En el mes de diciembre pasado, un grave descarrilamiento de una formación carguera del San Martín en cercanías de Junín puso otra vez el foco en la necesidad de cortar con las concesiones a las empresas privadas y retornar la operación a manos del Estado.

La ola de reactivación ferroviaria del servicio de pasajeros tenía entre sus planes una segunda iniciativa, vinculada al mundo del transporte de carga. El aparatoso descarrilamiento a unos 30 km de Junín que provocó daños en la infraestructura y en el material rodante y tractivo y que obligó a otros trenes cargueros a realizar un rodeo por ramales secundarios, mientras que el servicio de pasajeros a Justo Daract debió ser reprogramado, hizo pensar que detrás de ello, aparecerían anuncios de cambio.

 Las presiones de las empresas dieron resultado y el Gobierno dio marcha atrás en su política de desarrollo y expansión ferroviaria.

Pero la resolución 960/2022 publicada en el Boletín Oficial sorprendió al extender, “de manera temporal, las concesiones a Ferro Expreso Pampeano S.A., Nuevo Central Argentino S.A., y Ferrosur Roca S.A., con carácter precario, por el término máximo de 18 meses y pudiendo ser revocadas en cualquier momento”. 

El argumento esgrimido para adoptar esta decisión es que quedó desierto el primer llamado a licitación para avanzar con la modalidad de vías abiertas. El mismo estaba acotado a las vías que opera Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), pero desde el Ministerio de Transporte decidieron prorrogar directamente por 18 meses también las concesiones de NCA y Ferrosur.

Desde algunos sectores se hizo notar que el gobierno cedió ante las presiones de las empresas que explotan las vías desde su privatización en los ‘90. Estas son Camargo Correa (Ferrosur Roca), Aceitera General Deheza (NCA) y el grupo Techint (FEPSA). Estas multinacionales buscaban obtener una prórroga y para ello jugaron fuerte para que la licitación quedase desierta.

En los considerandos, la resolución señala que por Ley 27.132 “se estableció la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros, previendo que dicha modalidad para la operación de los servicios ferroviarios de cargas permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red”.

Por otra parte, se estableció además que “la plena implementación de la modalidad de acceso abierto en toda la red ferroviaria tendrá lugar al día siguiente al vencimiento del plazo del último contrato de concesión, considerando el plazo de extensión que pudiera ser otorgado”.

De esta manera, “debido al precedente que deja esta licitación y para preservar las fuentes de trabajo y las cadenas logísticas”, se tomó la decisión de “extender el uso de vías por un plazo de 18 meses de forma precaria y revocable en cualquier momento a Ferro Expreso Pampeano S.A., Nuevo Central Argentino S.A. y Ferrosur Roca S.A”.

La resolución aclara que “estas prestaciones se efectuarán con carácter precario y podrán ser revocadas, en cualquier momento sin que se genere derecho subjetivo, derecho en expectativa o precedente invocable alguno a favor de los operadores ni reconocimiento de suma alguna por la eventual revocación anticipada al plazo previsto”.

Con esta decisión se ponen de manifiesto dos cosas. Por un lado que la intención del gobierno es no tomar ninguna decisión pese a sus dichos y por otro, marcar una clara diferencia hacia adentro, y exponiendo otro capítulo más de lo que en su último acto Cristina Kirchner describió como “agrupación política amague y recule”.

 Esta medida excede el tiempo de la actual gestión por lo que la decisión de avanzar con la recuperación de las vías por parte del Estado dependerá del gobierno elegido en las próximas eleccionesRESOLUCIÓN 211

Mientras tanto, Trenes Argentinos Cargas asegura que llevará adelante “la preparación de una nueva licitación para cada línea en el corto plazo bajo un sistema de cargas abierto y mixto -tal como indica la ley 27.132-, para continuar el desarrollo de las economías regionales, bajar los costos logísticos y seguir aumentando el volumen transportado”.

En junio del 2021, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 211 del Ministerio de Transporte que rechazaba la prórroga de las concesiones solicitadas por las empresas ferroviarias de carga Ferroexpreso Pampeano S.A., Nuevo Central Argentino S.A. y Ferrosur Roca S.A.

En ese momento se confirmó que todo el sistema quedará a cargo de Trenes Argentinos Cargas que ahora deberá implementar un modelo de uso abierto con participación público – privada, conocido como “open acces”.

Esto implicaba que la administración de la infraestructura ferroviaria y de la totalidad de los bienes estaría a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, mientras que las empresas que tienen las concesiones y otras podrían seguir operando a partir de acuerdos particulares, pagando una suerte de peaje.

La decisión se basaba en un informe de la Comisión Especial de Renegociación de Contratos del Ministerio de Transporte que concluyó que “las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura, velocidad y ramales perdidos”. 

A pesar de la escaza inversión durante todos estos años y del pésimo estado general de las vías que produce constantes descarrilamientos, desde el gobierno nunca deslizaron la posibilidad de avanzar con multas o sanciones. Ahora, benefició a las empresas responsables con una nueva prórroga.

La resolución establece que, “en un plazo máximo de cuatro meses, las empresas concesionadas deberán poner a disposición de Trenes Argentinos Infraestructura y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el inventario de los bienes, que luego de ser aprobado será remitido a la Secretaría de Gestión de Transporte, con la finalidad de avanzar en el diseño de los instrumentos técnicos y jurídicos necesarios para la implementación de la modalidad de acceso abierto a la Red Ferroviaria Nacional”.