Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 444 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2025

La Libertad Avanza (LLA) llegó a la política como un “elefante en un bazar” y no para de romper viejas estructuras partidarias, sin que pueda determinarse hasta el momento si dejará algo positivo de todo eso.

Esta alianza variopinta que recién después de ganar las alecciones en 2023 empezó a tomar forma de partido político en algunas –hasta ahora- pocas provincias, resulta una caja de sorpresas que en cada caso y en función de la grieta cada quien considerará su calidad.

El panorama para la clase política es de “conmoción”, incluso para aquellos que creían tener “cintura” y quedaron atrapados en una telaraña bien pegajosa.

El caso del PRO es paradigmático y pega de lleno en nuestro distrito por el alineamiento obsecuente que ha mostrado el intendente Pablo Petrecca desde su llegada al poder hace nueve años.

El jefe comunal, desde que perdió sus boletos al apostar por Horacio Rodríguez Larreta en las internas, es casi un paria, sostenido únicamente porque junto a la intendenta de 9 de Julio son los “caciques amarillos” que quedan en la Cuarta sección.

Sus mismos allegados confiesan que vive sus horas más aciagas ya que no pudo cerrar ni un solo acuerdo para inmiscuirse con LLA a nivel local, ni tampoco recuperó terreno en el PRO, donde para colmo sus socios políticos en un par de meses fueron virtualmente crucificados con denuncias relacionadas con prácticas corruptas.

Petrecca no es ajeno a ello y hasta ahora contó con el salvavidas judicial que desechó las denuncias en su contra, tanto en el juzgado ordinario como el federal, pero le quita el sueño correr la misma suerte de quienes fuera servicial “soldado” y hoy están en el ojo de la tormenta.

El alcalde sabe que todavía no brindó explicaciones satisfactorias por la compra y refacción de su mansión en el barrio más top del centro juninense, cuando apenas había cumplido dos años de mandato. Su situación es bastante similar a la que le achacan a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su morada en Recoleta.

Por otra parte, a nivel local podría llegar a investigarse finalmente el papel del obispo de la iglesia petrequista, Guillermo Alberti, quien se fugó a la Patagonia al conocerse las denuncias en su contra y de su esposa, Cecilia Monserrat, referidas a la presunta “buena fortuna” lograda en poco tiempo, sumando más de 30 propiedades en 2018 (hoy serían más) y una decena de autos de alta gama.

Vale recordar que Alberti fue nombrado “coordinador general de la secretaría de Espacios Públicos (ex Talleres Municipales)” en 2015, apenas estrenado Petrecca, quien le pidió la renuncia tres años después cuando las “papas quemaban”.

Tal vez sea un deseo demasiado grande pedir que se termine la joda a quienes han abusado de la polis para favorecerse ellos y sus amigos

EL PRO EN LLAMAS

Si bien podría pensarse que a través del planteo de “ficha limpia” (el proyecto que busca inhabilitar a los candidatos procesados), el gobierno nacional haya lanzado una especie de “mano pulite” como en la Italia de 1992, a decir verdad y acostumbrados a los negociados partidarios, más bien se podría vislumbrar un pase de factura o “carpetazo”.

Sin embargo, al calor del verano la disputa entre Milei y Mauricio “está que arde” y aquellas investigaciones paralizadas empezaron a moverse rápidamente por voluntades misteriosas, así fue con Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, sin olvidar el propio escándalo familiar del jefe PRO.

Alejandra, hermana de Mauricio, reclamó días atrás ante la justicia su parte en las casi 400 firmas que estarían vinculadas al grupo familiar. En este listado figuran algunas que fueron parte de la filtración de los Panama Papers y Kagemush S.A, como Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas que aparecen en el registro Público de Panamá.

Según aclaró Alejandra en el documento presentado, allí se incluyen no solo los bienes declarados en el juicio de sucesión, ya que hay parte que aún “se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información”, búsqueda que no cuenta con la colaboración de los hermanos Macri.

