Por: Redacción Semanario de Junín

Esta semana, el nuevo titular de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis para uso Medicinal (Ariccame), José Echarren, adelantó los desafíos que tendrá en su nuevo rol y los pedidos que recibió del presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa, al presentar la nueva dependencia gubernamental.

Casi en consonancia con ese desarrollo, en nuestras tierras morseñas la noticia daba cuenta de que “personal Policial del Destacamento Policial en forma conjunta con personal del GTO de Comisaría Junín Primera, a raíz de un llamado dando cuenta sobre ruidos en el patio de una vivienda, tras arribar al lugar no hallando anomalía alguna, observan en patio lindante tres plantas de marihuana, por lo que luego de entrevistar al propietario de la finca, un sujeto de 18 años, proceden al secuestro: dos de ellas de 1,70 mts y la restante de 1 metro. En cuanto al morador del lugar se lo notificó de la formación de la causa por infracción a la ley 23.737 tomando intervención la Fiscalía Temática en Estupefacientes de Junín”.

Y prosiguió: “personal de la Policía Local que realizaba controles en avenida de Circunvalación casi Ruta Nacional 7, identificaron de un joven de 19 años, y al ser requisadas sus prendas, se le encontraron cuatro cigarrillos de marihuana, con un peso de 8 gramos. El muchacho fue trasladado a la Comisaría Junín Primera y se le inició allí una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada ‘Infracción a la Ley 23.737’ de drogas, quedando a disposición del titular de la Fiscalía en Estupefacientes del Departamento Judicial Junín”.

Lejos de buscar caer en una causa por apología de los estupefacientes, resulta de buen criterio realizar un examen de eficiencia respecto al significado de estas noticias precedentes. La primera pregunta en la que se incurre es acerca de cuál es el gasto que este tipo de procedimientos (bastante comunes) genera en la economía del área de seguridad y en la justicia. Salvando que se trata de un hecho tipificado como ilegal por el código penal, se debe tener en cuenta los costos que significa en horas-hombre, uso de combustible por parte de los móviles que van y vienen con diferentes trámites hacia y desde la comisaría y los tribunales. Horas que se desperdician en el uso debido para reforzar la seguridad del distrito que empieza a hacer agua en algunas áreas calientes.

 

Jujuy, La Rioja, Misiones son algunas de las provincias donde ya se producen productos derivados del cannabis

Carpetas, papeles, impresoras, tinta, computadoras, empleados judiciales, funcionarios varios del departamento judicial de Junín que ya de por sí posee una estructura paupérrima en ese sentido merced a la también pobre gestión de sus mandamases de turno.

Es imprescindible darle el contexto que en verdad requiere semejante parafernalia, frente a tres cañas de cannabis plantadas en Morse y 8 gramos de marihuana repartidos en cuatro “fasos”, como se los denomina vulgarmente a esos cigarrillos.

Un gasto oneroso tanto para el municipio, como para la provincia, cuando desde la nación se implementan medidas de producción de cannabis en las que seguramente participarán grandes industrias y productores que se quedarán con los negocios del estado como ocurre en tantos otros ámbitos.

Entonces, cuando el nuevo titular de la agencia gubernamental destaca el constante impulso del Gobierno nacional a este tema ya que “sancionó una ley que tiene el gran desafío de sistematizar una nueva industria. Se van a generar miles de puestos de trabajo, le va a mejorar la calidad de vida a millones de argentinos y que va a diseñar una nueva burocracia con una ventanilla única que facilite los trámites”, vuelve la pregunta irónica: ¿Tres plantas en Morse fueron noticia policial en medios de Junín? Paradigmáticamente parece una historia contada por algún consumidor de estupefacientes.

Hay muchas cosas para hacer, lo que no se puede es quedarse enredado en cuestiones que no van hacia ningún lado, más todavía cuando las causas como las iniciadas ya han sido consideradas por la justicia como ocurrió con el fallo de “Inconstitucionalidad de la tenencia de drogas para consumo personal (art. 14 párrafo 2do. de la ley 23737), del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala I, causa N° 25.218 caratulada "R., C. M. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Fiscal General", rta. 24/4/08.

Destaca por ejemplo que “al Estado le está vedado inmiscuirse en la moral privada de los habitantes de la Nación y, menos aún, imponer pautas morales determinadas que cosifiquen al individuo, como ha sido regla en regímenes políticos de los que sobran ejemplos: "El Estado totalitario, que radicalmente disiente con nuestro precepto constitucional, es la organización que somete a todo ser humano al arbitrio del Estado, ya que niega una moral natural reglante de los actos humanos".

Para agregar que “la libertad de cada persona, con capacidad y voluntad, comprende la de fijar metas, planear objetivos, intentar satisfacer sus gustos personales y, al fin, ser único juez sobre sus propios asuntos en torno al proyecto de vida que ha elegido de acuerdo a sus costumbres, sentimientos, hábitos, religión, etc”.

La Agencia otorgará y controlará las licencias para producir desde alimentos hasta materiales de construcción, productos textiles o medicinales con la planta milenaria

MEJORES COSAS

Hay mejores cosas que criminalizar el consumo personal de estupefacientes y que podrían proponer las autoridades locales tanto municipales como judiciales y por ende las provinciales a favor de una sociedad menos pacata y prejuiciosa. Sería una buena medida comenzar a analizar y ampliar las fuentes de datos existentes para monitorear el consumo de cannabis con fines médicos y no médicos en adultos y jóvenes ¿Las salitas municipales están trabajando en la materia?

Hace falta ocuparse del modo de consumo, edad de inicio, frecuencia de consumo y consumo de polisustancias. Crear nuevos sistemas para evaluar el consumo de cannabis (tipo de producto, cantidad, modo y frecuencia) y los resultados sociales y de salud.

Los países más adelantados en la materia y trabajan evaluando las formas en que las políticas estatales, tribales, locales y territoriales pueden afectar los patrones de consumo y resultados de salud. Tratan de identificar los factores de riesgo y de protección en relación con el consumo y los resultados sociales y de salud.

Difundir e integrar la evidencia sobre los beneficios y daños del cannabis. Crear herramientas y educación para proveedores de atención médica. Identificar las herramientas y los protocolos para la detección en la atención médica. Participar en coaliciones comunitarias para la prevención del consumo de sustancias. Apoyar el desarrollo y la implementación de programas basados en la evidencia para escuelas y comunidades. Identificar modelos de intercambio de datos de salud pública y de seguridad pública e invertir recursos donde se debe y no dilapidarlos en contradicciones ociosas.