Con seguridad, la inflación es una de las preocupaciones de la población desde hace décadas. El fenómeno no es nuevo. A mediados de los ’40 hizo su aparición, cuando el promedio anual en 1945-50 alcanzó un 20,1%. En la década de los ’50, se incrementó en diez puntos; en la del ’60, bajó al 20,7% por año, aunque en 1971-80 el promedio fue de 142,7% (superando los tres dígitos desde 1975). Algunos quizás recordarán la situación en la década de 1980, con todos los años a tres dígitos, excepto 1986, año posterior al Plan Austral (momento en que no fue necesariamente “baja”, rozando el 82% en el año). Esto fue apenas una pausa en la tormenta, porque años después el país sufría una hiperinflación de casi el 5.000% (1989). Promediando los guarismos de la década, fue de 876% anual. Los ’90 fueron un impasse, a partir del endeudamiento masivo que sostuvo la Convertibilidad. Pero su fracaso reinició la dinámica, que pasó de un 15% promedio anual en 2001-2010 a casi 50% anual en 2018-2021. Esto impacta de lleno en el bolsillo trabajador, sobre todo desde mediados de los ’70. Por caso, en 2021 el poder adquisitivo del salario promedio de la economía argentina fue un 40% menor al de 1974. O sea, la inflación local no es culpa de las demandas de los trabajadores o de la “puja distributiva”, como algunos pretenden.

Tampoco resulta de una “avivada de los formadores de precios”. Por qué en el resto de países donde operan las mismas grandes firmas, la inflación no está ni cerca de los valores argentinos, es algo que esta suposición no puede explicar, salvo por una imaginaria perversidad “moral” al ingresar al país. Además, niveles elevados de inflación en un plazo extendido, alteran el ciclo de negocios (cadenas de pagos, compra de suministros, etc.), y sobre todo el sistema de precios y de crédito como referencias. Acá se agrega que, al devaluarse la moneda, se encarecen las importaciones, fundamentales para la producción local: desde los ’80 a la fecha, tres cuartas partes del valor total de importaciones corresponde a bienes de capital y sus piezas, y bienes intermedios. Al importarse bienes más caros para producir, se traslada a precios y refuerza el fenómeno.

Por su parte, los liberales suponen que es un mero problema de emisión, producto del gasto público, porque los políticos “roban”, o “sostienen vagos”. Ajustando la oferta de dinero, dicen, se solucionaría. Pero si esto pudiera realizarse, profundizaría de manera brutal la recesión económica, arrojando a la miseria a millones de personas sin resolver la cuestión. Porque la inflación no es el problema, sino síntoma de una enfermedad más grave que pasa por lo general desapercibida en los debates.

La cuestión que origina todos estos desbarajustes es el retraso constante en la productividad del trabajo argentino. En tanto la productividad es uno de los elementos que le permite a una economía apropiar plusvalor en la competencia, un incremento de la misma le hará ocupar una mayor porción del mercado mundial y redundará en un impulso a la acumulación de sus capitales. Así, tendrá una moneda fuerte. En cambio, un retraso en esta variable llevará a un país a tener una economía más débil, con menor capacidad de apropiarse de riqueza y con una moneda más inestable. Es el caso de Argentina, que vive casi exclusivamente de sus exportaciones agropecuarias y de pedir prestado. Su productividad se encuentra, en el grueso de las ramas productivas, lejos de la media: en la siderurgia la producción por obrero es un 50% menor que la de los EE.UU.; o en automotriz donde en 2019, mientras que en dicho país se fabricaban casi 57 vehículos por obrero ocupado y en Japón 50, en la Argentina el promedio fue de 13 unidades por trabajador. Este es uno de los motivos por los cuales la producción local, fuera de las actividades primarias y de parte de la agroindustria, es demandante de divisas y, cuando su flujo se agota, toda la economía entra en crisis. La forma que tiene la estructura de reaccionar frente a este fenómeno es abaratando el trabajo local, mediante la devaluación y la inflación.

Así, la dolarización que proponen los libertarios es un sinsentido, porque no ataca la raíz del problema. Atarse a una moneda de una economía más dinámica implica alinearse con su productividad. A la larga, como mostró la Convertibilidad, sin un ajuste feroz eso es imposible. Por eso debe sostenerse artificialmente, por endeudamiento. Mientras tanto, si no se alcanza la productividad que respalda la paridad, se acumula un déficit insostenible. O se debe proceder al ajuste, ya que “dolarizar” significa alinear los costos internos, como el fiscal. Esa receta esconde el intento de un feroz ajuste, que ni siquiera sería soportado por la propia clase capitalista. Además, en una situación de crisis e imposibilitados de emitir, los gobernantes recurrirán nuevamente a las cuasi monedas (otro golpe a los trabajadores), tal como se vio en el descalabro de 2001-2002.

La única solución real pasa por intervenir directamente en la producción. Para bajar el precio de los bienes que se consumen hay que reducir su costo, sin afectar los salarios. La clase de los empresarios locales, los nacionales y los extranjeros que operan en el país, demuestra hace tiempo que no puede lograrlo. Hay que barajar y dar de nuevo. Es necesario que un Estado de nuevo tipo, bajo otras relaciones sociales que prioricen el bien común y no la ganancia individual, planifique la asignación de recursos para incrementar la productividad y abaratar la producción. En el mediano plazo, la Argentina tiene opciones a mano. Entre 2011 y 2021, el país tuvo un déficit de balanza energética de 2.837,6 millones de dólares al año. En este caso, se cuenta con trayectoria y recursos para aumentar la dotación de energía nuclear. Pero en el corto plazo, como demuestra una experiencia de colegas de la Universidad del Litoral, se puede apelar a la generación de biogás a partir de residuos orgánicos para localidades de menos de 50.000 habitantes, lo que redundaría en un alivio de las importaciones, generación de empleo y de fertilizantes, y reducción de la huella de carbono. Considerando los productos farmacéuticos, en 2014-2020, el déficit comercial fue de 1.440 millones de dólares al año. Pero el país tiene la capacidad de fabricar ciertos medicamentos a menor costo, como lo demuestra la experiencia del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe. En la rama del calzado, el país de las vacas tuvo un déficit que superó los 450 millones de dólares al año en el período 2011-20. La propia estructura del sector atenta contra su eficiencia: un sinnúmero de pequeños talleres desperdigados que producen a alto costo y no pueden competir con la importación brasileña, vietnamita o de otras regiones. Es necesario concentrar la producción en un mismo espacio, unificando la distribución, la compra de materias primas, el uso de energía centralizada, la capacidad del Estado para crear mercados, todo lo cual permitirá incorporar mejor tecnología, aumentar la productividad y reducir los costos. Y así podríamos seguir con cada una de las ramas de la producción. En el mediano plazo, hacer eficientes las actividades que se destinan al mercado interno es la única manera de provocar una reducción sustantiva de la inflación. Solo mediante la eficiencia productiva se bajan los precios y se reduce la presión inflacionaria. Por lo expuesto, necesitamos soluciones drásticas, en base a la planificación estatal. De lo contrario, estaremos condenados a repetir lo mismo una y otra vez.