Por: Escribe Pablo Estere - OES-CEICS

Distintos intelectuales, dirigentes de movimientos sociales y hasta funcionarios nacionales encontraron en la idea de la “economía popular” una forma de negar uno de los mayores peligros para la clase obrera: la desocupación.

Bajo el supuesto de que por fuera de la economía que conocemos existe otra (la popular) regida por distintas leyes, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación presentó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). Este registro “busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo”, según declaran en su sitio web.

Uno de los fundamentos de esta aventura sostiene que “los excluidos” pueden crear su propio trabajo, pero el Estado debe asistir para garantizar algunos de sus derechos. Tenemos que en principio, no habría desocupados ya que cualquiera puede auto emplearse, pero que también es necesario que el Estado entregue subsidios para sostener estas actividades. A saber: monotributos sociales, ingresos mínimos, créditos o compras gubernamentales aseguradas.

Si analizamos algunos de los resultados del informe que publicó en abril Desarrollo Social, veremos que detrás de la figura de la “economía popular” no hay algo nuevo. Más bien se trata de algo muy conocido en nuestro país: pobreza, desocupación, subocupación y bajos salarios. En otras palabras, vemos los mismos problemas que aquejan a la gran mayoría de los trabajadores argentinos.

De los más de tres millones “trabajadores de la economía popular”, el 28,8% corresponde a la categoría “Servicios Socio Comunitarios'', básicamente personas que trabajan en comedores y merenderos comunitarios. El 33,6% corresponde a “Servicios Personales y otros oficios”. En esta última categoría se encuentran personal de limpieza, cocinero/a, jardinero/a y peluquero/a. Luego, las otras ocupaciones que más se mencionan son: cartonero, albañil, auxiliar de obras de construcción y vendedor ambulante. En resumen, las actividades peor remuneradas de la economía.

Otros indicios de que estamos hablando de la capa más empobrecida de la población: el 64% tiene entre 18 y 35 años, y el 61% no completó los estudios obligatorios (inicial, primario y secundario).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En cuanto a la distribución geográfica de los inscriptos, el 35,9% reside en la provincia de Buenos Aires. La región que le sigue en cantidad de inscriptos es el NOA, con 23%, y luego se ubican el NEA con 15,5% y Centro con 15%.

En nueve provincias de estas regiones (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) hay más inscripciones al registro de la economía popular que al empleo asalariado privado y registrado. Es decir, que estos trabajadores residen en las zonas más pobres del país.

Si hasta aquí resulta evidente que no hay una realidad distinta, sino más bien una unidad entre las condiciones de vida de los trabajadores de la “economía popular” y los de la economía a secas, ¿por qué el Estado se interesa en justificar esta diferencia?.

En primer lugar es una manera de ocultar la desocupación con un nombre “empoderante” y discursivamente progresista. Pero hay un fin más pedestre: es una herramienta para reforzar el control social sobre una capa de la población que por las condiciones en las que vive siempre está cercana a la movilización callejera. Por eso no es algo exclusivo del Frente de Todos. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta creó el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (Rupepys), una versión local del ReNaTEP.

Tenemos entonces, que desde el Estado se busca perpetuar la condición de “trabajadores de la economía popular'' en lugar de alentar una política económica transformadora. Se prefiere destinar una masa gigantesca de subsidios en actividades improductivas antes que atender a las necesidades del conjunto de la población.

En su lugar, el Estado podría emplear a esta población desocupada encubierta en ramas de la producción que tengan como destino la exportación o la sustitución de importaciones, generando divisas y frenando su pérdida. Pero la clase social que nos gobierna tiene otros intereses, y es incapaz de ofrecernos soluciones.