El exgobernador Sergio Daniel Urribarri –quien está condenado en primera instancia a 8 años de cárcel por hechos de corrupción- está en la antesala de un segundo juicio: esta vez por favorecer a la empresa de su amigo Diego Armando Cardona Herreros que gira bajo la razón social de Relevamientos Catastrales SA. La investigación se inició por un informe de la Revista ANÁLISIS del 9 de noviembre de 2017 titulado “El amigo paraguayo”.

Más temprano que tarde, el exgobernador Sergio Urribarri se sentará -por segunda vez-, en el banquillo de los acusados. Ya fue juzgado y condenado en el marco del mega juicio por corrupción: el 7 de abril de 2022 recibió la condena a 8 años de cárcel por desvío de publicidad oficial en beneficio de empresas propiedad de su cuñado, Juan Pablo Aguilera y por el desvío de fondos públicos para financiar su malograda campaña por la candidatura a presidente de la Nación, en 2015, el conocidísimo “Sueño Entrerriano”. La información fue anticipada por la web Entreriosahora.

Esa condena -dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná- fue apelada por los abogados defensores; pero, la Cámara de Casación Penal confirmó el fallo en un extenso pronunciamiento dictado el 31 de mayo de 2023. La prolífica información hallada dentro de un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL -ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril de Paraná-, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas.

Ese disco rígido, denominado por la Fiscalía como “la caja negra” de la corrupción, fue analizado por los técnicos del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, Fernando Ferrari y Guillermo Fritz, y volcado en sucesivos informes. “Evidentemente -señaló el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná al dar a conocer las condenas- los archivos y correos electrónicos exhibidos y leídos por el ingeniero Fritz en el debate, corroborando sus informes técnicos, como los mensajes de texto y audios de WhatsApp y mensajes de SMS que exhibió y proyectó durante el juicio el ingeniero Ferrari también en confirmación de sus informes, confluyen para conformar una base probatoria categórica y objetiva a los efectos de acreditar la existencia material del suceso y la autoría y/o participación atribuida a los imputados, por cuanto (…) el contenido de la información de esos archivos permiten reconstruir cada uno de los extremos y circunstancias que postula el Ministerio Público Fiscal en su acusación, en mérito a que vinculan a los protagonistas de este proceso y han sido reconocidos en su mayoría por testigos y algunos de los imputados”.

“A esta altura, de la labor de revisión de los fundamentos del Tribunal (de Juicios y Apelaciones de Paraná, de 2022), advierto que se ha probado con grado de certeza que Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Ángel Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, de manera constante, habitual y reiterada, sustrajeron fondos públicos cuya administración y disposición tenían en razón de los cargos que respectivamente detentaban, direccionándolos a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”.

De ese modo, la jueza Marcela Davite, presidenta de la Cámara de Casación Penal de Paraná confirma, en la página 307 de un dictamen de 451 páginas, las condenas aplicadas al exgobernador Sergio Urribarri en el marco del megajuicio en 2022, 8 años de cárcel; y al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, a 6 años y medio de prisión. A su pronunciamiento adhirieron las vocales Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Ese fallo de Casación será revisado ahora por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).