Luego de la reglamentación de la Ley Bases, la gestión de Javier Milei tiene vía libre para privatizar, en el corto o mediano plazo, las empresas que pertenecen al Estado argentino. El engranaje ya está en movimiento, luego de la aprobación de los balances y la transformación, en los casos necesarios, de sociedades del Estado a sociedades anónimas, se dará inicio al proceso de remate.

A través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ya fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas públicas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoría General Nacional y la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que aún no conformó el Congreso.

El listado inicial de empresas que la gestión del presidente Javier Milei buscaba sacar a la venta, en la primera edición de la Ley Bases, era de 41 empresas, pero finalmente solo terminaron incluidas para privatizar en forma total Enarsa e Intercargo, y en forma parcial Belgrano Cargas, Corredores Viales, Aysa, y Ferrocarriles, así como para incorporar capital privado a Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Cabe destacar que si bien Correo Argentino y Aerolíneas son algunas de las empresas que quedaron fuera de la posibilidad de privatizar, el Gobierno planea avanzar, en cuanto pueda, con un proyecto individual para cada una. Mientras tanto, entre cierre de oficinas y despidos, trabaja en la puesta a punto de cada una para cuando pueda sacarlas al mercado.

Una a una las empresas a privatizar y su impacto en la Provincia

Energía Argentina S.A

Enarsa es una de las compañías que se encuentran dentro del listado de empresas a privatizar. Esta se dedica a diferentes áreas del sector energético, tales como la importación y comercialización de gas, la realización de obras de infraestructura y la generación y el transporte de energía eléctrica.

La empresa es 100% estatal: el 97,95% de las acciones pertenecen al Estado nacional; mientras que las provincias de Chubut, Formosa y Río Negro cuentan con un 0,6% (0,2% cada una); las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego poseen el 1,44% (0,12% cada una) y la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, el restante 0,01%.

Una de las principales funciones de Enarsa está relacionada con la distribución de gas natural en todo el país. Para ello se encarga de la importación de GNL (gas que es convertido en líquido para ser transportado en barcos y luego es regasificado en puertos de nuestro país) y de gas natural proveniente de Bolivia. La traza troncal del Gasoducto Presidente Nestor Kirchner tiene una extensión de 573 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa.

En materia de energía eléctrica, Enarsa interviene en su generación a través de hidroeléctricas (comercializa la energía producida por las represas de Yacyretá y Salto Grande) y centrales térmicas y en el transporte, a través de la empresa Transener. Una de las dos termoeléctricas pertenecientes a Enarsa es la Termoeléctrica San Martín, ubicada en la Ruta 14 Km 2,6 de la ciudad de Campana (Argentina), sobre un predio de 341 hectáreas.

De esta manera, Enarsa tiene una estrecha relación con la provincia de Buenos Aires, actuando como un brazo del Estado nacional para garantizar el suministro energético en una de las regiones más importantes y demandantes del país. Además, podría traer consigo una serie de riesgos significativos para la Provincia, afectando tanto la economía local como el acceso y la calidad del servicio energético. Por ejemplo, la privatización podría implicar la transferencia del control de infraestructuras clave, como gasoductos y plantas de generación eléctrica, a manos privadas. Esto podría llevar a una menor capacidad del Gobierno provincial para intervenir en la gestión energética en situaciones de crisis o para garantizar la continuidad del suministro en áreas críticas.

Intercargo

Intercargo desempeña un rol crucial en la industria aeronáutica de Argentina, manteniendo una estrecha colaboración con Aerolíneas Argentinas. Dicha empresa se encarga de brindar servicios esenciales de handling aeroportuario, gestionando equipajes, carga, asistencia en pista y transporte dentro del aeropuerto.

La privatización de Intercargo y su estrecha relación con Aerolíneas podría anticipar la venta de la aerolínea de bandera de Argentina. Por mencionar un caso, Mar del Plata es un claro ejemplo de la importancia de Aerolíneas Argentinas. Con su Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla, la ciudad recibe un promedio de cinco vuelos diarios, siendo una parte fundamental de la red de destinos de la aerolínea.

La conectividad aérea proporcionada por Aerolíneas impulsa diversas actividades económicas y sociales, incluyendo negocios, cultura, deporte, educación y turismo. La privatización podría significar la reducción o eliminación de estos vuelos, afectando negativamente a la ciudad, su desarrollo y la competitividad de la Provincia.

