La compleja situación de desarticulación y desguace que hoy atraviesa la institución educativa Casahuerta, motiva que nuestra organización sindical ofrezca algunas precisiones sobre hechos y situaciones poco difundidas y explicitadas por parte de las distintas autoridades responsables.

Casahuerta es un proyecto educativo de más de 15 años que trabaja con jóvenes en situación de alto riesgo y vulnerabilidad con la finalidad de promover y apuntalar un proceso genuino de contención y reinserción social. Luego de varios años de profundo y continuado esfuerzo, la institución logró definir y construir una identidad propia, un espacio físico de marcada pertenencia y una serie de articulaciones con entidades y organizaciones -entre ellas el propio Municipio- que otorgan un prolífico marco de trabajo y especificidad al proyecto colectivo.

A principios del año 2018, la decisión unilateral del actual Gobierno -a la cual nuestro sindicato se opuso desde las primeras instancias- de cerrar los Bachilleratos de Adultos, fue el puntapié inicial para definir el proceso de vaciamiento educativo e institucional en el que hoy se enmarca el cierre de Casahuerta.

En el marco de esa reconfiguración de la Educación Secundaria y de Adultos, Casahuerta quedó bajo la órbita de Adultos, y se vio obligada a desprenderse compulsivamente de la matrícula de alumnos juveniles, quienes constituían la mayoría de su población educativa.

Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que para la modalidad Adultos no está previsto que el Gobierno Provincial se responsabilice por los costos de transporte y Servicio Alimentario Escolar, los alumnos de Casahuerta comenzaron a transitar diversas dificultades para asistir a diario a la escuela.

Los jóvenes fueron redistribuidos, en consecuencia, en aulas de aceleración de planta urbana (un nuevo formato de Educación Secundaria). Esta decisión en particular carece por completo de sensibilidad social al desconocer la importancia que los espacios de pertenencia poseen en el marco de los procesos de trabajo educativo y de la conformación de las identidades juveniles. La pertenencia a un espacio no se impone ni se fuerza, sólo se construye con tiempo y trabajo.

Sin embargo, quienes son responsables de la toma de decisiones, sólo conciben la construcción educativa como un mecanismo decisional de pocos sobre muchos y creen tener la potestad de cambiar con órdenes y decisiones los sentidos identitarios que los docentes y trabajadores de la educación construimos con arduo y progresivo esfuerzo y vocación.

Nuestra pregunta apunta entonces en el siguiente sentido ¿cuál podría ser el destino de Casahuerta si su matrícula resulta completamente reducida y al mismo tiempo se quitan los recursos necesarios para sostener el proceso educativo con transporte y servicio alimentario? ¿Cuál es la valoración y las expectativas de nuestros jóvenes al ser despojados de años de trabajo, proyectos, y esfuerzos de construcción colectiva?

La penosa situación que hoy atraviesa Casahuerta es el resultado de deliberadas e insensibles políticas de ajuste que el Gobierno Provincial está llevando a cabo en cada distrito a través de sus brazos ejecutores: en este caso, Inspectora Distrital, Andreina Arostegui; Inspectora Regional, Emilse Marini; y  el propio Intendente Municipal, Pablo Petrecca.

El Gobierno Municipal ha desviado e intentado disimular su responsabilidad política aún cuando su rol en el marco de las políticas educativas a escala local resulta insoslayable. El Intendente Municipal ha decidido desoír los reclamos que su propia comunidad confiere a la problemática ante el peligro de continuidad de un proyecto educativo que, planificadamente, está siendo sometido a un cierre casi inminente.

En el mismo sentido, el despojo educativo es acompañado de eufemismos discursivos por parte de las autoridades, cuando indudablemente, de lo que se trata es del avance de políticas que atentan contra la Educación Pública, los proyectos de inclusión educativa y el trabajo docente.

En este marco de situación, el SUTEBA sostiene:

- Que las autoridades políticas y educativas citadas, son plenamente responsables del actual proceso de vaciamiento, despojo y destrucción de la Educación Pública

- Que el cierre planificado de Casahuerta se enmarca en dichos procesos de ajuste estructural comandado por las autoridades nacionales y provinciales en el campo educativo.

- Que el cierre de espacios educativos como Casahuerta, trae aparejado profundos y marcados procesos de exclusión y discriminación educativa.

- Que la clausura de Casahuerta implica no solo el cierre y abandono del espacio físico del proyecto, sino la destrucción de una genuina trama de trabajo, pertenencia e identidad que los educadores de nuestra comunidad han construido con profundo amor y vocación docente.

- Que nuestra comunidad repudia con marcado énfasis toda política que atente contra el derecho social a la educación y contra la integridad del trabajo colectivo y comunitario como sostén de sus prácticas.

- Que la continuidad del proyecto Casahuerta, tal como su comunidad educativa lo atesora, sólo será posible si el compromismo asumido con la educación pública de esta organización sindical, encuentra ecos en los distintos sectores sociales que entienden que la defensa de la Educación Pública es una cuestión de honor y una responsabilidad para sí y para las generaciones futuras.

A CASA HUERTA LA DEFENDEMOS ENTRE TODXS.

RESISTIMOS ESTA AVANZADA SOBRE LA ESCUELA PUBLICA JUNTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

LA CONTINUIDAD ESTÁ GARANTIZADA SÓLO SI CASAHUERTA CONSERVA SU ESPACIO FÍSICO Y RECUPERA SU MATRÍCULA INICIAL.

DE LO CONTRARIO NO ES CONTINUIDAD, ES CIERRE.