“A partir del silencio de los coherederos demandados con respecto a la denuncia de bienes que integran el haber relicto (siendo que ellos fueron siempre los hijos cercanos al causante y que participaron conjuntamente con su progenitor en la gestión de todos sus bienes), mi representada se vio en la obligación, durante estos años, de tratar de averiguar cómo se integra este patrimonio”, señaló.

En el escrito menciona que para realizar el reclamo se basó en la literatura publicada acerca de la familia, trámites realizados en el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, el sitio de consulta pública de registro de sociedades de Londres y publicaciones periodísticas, entre otras fuentes. “El presente listado tiene efecto meramente enunciativo, y no taxativo en tanto que en el futuro podrán descubrirse otras sociedades vinculadas”, aclaró en forma enigmática.

El panorama para la clase política es de “conmoción” incluso para aquellos que creían tener “cintura” y quedaron atrapados en una telaraña bien pegajosa

RITONDO

El diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados y que cuenta con un gran aprecio por parte de Milei, enfrenta sin embargo una ampliación de la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y administración de bienes no declarados.

La acusación, liderada por el abogado Jeremías Rodríguez, incluye ahora más de diez propiedades en Pinamar, además de inmuebles previamente mencionados en Miami y otros activos en Argentina.

La nueva presentación señala que Ritondo tendría al menos 10 propiedades en el exclusivo balneario de la costa, entre ellas un edificio con varias unidades funcionales, cuya titularidad estaría vinculada a la empresa «Emprendimiento Rivadavia S.A.», supuestamente presidida por el propio diputado.

Además, la denuncia apunta a terrenos y emprendimientos inmobiliarios en la localidad costera, lo que ha llevado a solicitar allanamientos en la Secretaría de Planeamiento de la municipalidad de Pinamar, actualmente bajo la gestión de Juan Ibarguren, aunque controlada políticamente por Martín Yeza, también del PRO.

Esta ampliación se suma a la denuncia inicial que investiga cinco propiedades en Miami valuadas en un total de USD 2.600.000, y a la revisión del patrimonio nacional de Ritondo, que involucra a su esposa Romina Diago y a su cuñado.

Según los denunciantes, Diago habría tenido un rol clave en el entramado financiero a través de sociedades en las que figura como representante. Al estar casados, la legislación argentina establece que los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges son gananciales, lo que implicaría que el 50% debería figurar en sus declaraciones juradas, algo que no habría ocurrido.

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, también amplió su denuncia en la Unidad de Información Financiera (UIF) y en el Juzgado Criminal Correccional N°2 de Comodoro Py, señalando la existencia de un entramado de más de 72 inmuebles y una flota de autos de alta gama vinculados a Ritondo y su círculo familiar.

Pablo Petrecca cuenta con el salvavidas judicial que desechó las denuncias en su contra, tanto en el juzgado ordinario como el federal

SANTILLI

Según el sitio Diagonales, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli, ferviente impulsor de la ley de "Ficha Limpia", figura en ARCA (ex AFIP) como monotributista, mientras que el grupo familiar Santilli- Forchieri (apellido de la madre del legislador) posee al menos 14 empresas locales y dos offshores. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las capturas compartidas, aparece Darío César Santilli, hermano de Diego, quien es identificado como CEO de South Tourin LLC, una sociedad registrada el 9 de diciembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, un territorio considerado de baja tributación.

Esta empresa se dedica al alquiler de propiedades y comparte dirección con otras múltiples sociedades gestionadas por intermediarios especializados en la creación de offshores.

En 2021, en el marco de las elecciones legislativas de aquel entonces, Diego Santilli tuvo que salir a defenderse, ya que había aparecido en los reconocidos Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló la metodología con la cual monarcas, figuras de los medios y jefes de Estado y de Gobierno disimulan sus fortunas o sus operaciones fraudulentas por medio de empresas fantasmas que les permiten mudar enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

La disputa entre Milei y Mauricio “está que arde” y aquellas investigaciones paralizadas empezaron a moverse por voluntades misteriosas

VIDAL

María Eugenia Vidal, que llegó a despertar tanta ternura en muchos de sus votantes y a quien el intendente Petrecca se confesaba como fiel “soldado” durante la gobernación que llevó a cabo desde 2015 a 2019, enfrenta también varias denuncias.