Belgrano Cargas y Ferrocarriles Argentinos

La compañía estatal (Trenes Argentinos, perteneciente a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado), creada en 2008, opera 6 de las 8 líneas de trenes de pasajeros del AMBA, que representan el 85% de la demanda total. Tiene más de 23 mil empleados y en 2023 fue la segunda empresa pública con mayor déficit operativo, sólo superada por Enarsa. Cabe mencionar que en la mayoría de los países de América Latina el transporte de pasajeros está operado por empresas estatales.

Si bien Belgrano Cargas opera en el norte del país, la privatización de Ferrocarriles Argentinos podría conllevar una serie de riesgos para la provincia de Buenos Aires, afectando tanto la accesibilidad y calidad del servicio como la economía y la sostenibilidad a largo plazo del sistema de transporte ferroviario. Algunos de estos ya se han hecho visibles, como lo es priorizar las rutas más rentables y reducir o eliminar servicios en algunas áreas, especialmente las rurales, las cuales tienen un acceso limitado o nulo al transporte ferroviario.

Corredores Viales

Corredores Viales no significa otra cosa que las autopistas y rutas que atraviesan todo el territorio bonaerense, una futura privatización podría conllevar una serie de riesgos significativos para la Provincia.

Estos corredores son fundamentales para la movilidad, el comercio y la economía. Por destacar, la privatización podría limitar la capacidad del gobierno provincial de planificar y gestionar la red vial de acuerdo con sus necesidades. Al igual que el resto de las empresas, las decisiones sobre la infraestructura podrían ser guiadas por los intereses comerciales en lugar de las prioridades públicas.

AySA

Como se mencionó anteriormente, la empresa presta el servicio de agua potable en el AMBA y fue estatizada en 2006. Entre 2006 y 2022, la cobertura de agua potable pasó de 76% a 85% de cobertura y la de cloacas de 57% a 72%, esto da una muestra del avance que logró la empresa en manos del Estado.

En la actualidad, la compañía tiene alrededor de 7.500 empleados y un déficit de $117 mil millones, y su tarifa cubre el 61% de los costos de funcionamiento.

De acuerdo a lo que puede observarse, la intención del Gobierno es que la red de distribución de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires vuelva a manos privadas o a tener un socio privado que controle el management. Es decir, que AySA deje de parecerse a la ex estatal Obras Sanitarias de la Nación creada en 1912 y se asemeje a la ex Aguas Argentinas, como se llamó la empresa cuando la privatizó el gobierno de Carlos Menem.

Nucleoeléctrica Argentina

NA-SA es la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse. También, de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la energía producida por sus plantas y del gerenciamiento de proyectos que aseguren la normal operación de sus instalaciones, así como también de aquellos que tengan por objetivo la eventual construcción de futuras centrales nucleares en territorio nacional.

En la actualidad, es una sociedad anónima y su capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (ENARSA) (1%).

Sin embargo, las centrales nucleares Atucha 1 y 2, junto al Carem, no han logrado esquivar la aplanadora del Estado que es la gestión libertaria. Al igual que en otras áreas, el recorte de fondos empuja y la subasta pública empuja al sector nuclear a una situación crítica en la que, como han advertido a este medio, la venta y desguace es inminente.

Como la CNEA aún no ha recibido las transferencias para hacer el pago a sus proveedores y contratistas, firmas como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el INVAP interrumpieron varios de los frentes de construcción de distintos proyectos nucleares, como el CAREM o el Reactor Argentino RA-10 (Ezeiza), lo que podría derivar en la parálisis total.

Otra de las consecuencias del desmantelamiento son el tendal de despedidos, a la fecha se contabilizan alrededor de 70 trabajadores (de los 160 que recibieron los telegramas) desafectados de sus tareas. Si bien intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia, dictando una conciliación obligatoria provincial, el gobierno nacional hizo caso omiso y decidió finalizar el contrato de los 70 obreros.

Yacimientos Carboníferos Fiscales

La privatización de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), la empresa estatal encargada de la explotación de carbón en Argentina, podría tener varios riesgos significativos para la Provincia de Buenos Aires, aunque la mayoría de las operaciones de YCF están más directamente relacionadas con la región patagónica, especialmente en la provincia de Santa Cruz, donde se encuentran los principales yacimientos.

Sin embargo, debido a la interconexión del sector energético y la importancia de YCF en el contexto nacional, la privatización podría afectar indirectamente a la Provincia de Buenos Aires en varios aspectos.

Aunque el carbón no es la principal fuente de energía en la provincia de Buenos Aires, la privatización de YCF podría afectar la soberanía energética nacional, lo que tendría repercusiones en la Provincia. A su vez, una menor capacidad estatal para gestionar los recursos energéticos podría hacer que todo el entramado productivo bonaerense dependa más de fuentes de energía privadas, con posibles impactos en la estabilidad del suministro y los precios.