Luego de que un ateneo de peritos determinara que Daiana Abregú, la joven que el 5 de junio fue detenida y trasladada a la comisaría de Laprida, falleció con una mecánica compatible con un suicidio y se liberara a los cinco policías que permanecían detenidos por el caso, un grupo de vecinos se manifestó en la comisaría local, pero encontraron un vallado que no los dejaba acercase por lo que encendieron neumáticos para protestar.

Algunos manifestantes arrojaron piedras sobre los efectivos de la Bonaerense, que respondieron con polvo de matafuego, alcanzando a algunos familiares de Daiana y vecinos. Como resultado de estas acciones, el Comisario General que interviene la Comisaria local, Aldo Caminada, fue herido con una piedra en su pierna, mientras que un efectivo policial recibió un golpe en su rostro.

“La gente enloqueció cuando la policía empezó a reprimir con gases, cerraron las calles como si fuéramos asesinos… Pablo Torres no tiene vergüenza. Le pedí a la policía que no tiren gases, había chicos, una persona con discapacidad…”, dijo al medio local el padre de la joven fallecida allí, que apuntó al intendente.

“Se iniciaron actuaciones correspondientes por daños, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones. No hubo ningún aprehendido. Se achicharró un poco la lona del toldo de la Librería Arte+, que se encuentra a escasos metros de la comisaría”, señaló el comisario Juan Díaz.

Tras la liberación de los cinco efectivos, el abogado de la familia Abregú, Sergio Roldán, brindó detalles y avisó que apelarán la decisión adoptada por el fiscal: “Nos sorprendió la decisión, fue a espaldas de nuestros peritos, se había firmado un acta en la que quedaba claro que no se iba a llegar todavía a ninguna conclusión porque faltaban elementos”.

Con el objetivo de contar con “informe médico legal integral” que permita “determinar etiología del deceso de quien en vida fuera Daiana Soledad Abregú”, el fiscal Juan Ignacio Calonje ordenó realizar un análisis de las dos autopsias hechas hasta el momento. Para este procedimiento nombró a peritos de la Policía Federal, pese a la oposición de la CPM quien había propuesto que el ateneo se realice en la Asesoría Pericial de la Justicia Nacional: “Habíamos pedido que el informe no lo llevara adelante la fuerza de seguridad, habíamos pensado como alternativa en los médicos de la UBA, porque son civiles”.

Además, Roldán advirtió que apelarán la decisión: “Se que nos jorobaron, nos sacaron un informe a espaldas nuestras, no condice con la realidad, vamos a apelar, vamos seguir remando en esta situación que es compleja”.

Por su parte, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, viene denunciando las acciones y omisiones del fiscal interviniente. Según el organismo, "destinadas a convalidar la actuación policial y consagrar su impunidad".