La Cámara Federal porteña ordenó este lunes la indagatoria y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello, acusados de ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país, según revelaron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el régimen de Maduro y luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle tormentos y torturas.

“Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”, afirmó el tribunal. “Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, añadió el fallo al que accedió Infobae.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens remarcaron que “en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.

El fallo ordenó, además, “proceder de la misma forma en relación a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes que fuesen identificadas o aquellos otros que resta identificar”. Y le encomendó al juez Sebastián Ramos, a cargo de la investigación, seguir recepcionando “declaraciones testimoniales de aquellos damnificados que se han presentado al tribunal”.

El pedido de detención fue impulsado por el abogado Tomás Farini Duggan, representante legal de Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), encabezado por Waldo Wolff y apoyado por la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien también se sumó al reclamo. Sin embargo, inicialmente el juez Ramos había rechazado el planteo por considerar que las diligencias ordenadas por la Cámara Federal al abrir la causa no estaban completas.

En la resolución de hoy, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal hicieron hincapié en “la trascendencia y la significancia, a nivel universal, que suscita la promoción de esta investigación en la República Argentina sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, tras señalar los parámetros de los principios de complementariedad y subsidiariedad que están en sintonía y se entrelazan con nuestra normativa (Constitución Nacional, el Estatuto de Roma, los tratados internacionales, los códigos de forma y fondo).

El fallo también destacó que “la legislación local es receptiva, en el contexto involucrado, para subrogar a la justicia extranjera frente a denuncias que contienen raíces sistémicas, consecuentes y prolongadas en el tiempo sobre la población civil, las cuales son marginadas en su ámbito natural o transitan, por distintos motivos, a otro ritmo ante la Corte Penal Internacional. Y que ante el progreso de ellas, se determinará a futuro -siempre y cuando coincida toda la sustancia- cuál jurisdicción continuará con el caso, para evitar el doble juzgamiento”. En base a la “urgencia y la necesidad” en post de “la búsqueda de una solución que no puede dilatarse en el tiempo, por la jerarquía de los derechos vulnerados, la pesquisa afianzó su tramitación en el Poder Judicial Federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los jueces decidieron unificar todas las denuncias en una misma causa: “el entramado que existe detrás de todas estas acciones coincide en dos elementos que son esenciales para definir el agravio: el sujeto activo -la cúpula del dominio político venezolano- y el sujeto pasivo -la población civil-. Pero fundamentalmente, debe tenerse en cuenta que estos actos pueden haber sido llevados a cabo a través de un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada, por parte de quienes ocupan las altas cúpulas del Estado venezolano. En esta etapa inicial, la investigación independiente de cada uno de los sucesos dificultaría la pesquisa de este presunto marco fáctico.”

Tras repasar las pruebas, los testimonios y las diligencias, los jueces concluyeron en ordenar la indagatoria y la inmediata detención. “HACERLE SABER al titular del Juzgado Federal Nro. 2 que deberá proceder, en consideración a la prueba colectada y con la mayor celeridad, a recibirle DECLARACIÓN INDAGATORIA a NICOLÁS MADURO MOROS y DIOSDADO CABELLO y a todos aquellos funcionarios y/o personas a las que se alude” en la nómina investigada. “ENCOMENDAR al magistrado de grado que DILIGENCIE DE INMEDIATO LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN de NICOLÁS MADURO MOROS y DIOSDADO CABELLO, DEBIENDO DISPONER VÍA INTERPOL LA CAPTURA INTERNACIONAL CON FINES DE EXTRADICIÓN A LA REPÚBLICA ARGENTINA”, se sostuvo.