Los “Pedidos de Informes” son herramientas que poseen los concejales y que tienen por objeto requerir de algún informe al Departamento Ejecutivo, sobre algún asunto o cuestión específica.

Resulta indudable que adquieren una importancia mayúscula más aun cuando hay intendentes que se jactan de manejarse con transparencia, aunque eso sólo cuente en los discursos pero no en las acciones.

Precisamente la gestión de Pablo Petrecca en estos seis años y medio de mandato dejó sin respuesta a cada uno de los pedidos de informes que le envió en concejo deliberante, promovidos siempre por la oposición, aunque en muchos casos con el apoyo de los ediles oficialistas

Así y todo, el “alcalde del diálogo” como gusta que lo llamen, mostró su lado más silencioso a la hora de dar respuesta a importantes requerimientos, sin atender al llamado de su parte como tampoco de alguno de sus funcionarios.

Fiel al “Manual PRO”, cualquier tema que puede generar algún escozor en el Ejecutivo se lo pone en el congelador no se hacen declaraciones ni se refieren al mismo, para eso se blindan con los medios de comunicación amigos y al poco tiempo, caen en el olvido de la mayoría opinión pública.

La situación es a toda vista lamentable y producir cierta frustración en los mecanismos democráticos, ya que se espera que los representantes del pueblo, como el caso de los ediles, puedan hacer uso de todos los mecanismos necesarios para controlar la gestión del intendente, ya que, dicho sea de paso, para eso están.

Pero en Junín esa posibilidad está coartada. De esa forma, han pasado sin pena ni gloria pedidos de informes relacionados con la calidad del agua de consumo que llega a las redes domiciliarias teniendo en cuenta de los problemas con el arsénico y los nitratos y nitritos u otros relacionados con el estacionamiento medido.

También hubo silencio cuando se quiso saber hace ya más de dos años qué registro llevaba el municipio de los geriátricos y justamente hace poco una mujer murió en uno clandestino, mientras otra docena de personas estaban viviendo allí en malas condiciones. Tal vez de haberse abocado al tema se hubiera evitado semejante atrocidad.

Oportunamente los concejales quisieron saber porqué se había hallado mercadería tirada en la vía pública, cuando ésta estaba destinada a las escuelas y siendo que la misma tenía corta fecha de vencimiento o había sido dejada vencer por parte de algún funcionario irresponsable. Pero tampoco hubo respuesta y con ello se perdió la posibilidad de escuchar una buena excusa a semejante bajeza, como lo es tirar alimentos destinados a la comunidad más vulnerada.

De ese modo otros temas de interés para concejales y por supuesto para los vecinos de Junín, terminaron silenciados por la gestión Petrecca.

Hace un mes, la concejala Clara Bozzano, presentó otro pedido de informes, esta vez para conocer los motivos por los cuales Petrecca no pudo terminar la construcción de 25 viviendas las mismas que durante la gobernación de María Eugenia Vidal se dijo se había girado el dinero para concluirlas.

Frente a ello, se repitió la receta del silencio, algo común, aunque preocupante, para el oficialismo ya que deja al desnudo la profunda grieta que separa a esta administración con la ética.

¿CÓMO SUPERARLO?

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756 dice que entre las atribuciones del intendente municipal se encuentra “suministrar verbalmente, o por escrito, por sí o por medio de los secretarios, los informes que pueda requerir el Concejo”.

Muchas veces los dirigentes políticos aplican la consabida “transparencia de la gestión” según en qué lado estén del mostrador.

De hecho, en Rosario, los concejales de Juntos por el Cambio, al ser oposición, pasan situaciones similares a las promovidas por el oficialismo del mismo color político en Junín.

En ese sentido, el concejal rosarino Carlos Cardozo denunció que menos del 50% de los pedidos de informes son respondidos y propuso a través de una ordenanza que “se contemplan sanciones para los funcionarios del Departamento Ejecutivo que no contesten en tiempo y forma los pedidos de informes aprobados por el Concejo Municipal”

Destacó Cardozo que la iniciativa se inspira en un proyecto que no tuvo tratamiento en comisiones y perdió estado parlamentario, y que oportunamente presentara la ex concejala de Cambiemos, María Julia Bonifacio, donde prevé multas de hasta 1.000 UF (unidad fiscal fijada por el gobierno provincial en base al precio de las naftas) en el caso de la primera falta y, en caso de no ser respondido el mismo pedido de informes la multa al municipio puede llegar a las 2.000 UF, de las que se hará cargo el Departamento Ejecutivo.

La iniciativa prevé que lo que se recaude por tales sanciones se sume al Fondo de Discapacidad que administra la Municipalidad, para gestionar programas de inclusión en favor de las personas con discapacidad.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un Registro de Solicitudes de Informes el que será establecido en cada comisión legislativa, donde deberá fijarse la fecha de envío y recepción por parte del organismo, la autoridad a la que se deriva y los plazos acordados para las respuestas.

Puntualizó Cardozo que “así como el incumplimiento de ordenanzas genera una sanción económica, pensamos que también debe generarse una pena económica para la falta de respuesta a los pedidos de informes”.

Otro ejemplo del mismo tenor ocurre en el Concejo de Río Grande en Tierra del Fuego, donde se presentó una ordenanza que conlleva sanciones a los funcionarios que no contesten los pedidos de informes. Los responsables de dar respuestas tienen un período de aproximadamente 15 días para contestarlo; si no lo hacen, directamente se le aplica una sanción, que es una multa del 10 por ciento de los haberes que percibe, y si no contesta luego de otros quince días más, se lo multará con hasta el 20% de retención de sus haberes, y esto continúa así mes a mes si no contesta.

Los concejales fueguinos que exigen respuestas indican que “lo que se pretende es que ese dinero no quede en las arcas del Municipio, si no que directamente se deposite en una cuenta de la sucursal Río Grande del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, para que todo esto tenga un fin benéfico”.

BUEN MOMENTO

Hace unos días, se llevó a cabo el quinto encuentro provincial sobre autonomía municipal tuvo lugar, organizado por el Comité “Hipólito Yrigoyen” local, y contó con la presencia de legisladores provinciales y dirigentes del radicalismo.

En la oportunidad plantearon un cambio en la Ley Orgánica de las Municipalidades y que cada comuna pueda dictar su propia carta orgánica, lo cual conlleva un desafío el Junín para promover la consabida transparencia y eficiencia de la gestión, pero así también una preocupación de que se dejen fuera de discusión temas tan importantes como el reconocimiento de los concejales como representantes de los vecinos y la necesidad de que las herramientas de control no sean cercenadas como lo hace el intendente Petrecca.

Tal vez sea un buen momento para que sus socios políticos, promotores de la autonomía municipal y los valores republicanos, le expliquen al alcalde local que hay cosas que en democracia no se pueden hacer.

Y si bien como indicó el concejal Juan Pablo Itoiz en esa oportunidad acerca de que“la autonomía municipal es un derecho para los municipios y los bonaerenses”, se empiece por casa a saldar la deuda que al menos en cuanto a representatividad es muy grande.

O tal como dijoel senador radical Agustín Máspoli y es de esperar que se consolide y no quede en declamación:“Nuestro partido centenario viene a plantear temas troncales. Con mayor autonomía vamos a tener mejores gestiones municipales en la provincia de Buenos Aires”.

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que entre las atribuciones del intendente se encuentra “suministrar verbalmente, o por escrito, por sí o por medio de los secretarios, los informes que pueda requerir el Concejo”

Hace un mes,se presentó un pedido de informes para conocer los motivos por los cuales Petrecca no pudo terminar la construcción de 25 viviendas.