Por: Semanario

No es la primera vez que decimos que la dirigencia rural hace mucho que perdió el rumbo. Desde 2008 hasta la fecha el sector ha ido en caída libre carente de un horizonte planificado, a los tumbos, desapareciendo de su ámbito y con un presente espantoso.

Subidos hace dos años al carro de Cambiemos, al parecer los hicieron pasear unas cuadras y de repente los obligaron a bajarse, dejándolos solos en medio del desierto y sin una moneda para el colectivo.

Insistimos en que la falta de cintura dirigencial para abordar los temas políticos y en otras ocasiones, dirigentes que usaron a las entidades para su trampolín partidario y acomodaticio, dejaron a las bases en un estado calamitoso.

Y aunque parezca un concepto exagerado, se trata de una realidad.

Realidad por cierto aún más angustiante cuando vemos que los productores agropecuarios están a la deriva y no hay quien tome la manija para liderar –al menos- un proyecto que permita salir del naufragio con los menores costos.

Si bien esos costos han sido para muchos muy altos y para otros desesperantes, es necesario repensar al campo en un marco descontaminado de intereses (sólo empresarios) que terminan yendo en contra del chacarero.

Pero cuando consideramos que urgen este tipo de cuestiones tropezamos entonces con la misma piedra.

Muestra de ello es el pedido realizado recientemente por la Sociedad Rural de Junín, cuya dirigencia tal vez acuciada por innumerables problemas y abrumada por los reclamos de las bases termina “disparando al bulto”, pidiendo al municipio que disponga de una cuadrilla para controlar las cotorras y para ello promueve la utilización de “productos” (ya no se animan a decir “venenos”) debido al ataque que estas aves llevan a cabo contra los cultivos granarios, frutales y todo lo que se constituya en alimento.

INEXPLICABLE

No tiene ninguna explicación posible, salvo la desesperación reinante, que una entidad como la Sociedad Rural de Junín, en medio del caos promovido por el gobierno que ellos mismos eligieron, pierda minutos de comunicación radial o televisiva o líneas en medios gráficos y redes sociales para plantear semejante disparate, cuando la problemática del sector agropecuario es mucho más profunda que esa temática, la cual además viene desde hace por lo menos cien años.

De hecho, hasta los años 60, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación pagaba por pares de patas que se entregaran en la repartición.

Pero cazar loros no era tarea sencilla y aunque muchos decían que era cosa de vagos y ociosos, los agricultores de a poco comenzaron a echar mano a los “baqueanos” y a los expertos. Y entre pelea y pelea con los loros, surgió el oficio de “lorero”. Así nacieron los hombres del oficio que eran contratados para tener a raya las bandas de psitácidos.

Si bien los ruralistas no se animaron a plantear públicamente cuál sería el “producto” para el control, es sabido que se utilizan grúas o palos largos en la puerta de los nidos de cotorras con grasa empapada con avicida 47 F, alias carbofuran 47%, también conocido por Furadán.

Se trata de un insecticida y nematicida que entra en contacto con las cotorras y ellas entre sí, para terminar matándolas.

Sin embargo, es un riesgo alto de que mate a otras especies animales, sean aves, insectos y hasta mamíferos a través de la dispersión e inclusive el mal manejo en la utilización.

El avance de las cotorras, producto también del monocultivo, es común a otros tantos partidos bonaerenses, por lo que trabajar en uno sólo de ellos no generaría ningún cambio, sino que debiera buscarse –como en el caso del barigüí- una asistencia científica en la materia, tal como se llevó a cabo con la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) dependiente del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación provincia, como así también la vinculación intermunicipal, para no seguir afectando el ya castigado ámbito natural.

Si sumamos esto al uso indiscriminado de herbicidas, fungicidas e insecticidas propios del sistema de cultivo industrial, se generaría al ambiente un mayor daño del ya causado y que parece no generar conciencia entre los productores que ven cómo -cada vez más- las zonas rurales se inundan de taperas.

PROBLEMAS REALES

Precisamente un informe conocido esta semana da cuenta de que en la última década el sector agropecuario argentino perdió 4640 empleos formales al registrar 332.772 trabajadores en febrero de 2018 -último dato oficial publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- versus 337.412 diez años atrás.

Hay que tener en cuenta que, al momento de confeccionar estadísticas laborales, el empleo agropecuario no sólo abarca a la agricultura extensiva, ganadería y tambos, sino también a actividades muy diversas como legumbres, hortalizas, olivos, caña de azúcar, tabaco, flores, apicultura, servicios de contratistas agrícolas y de inseminación artificial, entre muchos otros.

