Llegó un nuevo freno al aumento considerable en las tarifas de luz, gas y agua en uno de los distritos más importantes del Conurbano bonaerense. El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordenó a las empresas prestatarias cumplir, en todo el municipio de La Matanza, una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo.

A raíz de esta sentencia las empresas prestadoras de los servicios no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas.

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, celebró esta decisión de la justicia y cuestionó al gobierno nacional: “La gestión deshumanizada que lleva adelante Milei arrincona a los argentinos y argentinas. El gobierno nacional tomó la decisión de que el ajuste lo paguen las y los más débiles. Una manera de hacerlo fue con el brutal aumento de tarifas. Con este amparo, La Matanza logró frenar en el municipio los tarifazos que, en promedio, aumentaron 370%, según estudios de CONICET y UBA, y afectaban a miles de familias, comercios, clubes y trabajadores”.

Según indicaron desde el municipio matancero, “los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de Pobreza Energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000%”.

A partir de los anuncios de aumentos y de que comenzaron a llegar las facturas, creció el reclamo de la comunidad, expresado en las multitudinarias asambleas realizadas por la Multisectorial de La Matanza, en las que los curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el municipio, coordinaron la presentación judicial para oponerse a estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad.

El reclamo del Municipio de La Matanza avanza sobre la cuestión de fondo, que es establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectadas por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población, lo que se vio reflejado en un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en sólo los primeros seis meses de la presidencia de Milei