Por: Omar Panci

Toda muerte causa dolor, pero cuando podría haberse evitado, se convierte en indignación.

Una NN de 97 años encontró la muerte en un geriátrico producto de la desatención, el destrato y la situación de abandono.

Lo grave es que esa situación estaba en conocimiento de varios funcionarios públicos.

Esto surge  de las declaraciones periodísticas de Adriana Summa, directora municipal de la Tercera Edad quien reconoce haber visto cosas que no estaban bien.

Que en un quincho sin ventilación había un montón de abuelos, que las camas no coincidían con el número de internados y asegura además que sabía que los dueños mentían, maltrataban y amenazaban y que existía una denuncia penal.

En la misma nota periodística dice que el lugar había sido clausurado pero los dueños desoyeron la medida y continuaron funcionando.

Summa conocía todo lo que ocurria con los abuelos, conocía que algunos dormían en colchones tirados en el piso de la cocina.

Pero a pesar de todo ello ocurrió una muerte y de los dichos de la funcionaria municipal surgen muchos interrogantes, por lo que se hace necesario saber qué hizo la justicia ante la denuncia penal. Porque la responsable de la tercera edad –aclara- elevó denuncias a las autoridades del Ministerio se Salud de la Provincia, responsable del control de los geriátricos, pero las decisiones llegaron tarde.

Existía un delito flagrante y el Estado nuevamente falló para evitarlo. La muerte ocurrió, pero no sólo es culpa de los dueños del geriátrico, que sin  ninguna duda actuaron criminalmente en el trato con los abuelos.

Existieron funcionarios que podrían haber actuado con pericia, responsabilidad y rapidez y no dejar dudas sobre si son idóneos para cumplir las funciones que les competen.

Se violaron plenamente los Derechos Humanos y lo más grave es que se actuó desconociendo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores.

Fue Eva Perón que en agosto de 1948 proclamó los Derechos de la Ancianidad y a partir de ello se construyeron cientos de Hogares mixtos de Ancianos.

Argentina fue precursora en materia de legislar los Derechos de los Adultos Mayores. Fue así como en noviembre de 1948 fueron proclamados por la  Asamblea  General de las Naciones Unidas. Y a partir de allí el resto de los países comenzaron a poner foco en el tema.

Los Derechos de los Adultos Mayores no deben ser meramente enunciativos, sino la herramienta legal en la que deben apoyarse todos quienes trabajen en esta área. En este caso fallaron quienes debían actuar y ello podría ser por desidia, incapacidad para ocupar el cargo, complicidad o falta de coordinación entre dependencias del Estado.

De las declaraciones de Summa surgen muchas incógnitas sobre las que la fiscal Fernanda Sánchez deberá poner el foco en la investigación y no sólo concentrarse en los propietarios del geriátrico, sino profundizar en quienes recibieron las denuncias que asegura haber hecho Summa y en qué quedaron las actuaciones.

Sorprende tanto silencio ya sea desde la política como de los centros de jubilados que debieran levantar la voz  exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos.

Esto no puede quedar solamente en declaraciones periodísticas, debe existir una amplia investigación para conocer si más allá de los titulares del geriátrico, existieron otros responsables que coadyuvaron para que esta muerte sea posible. Y si fallaron deberán hacerse cargo ante la justicia.

No se puede admitir que livianamente la funcionaria municipal de la Tercera Edad diga que hay tres geriátricos en la ciudad que no cumplen con lo que corresponde y todo quede en un mero relato periodístico.

Que están esperando para actuar ¿Qué  muera otro abuelo?

Sería importante que el PAMI, exija una investigación a fondo para poner en contexto si existieron responsabilidades que van más allá de los dueños del geriátrico.