El Gobierno de Argentina reglamentó, mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el título sobre los contratos de obra pública y de provisión de bienes y servicios incluido en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella de Javier Milei, que fue aprobada por el Congreso a finales de junio.

Se trata del Título III, que contiene modificaciones en la Obra Pública (Ley 17.520) y permite cambios en el régimen de contratos, transacciones y régimen de iniciativa privada. El decreto se publicó en el Boletín Oficial y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El primer artículo habilita al Gobierno a rescindir o renegociar contratos de obras públicas y de prestación de servicios firmados antes del 10 de diciembre de 2023, junto con los proyectos que representen un costo mayor a $ 10.000 millones.

¿Quién se hace cargo?

Desde la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, señalaron que las provincias deberán hacerse cargo de 799 obras transferidas. Ya son 20 las que suscribieron este tipo de convenios.

Son proyectos licitados por Nación, por lo que los contratos fueron suscritos por el Estado, por lo que, al ser aceptada por los mandatarios provinciales, la transferencia les traslada la responsabilidad. Incluyen la construcción de viviendas, obras de saneamiento e infraestructura vial, urbana, sanitaria y educativa, entre los proyectos más relevantes.

Adhirieron Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Faltan cuatro: la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Formosa. Son los distritos políticamente más opositores a la administración de Milei. En ese sentido, el Gobierno Nacional avanza con reuniones con funcionarios locales para destrabar la negociación.

En los casos donde las obras ya están avanzadas, las provincias se harán cargo mayormente con recursos propios. Pero para financiar proyectos incipientes, buscarán apoyo de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (Corporación Andina de Fomento, CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Desde las gobernaciones, reconocen que poner en marcha las iniciativas “llevará tiempo” por el cambio contractual. La revisión implica priorizar las obras más urgentes. Según los últimos datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), hay 3.500 obras públicas paralizadas y se perdieron 130.000 puestos de trabajo, la mayor parte, en la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la entidad, la pérdida es a razón de entre 2.000 y 3.000 empleos directos por mes.

El sector de la construcción ya da por perdido a 2024, con una pérdida por US$ 6.000 millones. Y el recorte en la obra pública ya tiene su derrame en las empresas. La semana pasada, el grupo Roggio entró en default, al informarles a sus acreedores que no pagará los servicios de las obligaciones negociables (ON) emitidas en 2021 por US$ 358.050.306 con una amortización prevista de 7,5% nominal anual por el período de intereses correspondiente al primer semestre de 2024.