lunes 16 de junio de 2025

NACIONALES | 13 ene. 2024

SECTOR EN PELIGRO

Librerías ¡afuera!

El artículo n° 60 del DNU del Presidente Javier Milei establece la derogación de la Ley N° 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros. ¿Qué puede ocurrir con las librerías en medio de la libertad salvaje del mercado y a merced de grandes actores?


Por: Redacción Semanario de Junín

ancho tantas vidas, que el DNU lanzado por el presidente Javier Milei no para de cosechar rechazos en amplios sectores de la población.

El proyecto titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los rgentinos” que llegó al Congreso propone una reforma total del Estado mediante la declaración de emergencia pública en diversas áreas hasta diciembre de 2025. De aprobarse, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado para asumir facultades legislativas. El documento entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el ministro del Interior, Guillermo Francos, contiene 664 artículos y entre las numerosas áreas afectadas figura la industria del libro.

El artículo N° 60 establece: “Derógase la Ley N° 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros”. La norma conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera está inspirada en la Ley Lang sancionada en Francia en 1981 y, en esencia, busca proteger a pequeñas y medianas librerías frente a las lógicas comerciales de los grandes actores como cadenas o supermercados. Según esta normativa, editores, importadores y representantes de libros deben fijar un precio uniforme de venta al público (PVP); esto significa que los ejemplares tienen el mismo precio en cualquier punto de venta. Existe un consenso a nivel mundial sobre la necesidad de proteger a los comercios pequeños y medianos del rubro: países como España, Italia, Alemania, Noruega, Japón, México o Corea del Sur coinciden en la promoción del libro como un bien cultural esencial.

La norma que Milei pretende derogar revierte las asimetrías que aparecen cuando el mercado queda librado a las leyes de oferta y demanda. Las pequeñas y medianas librerías suelen tener a disposición de sus clientes catálogos con numerosos títulos: no todos ellos son best sellers y muchos pueden llegar a pasar años en sus estanterías. Los grandes actores, en cambio, tienen la capacidad de obtener importantes descuentos por comprar grandes volúmenes de aquellos títulos que lideran los rankings de ventas y luego los ofrecen a un precio muy bajo. El resultado de esa operación es una caída drástica de ventas en los locales especializados que marcan la diferencia por su atención al público, recomendaciones personalizadas y una curaduría atenta de sus catálogos.

La Fundación El Libro lanzó un comunicado que rechazó enfáticamente el proyecto de derogación que abarca las leyes de Protección de la Actividad Librera, de la creación del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro

Una de las grandes falacias en torno a esta cuestión es que, si se elimina el PVP, los precios de venta al público bajan. Esto ya se implementó en varios países y no resultó de ese modo, ya que la desregulación funciona como un instrumento para que los grandes jugadores de la industria puedan incrementar su cuota de mercado y achicar la de los eslabones más débiles hasta hacerlos desaparecer. 

Las repercusiones en el sector empezaron a circular de inmediato. La Fundación El Libro lanzó un comunicado que rechazó enfáticamente el proyecto de derogación que abarca las leyes de Protección de la Actividad Librera, de la creación del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro: “La Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”. El texto explica que el proyecto pone en riesgo la bibliodiversidad y sostiene que la derogación de la ley "haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”.

Víctor Malumian, editor en Godot y co- fundador de la Feria de Editores (FED), explicó a Télam que “uno de los malentendidos más comunes es que si se elimina la ley de precio único (PVP) el promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Es decir, a mediano plazo, no funciona”. 

El DNU libertario permitirá que los grandes actores potencien sus beneficios en desmedro de las pequeñas librerías

Mónica Dinerstein, presidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, advierte: “Lo que va a pasar, más allá del impacto concreto sobre las librerías, es que esta disposición va a matar al consumidor. No solamente porque los precios van a subir, sino porque esto viene acompañado de la liberación de comisiones y punitorios por incumplimientos sobre las tarjetas de crédito”.

Otro actor perjudicado serán las editoriales independientes que, si pierden puntos de venta como las pequeñas librerías, también corren el riesgo de desaparecer. “La derogación de la Ley del Libro pone en peligro a librerías y editores, pequeños, y no tan pequeños también. Favorece abiertamente a las grandes cadenas y a los pulpos. Es un ataque obsceno a la cultura, el trabajo y las pymes del sector”, expresaron en X desde la cuenta de Editorial Cactus. Y desde Blatt & Ríos escribieron: “Milei manda proyecto en el que deroga la Ley de PVP de libros. La Ley 25.542. Con esto las grandes superficies, supermercados, cadenas, van a atentar contra las librerías independientes y contra todo el sector. Y el primero que diga lo contrario es un ignorante”.

BIBLIOTECAS POPULARES, EN LA MIRA

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) también está incluida en la “ley ómnibus”. La CONABIP cuenta con gran relevancia en el interior del país y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se sabe, es uno de los actores más importantes. ¿Por qué? Se trata de bibliotecarias y bibliotecarios que integran las bibliotecas populares y que tienen la oportunidad, en cada edición de la Feria del Libro, de viajar y comprar con descuento libros para los lectores de la comunidad. La Feria abre en un horario especial para estos libreros, que traen en anotadores los pedidos de sus comunidades.

¿Cómo las afectaría de aprobarse el proyecto en el Congreso? El apartado quinto del documento es un apartado dedicado exclusivamente a la CONABIP. Las afecta sobre todo la derogación del Fondo Especial, que creaba la Ley 23.351. Fuentes cercanas a la Comisión advierten el desfinanciamiento a las Bibliotecas Populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a esas asociaciones civiles.

Según el texto propuesto, desaparecen los artículos que establecen que “además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares”. Y que ese Fondo se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos a las Bibliotecas Populares”.

A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros se anulan para ellas la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario —profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.

También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”. La nueva ley directamente la elimina.

Las Bibliotecas Populares fueron creadas por Domingo Faustino Sarmiento en 1866. La primera, la Biblioteca Popular Franklin, estuvo en la provincia de San Juan.

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