospitalizaciones recurrentes o las prestaciones financieras estatales, en tanto promueve una fuerza laboral más productiva al estimular indirectamente el crecimiento económico.

BRECHAS PROFUNDAS

No obstante estos beneficios, en un análisis de 35 países, las dos agencias de la ONU hallaron una gran brecha en el acceso a los productos de asistencia y recalcaron que ese déficit es notable entre las naciones de bajos y altos ingresos.

Según ese estudio el acceso a la tecnología de asistencia varía del 3% en las economías más pobres al 90% en las ricas.

El alto precio de esos productos es, generalmente, el principal obstáculo para disfrutarlos. Los datos indicaron que dos terceras partes de las personas que los usan han pagado por ellos o han recibido ayuda financiera de sus familiares y amigos para adquirirlos.

Las agencias de la ONU señalaron que un sondeo en 70 países encontró grandes carencias en la prestación de servicios y el personal capacitado en tecnología de asistencia, particularmente en las esferas cognitivas, de comunicación y de autocuidado.

Además, las encuestas hechas anteriormente por la OMS habían resaltado ausencia de conciencia y los precios inasequibles, al igual que la falta de servicios, calidad, variedad y cantidad adecuada de los productos de asistencia.

QUÉ HACER

Para revertir estas agravantes e integrar a las personas con discapacidades al avance de las sociedades, el informe recomienda algunas medidas concretas:

-Mejorar el acceso dentro de los sistemas de educación, salud y atención social;

-Garantizar la disponibilidad, seguridad, eficacia y asequibilidad de los productos de apoyo;

-Ampliar, diversificar y mejorar la capacidad del personal que lidie con esas tecnologías;

-Involucrar activamente a los usuarios de tecnología de asistencia y sus familias;

-Aumentar la conciencia pública y combatir el estigma;

-Invertir en políticas basadas en datos y evidencia

-Invertir en investigación e innovación;

-Desarrollar e invertir en entornos propicios;

-Incluir tecnología de asistencia en las respuestas humanitarias;

-Brindar asistencia técnica y económica a través de una cooperación internacional que apoye los esfuerzos nacionales.

Con respecto al acceso a la tecnología de asistencia para los niños con discapacidades el informe señala que suele ser el primer paso para el desarrollo infantil ya que hace mejor y más fácil la educación, la participación en los deportes y la vida cívica, y la preparación para el empleo.

Los niños con discapacidades tienen desafíos adicionales debido a su crecimiento, que requiere ajustes o reemplazos frecuentes de sus productos de asistencia.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó que negar a los niños el derecho a los productos que les hacen falta para prosperar no sólo los perjudica individualmente, sino que priva a las familias y a las comunidades de todo lo que podrían contribuir si se satisficieran sus necesidades.

“Sin acceso a la tecnología de asistencia, los niños con discapacidades seguirán perdiendo su educación, seguirán estando en mayor riesgo de trabajo infantil y seguirán estando sujetos al estigma y la discriminación, lo que socavará su confianza y bienestar”, advirtió Russell.

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NUEVA LEY EN ARGENTINA

En Argentina, la Ley 22.431, sancionada en 1981 como ley marco en discapacidad, instituyó el denominado “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, una normativa que da cuenta de una concepción de la discapacidad de anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista, que entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho; que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención diferenciales y segregacionistas.

Con el objetivo de efectivizar el cambio de paradigma desde el cual se aborda la discapacidad en Argentina es que desde el Gobierno junto a la Agencia Nacional de Discapacidad se busca consolidar un marco normativo que interpele a la sociedad en su conjunto para lograr la inclusión plena.

De este modo, según indica la Agencia Nacional de Discapacidad, la Nueva Ley "representa un paso fundamental en el camino de la armonización legislativa en la materia, condición necesaria para una transformación estructural que funde las bases de igualdad, autonomía y equidad necesarias".

En este marco y sobre la base de lo enunciado en los artículos 4 y 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde ANDIS convocan a participar de la Consulta Federal Hacia una Nueva Ley de Discapacidad, hasta el 25 de mayo de 2022, inclusive, para que todas y todos los interesados puedan brindar aportes que nutran el debate hacia el proyecto que reemplace la Ley 22.431.

El objetivo es generar instancias de diálogo e intercambio plurales y federales que recopilen los aportes y opiniones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, las organizaciones de y para personas con discapacidad, organismos públicos cuyas competencias funcionales se vinculen con la temática, sindicatos, universidades, y todos los sectores clave.