Esto no debe resultar una novedad para la dirigencia agropecuaria que, como decíamos, en cada recorrida por los pueblos rurales ha de advertir el abandono de la infraestructura rural y el desarraigo de millares de trabajadores producto de un sistema de tareas impuesto por intereses que no son los de los pobladores del distrito y hoy los afectan a través de inconvenientes de manejo, condiciones climáticas adversas, menores utilidades, mayor endeudamiento y descapitalización por una caída en la aptitud agronómica de la tierra. Todo ello, claro está, a los que sobrevivieron.

Otro de los graves problemas por los cuales está pasando hoy el sector agropecuario es el desmantelamiento de oficinas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, como así también despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El ministro Miguel Angel Etchevehere, hasta hace unos meses presidente de la Sociedad Rural Argentina e integrante de la Mesa de Enlace Agropecuario que componen las cuatro entidades nacionales del agro, ha hecho prevalecer su amistad con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, acompañando el achicamiento de estas organizaciones de apoyo al productor, promoviendo con ello que los privados sigan siendo los grandes ganadores del negocio agrario y por tal motivo ya casi 600 personas quedaron en la calle.

Un despropósito que no tiene explicación clara ya que se trata en la mayoría de los casos de funcionarios de carrera e investigadores, que ingresaron no por acomodos (aunque pueda haber casos) sino cuando el agro comenzó a generar fuertes divisas para el país, algo que parece no importar a la actual gestión, ensombrecida por las importación de productos agropecuarios desde orígenes insólitos.

Incluso este despegue del dólar, que puede favorecer a exportadores de cereales, causa un verdadero cimbronazo en la economía de tamberos y ganaderos, asimismo en productores chicos y medianos que estaban haciendo los números pensando en la próxima siembra de la fina.

Y mientras el jefe comunal pasea por Estados Unidos invitado por los intereses empresarios que son los verdaderos ganadores del esfuerzo chacarero, los caminos siguen en pésimo estado sin visos de solución. Caminos que hoy son pensados principalmente para el movimiento de cereales, cuando otrora eran las vías de tránsito que interconectaba a las sociedades habitantes de pueblos que hoy parecen fantasmas.

Y la culpa sigue siendo de la cotorra.

Peligroso control

El 22 de marzo de 2006, un editorial del diario “La Nación” era titulado “Peligroso control de cotorras”, haciéndose eco de la preocupación por la “autorización de carácter amplio otorgada por los municipios bonaerenses de Punta Indio, Magdalena y Chascomús para combatir a la cotorra común usando un agrotóxico conocido como Furadán”. El medio gráfico “pro campo” afirmaba luego que “aunque la cotorra común es considerada plaga para ciertos cultivos y su control está contemplado en disposiciones vigentes, motivos técnicos desaconsejan el uso de este químico”.

Decía, además, que “este agrotóxico es uno de los pesticidas más nocivos para aves y no está registrado como avicida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), por lo cual su uso para combatir cotorras sería ilegal”.

Asimismo destacaba que “los operativos de control incluyen envenenamiento de nidos, que han tenido históricamente un éxito bajo y un alto riesgo ambiental. Además de las cotorras, hay predadores que también mueren por la ingesta de restos contaminados, tal como ocurre con algunas aves rapaces y con mamíferos como el zorro gris, la comadreja colorada y el gato montés, además de gatos y perros”.

Para finalizar indicando que “sería oportuno que las autoridades de la provincia de Buenos Aires promuevan estudios sobre manejo de cotorras, consultando a especialistas para que evalúen el uso de productos menos nocivos y aplicados de acuerdo con reglamentaciones existentes”.

¿Chiste de españoles?

Es interesante conocer que la población de cotorras argentinas en España tiene un crecimiento del cien por cien cada cinco años, dato que refleja la expansión sin control de esta ave invasora, inmersa en un laberinto social y burocrático que estanca su erradicación, según un artículo de la agencia EFE.

Que se duplique en un periodo de tiempo tan corto como un lustro es una "verdadera barbaridad" que puede conducir a que una ciudad como Madrid pueda pasar de 5.000 cotorras en 2015 a 10.000 en el 2020, explicaba hace un año en una entrevista, el investigador de la Universidad de Málaga José Postigo.

Mientras se discute la solución más adecuada para su control, las cotorras siguen expandiéndose y cada día que pasa habrá que eliminar más, advierte el investigador, quien pone el ejemplo de Londres que, con una población cercana a las 30.000 cotorras de Kramer, las autoridades no se plantean ya hacer nada.

En España cohabitan entre 6 y 8 especies de estas aves pero una de las más abundantes es la cotorra argentina (Myiopsitta monachus).

EL TEXTO ORIGINAL FUE PUBLICADO EL SÁBADO 5 DE MAYO 2018 EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA