La crisis habitacional golpea fuerte en el país, y en las ciudades del interior la brecha entre la intervención estatal y el financiamiento privado para poder acceder a un techo crece a pasos agigantados.

La Ley de Acceso Justo al Hábitat (14.449) sigue siendo, hasta el momento, la única herramienta válida –aunque sin ponerse en práctica- capaz de transformar la realidad de quienes históricamente han padecido la falta de una vivienda digna. Tal es así que con su aplicación, los Municipios podrían utilizar tierras fiscales para la construcción de casas, aunque si miramos la realidad, veremos que aún no hemos recorrido el camino necesario.

Según datos aportados por la oficina de la ANSeS local, en Junín se inscribieron cerca de 2.500 familias para la nueva línea de créditos Pro.Cre.Ar, plan al cual se puede acceder siempre y cuando se completen ciertos requisitos básicos, tan básicos como una suma importante de dinero percibida de un trabajo formal.

¿Pero, qué pasa con las familias que no alcanzan a satisfacer estos requisitos? ¿Y los trabajadores informales? Las respuestas son muchas o, en realidad, una sola: se quedan sin casa y la vida moderna los arrasa.

 

 

La semana pasada, en la puerta del Palacio de Tribunales, un numeroso grupo de vecinos se manifestó cortando calle Mitre con gomas y carteles. En las pancartas prevalecía un deseo: “queremos vivir en nuestro barrio”. Eran más de 60 personas, todas habitantes del Barrio Las Marías, ubicado en Avenida Benito de Miguel, entre las calles Los Olmos y Los Muérdagos, frente al complejo privado Lihue. Las Marías es un sector que está en plena construcción, con calles de tierra, diferencias y necesidades bien expuestas, humilde y trabajador, con una periferia que crece desde el sector privado y un grupo de familias que, por estas horas, no sabe cuál será su futuro.

En él viven albañiles, pintores, profesionales de la salud, niños, adultos y ancianos. En el barrio se respira juventud, los chicos juegan a la pelota en la calle, y los hijos de los trabajadores parten hacia la escuela muy temprano levantando tierra con las ruedas de sus bicicletas.

Las peripecias de estas familias comenzaron en el año 2010, cuando un grupo de vecinos, que no contaba con vivienda propia, ocupó un predio de dos manzanas. El lugar era un monte, repleto de basura y cacharros viejos. Hoy, seis años después, la Justicia los está empujando a un desalojo, según la sentencia dictada por el juez Jorge Cóppola días pasados.

Lucas Daniel Salas, presidente y portavoz del barrio, dialogó con SEMANARIO y contó detalles de la dramática situación que están atravesando: una “lucha injusta de poderes”, según su síntesis.

“En el año 2010 formamos una Asociación Civil. Estamos aislados de la ciudad y no teníamos representatividad en la municipalidad, por ende tampoco teníamos servicios, así fue como nos organizamos para poder quedarnos en este lugar que no tiene dueño”, dijo Salas.

El predio, que tiene más de dos manzanas de extensión, perteneció originalmente a la Cooperativa Unión Ferroviaria, la cual por diferentes problemas se disolvió. Al quedar abandonado, los vecinos con necesidades habitacionales encontraron la posibilidad de tener su pedazo de tierra donde levantar sus hogares. Lucas cuenta que cuando se formó la comisión solo había 40 familias viviendo en el lugar, y que hoy ya son más de 120.

Algunos terrenos eran municipales, otros pertenecían a  privados que los utilizaron en el mercado inmobiliario, mientras que las dos manzanas, hoy bautizadas Barrio Las Marías, parecían carecer de propietario.

Desde hace seis años el sector viene progresando. En un principio,  fue el trabajo organizado de las familias que pusieron el terreno en condiciones llanas y libres de basura para comenzar a soñar con la vivienda propia. Las primeras familias pudieron instalarse con chapas que iniciaban el proceso de su hábitat, aunque carecieran de servicios básicos, el cartero no llegara, las distancias se hicieran eternas y el estado brillara por su ausencia.

No había luz, ni calles limitadas, y pese a que saben que están irregularmente instalados, pusieron el barrio en funcionamiento. Todo con plata de los vecinos. Las autoridades sabían de esa irregularidad y también que la mayoría de quienes viven en Las Marías tienen expedientes iniciados en la Municipalidad por falta de vivienda. 

 

 

Los habitantes del lugar aseguran que se sienten perseguidos. Los representantes de la Mutual Ferroviaria se acercaron a la justicia y, según los vecinos, “con solo una fotocopia” el juez Jorge Coppola “actúo más rápido que de costumbre”.  

Según diferentes versiones, cuando las familias comenzaron a ocupar los terrenos en litigio apareció gente de la Cooperativa reclamando ser dueños de esas tierras, aunque nunca presentaron títulos de propiedad. Sin embargo, hicieron una denuncia como propietarios y la Justicia le dio curso a una causa por usurpación, que nunca acreditó titularidad ni delito alguno, al menos hasta hoy.

“Hace tres años que venimos luchando contra Carlos Vozzi, Miguel Mantino y Eduardo Aguilar, ellos son los representantes de la Mutual y quieren hacer sus propios negocios, dejando a las familias en la calle”, remarcó Salas en contacto con este medio. “Si hay delito es porque hubo usurpación o despojo con violencia, y eso nunca sucedió porque las tierras estaban abandonadas”, reafirmó el vecino.

La decisión judicial final todavía no llegó. Ahora será el turno de la apelación y la Cámara avalará o no lo dictaminado por el juez Cóppola: desalojo o permanencia.

 

 

Las más de 120 familias que viven en el lugar están dispuestas a comprar los terrenos –sobre el cual hoy se levantan sus casas de material- siempre y cuando se haga a través de organismos públicos.

Durante la semana, vecinos organizados se acercaron a la sesión del Concejo Deliberante para intercambiar posiciones con el arco político local.

A los vecinos del Barrio Las Marías se los acusó de estar “incentivados” por gestiones anteriores a la usurpación de los terrenos. “Fuimos recibidos de muy buena manera, pero en la reunión querían atribuir culpas: desde el oficialismo decían que nosotros habíamos sido enviados por el Gobierno anterior, y eso no es así, por eso le pedimos que dejen de lado las diferencias y que trabajen todos juntos para resolver esto”, insistió Lucas Salas.

Durante la gestión de Mario Meoni, la Municipalidad se ofreció a comprar las tierras en cuestión pero, pese a la buena voluntad, no se pudo concretar. Hace más de dos años, cuando el color político de la ciudad no estaba en sintonía con los gobiernos Nacional y Provincial, las autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se presentaron en el predio y, según recuerdan los vecinos, el mensaje fue claro: “la Cooperativa no existe más, el Estado es el dueño de este terreno, por eso mismo solo el Estado tiene la potestad de avanzar o frenar la construcción en el lugar”. Las palabras textuales quedaron grabadas en los oídos de las más de 120 familias que hoy temen por un desalojo.

La actitud manifestada por el Ejecutivo municipal ha sido buena, y se supone que la concordancia de gestiones hará el trámite más sencillo. Días atrás, los vecinos organizados viajaron a Buenos Aires para reunirse con las nuevas autoridades del INAES, quienes se comprometieron a recabar toda la documentación que comprueba que dichas tierras son del Estado. De concretarse eficazmente la búsqueda, será una prueba contundente para que la Justicia avance con la investigación, y lleve tranquilidad a un barrio que en las últimas semanas vio alterada su rutina.