Por: Redacción Semanario de Junín

Tras llevar a cabo una asamblea que contó con una masiva participación, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) con sede en Junín, presentó ante la justicia federal de nuestra ciudad a cargo de Héctor Pedro Plou, una acción de amparo contra la AFIP y por su intermedio contra el gobierno nacional, en rechazo a la aplicación del impuesto a las ganancias.

Los trabajadores pertenecen en su totalidad a la planta de la empresa Cofco, que funciona en la localidad de Saforcada y casi al 80% de ellos se le descontará una suma considerable según el sueldo que perciban.

SEMANARIO mantuvo una entrevista en la sede gremial de la que participaron el secretario general Eduardo Donatelli, el adjunto Lucas Trinidad y Ruben Ortega y Jorge Gómez miembros de la comisión directiva.

Por su parte, Donatelli recordó que “desde el 2021 nuestro gremio ha manifestado su rechazo a la norma que grava el salario de los trabajadores, por lo cual no es un tema nuevo para nosotros, motivo por el cual y a diferencia de otros sectores decidimos a través de una asamblea con los trabajadores, presentar esta acción judicial”.

La presentación estuvo a cargo de los abogados Ignacio Iúdica y Eduardo Racero y se trata de un trabajo de 17 páginas, en el cual se sostiene la argumentación en rechazo de la norma por considerarla inconstitucional, al tiempo que detalla el perjuicio que causa a los trabajadores en convenio que asisten al deterioro de su salario por la crisis económica, agregándose además este impuesto, al que consideran indebido.

Los trabajadores pertenecen en su totalidad a la planta de la empresa Cofco, que funciona Saforcada

Vale recordar que el impuesto a las ganancias iba a ser derogado a partir del 1 de enero de 2024, tras la aprobación del congreso nacional el año pasado con el voto afirmativo del por aquel entonces diputado Javier Milei, quien a pesar de sus promesas de campaña lo reimpuso al arribar como presidente de la Nación.

Además, tras aprobarse recientemente la ley Bases y en función del nuevo piso implementado, muchos más trabajadores deberán tributar y el porcentaje del mismo será mayor.

La acción de amparo sirve para proteger los derechos fundamentales en situaciones donde es urgente tener una decisión judicial.

Hasta el momento el gremio aceitero juninense sería prácticamente el único del sector que se manifiesta contra el gravamen que afecta a más de un millón de trabajadores en todo el país, motivo por el cual se aguarda con expectativas la resolución judicial.

Eduardo Donatelli, secretario General; Lucas Trinidad, secretario Adjunto; y Rubén Ortega y Jorge Gómez, miembros de Comisión Directiva.

La quita en el salario generada por el impuesto, sumado a la pérdida por inflación, el encarecimiento del costo de vida y los tarifazos, generaron un cóctel de muy difícil digestión para los trabajadores afectados.

Por su parte el juez federal de Junín ya tiene en sus manos la acción de amparo tras la previa evaluación de la fiscalía la cual habría dado lugar a que el magistrado resuelva sobre la petición.

El juez federal de Junín ya tiene en sus manos la acción de amparo tras la previa evaluación de la fiscalía

¿PORQUE EL AMPARO?

La presentación de SOEA, llevada adelante por Iudica y Racero ante el juez Plou, promueve la “acción de amparo contra el Poder Ejecutivo de la Nación” y en su extensión plantea cuestiones razonables respecto a la que “el salario es una contraprestación por una tarea que el obrero desarrolla a las órdenes de su empleador y no una ‘ganancia’ propiamente dicha”, para luego considerar la “inconstitucionalidad” de dicha norma y expresar que posee “efectos retroactivos y no es nunca (desde ahora) como debería ser si la misma se ajustara al marco legal vigente”.

Recuerda asimismo que el gobierno actual “devuelve plena vigencia a un impuesto que en el año 2023 había sido prácticamente suprimido por parte del Congreso de la Nación”, debido a que, si se mantuviera el mínimo no imponible de aquel entonces, la cifra hoy sería de $ 3.514.727, motivo por el cual la gran mayoría de los trabajadores del gremio no serían alcanzados.

Pero las modificaciones introducidas en la ley Bases, aprobada recientemente por diputados, pero rechazada por la cámara Alta, bajó el mínimo no imponible alcanzando con el tributo al 80% de los trabajadores aceiteros de Junín.

Por ese motivo se indica al juez que esta nueva escala “es un ataque directo no sólo al derecho de la propiedad (…) sino también a la libertad de su uso y goce” estipulada en la constitución nacional como así también en el derecho al trabajo.

Ignacio Iúdica, abogado del SOEA.

Por otra parte, el escrito al que tuvo acceso SEMANARIO también refiere a la validez de la actual normativa, al ser aprobada por una sola de las cámaras legislativas, cuando debió haber acontecido en ambas tras las “correcciones realizadas”, puntualizando que el Senado de la Nación, rechazó en particular el “Título V” donde se hallaba la norma, motivo por el cual la aprobación de los diputados quedaría invalidad debido a que “dicho título no podía volver a tratarse en sesiones ordinarias del presente año”.

El gremio aceitero juninense sería prácticamente el único del sector que se manifiesta contra el gravamen

Esta omisión es uno de los pilares en los cuales se sustenta la presentación de SOEA, mientras que a ello se agregan la “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, además de la “afectación del normal desarrollo de los derechos consagrados”, como de la propiedad, el trabajo, la remuneración justa y, particularmente “la igualdad como base de las cargas públicas”.

A partir de ello presentaron las pruebas respectivas de lo antedicho y solicitaron al juez que resuelva favorablemente el amparo incluyendo que tenga en cuenta las urgencias debido a la situación de los trabajadores frente a lo que consideran una normativa injusta desde todo punto de vista.

EN NEUQUÉN LA JUSTICIA FEDERAL AVALÓ EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES

La Justicia Federal dictaminó la admisibilidad del amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén para pedir la marcha atrás de los descuentos a los trabajadores del Impuesto a las Ganancias, según publicó el diario “La Mañana”.

Además, ordenó que en un plazo de diez días el Estado nacional deberá responder al planteo que busca que los trabajadores no tengan descuentos sobre sus salarios.

"Los abogados de ATE recibieron la notificación del Juzgado Federal de Zapala notificando el dictamen del fiscal del fuero federal Juan Manuel García", confirmaron desde el gremio, y explicaron: "El mismo otorga la competencia al mencionado juzgado".

En otro tramo de la resolución el juez dijo que "en cuanto a la presencia de la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas: tenemos que, con la aplicación del descuento a realizarse en los haberes de los aquí representados por ATE en concepto de Impuesto a las Ganancias, se encontraría avasallado de manera arbitraria, el derecho a la propiedad de los mismos, derivando el accionar del Estado en la disminución compulsiva del patrimonio de aquellos".