El proyecto de reforma laboral, contenido en la ley ómnibus XXS, que fue aprobado en el Senado con modificaciones, como la incorporación de penalidades para la protesta sindical, ahora deberá ser analizado nuevamente por Diputados. La cámara baja deberá resolver si refrenda los cambios o si insiste con la redacción de la norma tal como salió de ese recinto.

La ley consolida buena parte de las propuestas del gobierno de Javier Milei para el mercado de trabajo -como la condonación de multas a empresarios por empleo no registrado y el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral-, pero fue podada en varios aspectos a partir de planteos de la CGT.

Punto por punto, qué puede regresar y qué quedaría como salió del Senado:

-DESPIDOS JUSTIFICADOS POR BLOQUEOS. La penalización de las protestas es uno de los artículos que puede volver a cambiar. En el Senado, se incorporó el artículo 91 bis, que contempla como causal de despido sin derecho a indemnización la participación en "bloqueos o tomas de establecimientos; la afectación de la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; la obstrucción total o parcial del ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; la provocación de daños en personas o en cosas situadas en el establecimiento o su retención indebida".

El artículo generó la reacción de los gremios y en Diputados fue eliminado, junto con otros puntos también rechazados por la CGT como la eliminación de las "cuotas solidarias", pero fue reincorporado en el senado. ahora, tiene final abierto.

-LEY DE CONTRATOS DE TRABAJO. Hay otro aspecto de la reforma laboral que fue incorporado en el Senado y que ahora, con la ley de vuelta en Diputados, podría volver a modificarse: la disposición que excluye de la ley de contratos de trabajo a los contratos de obra, servicios y de agencia, que ya no podrán presentarse como prueba de una relación de dependencia.

Algo similar ocurrirá con los con los casos de prestación de servicio y facturación periódica, que ya no significará la prueba de vínculo laboral.

-CONDONACIÓN DE MULTAS. Uno de los artículos más defendidos por el Gobierno es el que plantea la condonación de infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza y extinguir acciones penales por evasión de aportes a los empleadores. La reforma laboral de Milei deroga el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales, además de borrar las deudas que allí se asentaban por falta de pago de aportes o contribuciones a la seguridad social.

-INDEMNIZACIONES. La reforma del sistema de indemnizaciones incluida en la reforma laboral es una iniciativa que Milei viene impulsando desde la campaña presidencial, cuando mantuvo reuniones por este tema con Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, gremio en donde ya se aplica este régimen. La ley tal como quedó en el Senado habilita a que sustituyan las indemnizaciones por despido por la constitución de un fondo de cese laboral cuyos detalles todavía se desconocen, porque en el texto solo se especifica que se implementará "según disponga el Poder Ejecutivo".

Además, se eliminará la doble indemnización por relaciones laborales no registradas y otros incumplimientos de empresarios.

-PERÍODO DE PRUEBA. En cuanto al período de prueba, la reforma laboral votada por ambas cámaras y que ahora deberá refrendar Diputados estira el actual plazo de tres meses a seis meses, que se pueden ampliar a ocho para empresas con una planta trabajadora entre 6 y 100 personas, y hasta un año en firmas de menos de cinco empleados.

La norma crea la figura del monotributista asociado y permite que un trabajador independiente sume hasta tres trabajadores para la realización de un emprendimiento productivo, sin que esto implique que exista una relación laboral entre sí. En la redacción original, el número de personal asociado habilitado era cinco, pero en la cámara alta se redujo a tres.

Se trata de una de las modificaciones que podría tener más impacto en el universo de pymes donde los trabajadores ahora serán independientes y deberán hacerse cargo de sus aportes, su obra social y su seguro de riesgos de trabajo.

UN ATAQUE A QUIENES VIVEN DE SU TRABAJO Aun en su versión reducida, la ley ómnibus habilita una serie de medidas que van a empeorar las condiciones de vida de gran parte de la sociedad.

Específicamente en materia laboral, contempla tercerización, inestabilidad en el empleo, flexibilización y nuevas formas de contratación, fondos de cese laboral como facilitadores de despidos, aumento del trabajo no registrado y habilitación de despidos discriminatorios, entre las principales.

Hace casi 20 años, el sociólogo polaco británico de origen judío Zigmunt Bauman reflexionó que en la palabra alemana unsicherheit se fusionaban tres nociones que eran signos distintivos de esta época. En español, “incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección”.

En este sentido, la llamada ley Bases no plantea nada esencialmente novedoso, pero avanza en la formalización de una tendencia que lleva décadas y que a principios de los años 2000 ya se analizaba como la deslaborización de las relaciones de trabajo. Deslaborización refiere a la negación -fraudulenta- de la existencia de una relación laboral, que tiende a quitar responsabilidad a los empleadores.

También hace muchos años se viene hablando de la “necesidad” de modernizar las ya modernizadas formas de contratación para que se adecúen aun más a las altas y bajas de la producción de bienes y servicios. Desde esta visión, la flexibilidad garantizaría la creación de empleo, que está siendo “desalentada” por la legislación protectora de los derechos laborales.

Casi 40 años atrás, en 1987, los Boletines Informativos del grupo Techint expresaban muy claramente estas preocupaciones. La Fundación FIEL le enviaba al presidente Raúl Alfonsín una carta donde evaluaba el “fracaso del estatismo” y sintetizaba una propuesta titulada El Gasto Público, Propuesta de Reforma del Sector Público, en la que estipulaban una serie de etapas de privatización de empresas estatales que culminaban con la privatización total.

Recomendaban “privatizar todos los servicios o actividades secundarias, como mantenimiento, transporte y otras análogas (…) Se establecerá (…) un mecanismo sencillo por el cual se permita y premie la iniciativa del sector privado en presentar propuestas de privatización (servicios de choferes, imprentas, atención de talleres de reparación)" y afirmaban que “todos los casos de descentralización y de privatización de tareas o servicios secundarios deben ir acompañados de la supresión de personal y los bienes y servicios afectados a la tarea que se descentraliza o privatiza, previo pago de la indemnización que corresponda”.

Sin embargo, allí reconocían un problema a superar: la existencia de resistencias sociales a estas medidas. Sin embargo, sin perder tiempo proponían que “la carga ideológica y la discusión política puede también atenuarse utilizando el procedimiento de venta a cooperativas de usuarios”.

Si algo no ha faltado en el think tank local es la iniciativa propositiva, tal como se observa en la actualidad. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien era responsable del departamento jurídico laboral de Techint durante la pandemia, expresó, en el marco de una entrevista que le hizo de la Universidad de San Andrés en plena crisis sanitaria, que, “conforme a las normas generales del derecho del trabajo, una persona que no presta una tarea no tiene derecho estricto a cobrar remuneración ni absolutamente nada por esa no remuneración”.