Por un lado el juez federal Alejo Ramos Padilla avanzó con el procesamiento de cuatro dirigentes en el marco de la causa de los “aportantes truchos”, a los que investiga por ocultar ilegítimamente el origen de los fondos que financiaron las campañas electorales de las PASO y generales del año 2017 en la provincia de Buenos Aires, en ese momento gobernada por María Eugenia Vidal.

La resolución del magistrado fue doble: por un lado procesó a Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin (responsables financieros de Cambiemos) y a Mauricio Redigonda (apoderado); mientras que en simultáneo rechazó el pedido de excepción por falta de acción solicitada por los acusados, que pretendían evitar e inicio de la causa penal hasta que no se formalizara el “proceso de naturaleza electoral”.

El caso se conoció por una nota periodística difundida en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos – recibían planes sociales- figuraban como donantes de fondos de la campaña de Cambiemos. Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

En la causa se investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña y el binomio integrado por Esteban Bullrich y Gladys González en Senadores.

La denuncia que enfrenta Vidal y se asemeja bastante a la de su ahora “ex soldado” juninense, se refiere a que en 2022 la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, fue denunciada por el abogado Yamil Castro Bianchi por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por inconsistencias en su declaración jurada de bienes a raíz de la compra de un departamento en Recoleta. La investigación quedó en manos del juez Ariel Lijo quien ha sido atacado por Macri tras su designación para integrar la Corte Suprema.

El foco de la denuncia se basa en supuestas irregularidades en la compra de un departamento en el barrio de la Recoleta, en la exclusiva zona "La Isla", por un valor de 340.000 dólares.

Según consta en la presentación, Vidal realizó la escritura a mediados de 2019, cuando todavía era gobernadora, y unos días después de presentar la declaración jurada correspondiente a ese año, en la cual informó un patrimonio de 95.000 dólares, decidió adquirir el departamento.

“El patrimonio hasta ese momento declarado no alcanzaba para realizar esta compra, pero aun así lo compró, sin haber justificado hasta el momento la procedencia de la diferencia de efectivo que debió conseguir para su adquisición”, detalla la denuncia.

Al terminar su mandato como gobernadora el 9 de diciembre de 2019, la declaración jurada de Vidal registraba el departamento con un valor de 1.178.666 de pesos. Finalmente, en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, al asumir como Diputada Nacional, declaró el mismo inmueble de Av. Pueyrredón en un valor de 19.730.880 pesos.

Cuando la noticia salió a la luz, Vidal evadió las preguntas sobre el tema e intentó justificar la operación inmobiliaria sin aportar datos concretos. “Es el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi ex marido. Una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años”, indicó a distintos medios.

Si el año arranca de esta manera, teniendo en cuenta además que habrá elecciones de medio término, se podría esperar que la política termine “prendiéndose fuego”, pero como se sabe es el arte de lo posible (¿o lo imposible?) y todo puede pasar. Tal vez sea un deseo demasiado grande pedir que se termine la joda a quienes han abusado de la polis para favorecerse ellos y sus amigos.

O tal vez esto resulte sólo en un chisporroteo entre la misma calaña, disputándose poder y dinero.

En ese caso sumarían otra frustración.

 

LA CASA DE PETRECCA 

En marzo de 2018, SEMANARIO publicó detalles de la suntuosa refacción que llevaba a cabo Pablo Petrecca en la amplia casa adquirida en Italia, entre 25 de Myo y Avenida San Martín, que consta de piscina, amplios y confortables ambientes, sótano y hasta un microcine.

El jefe comunal mantenía su tarea en secreto y a pesar de las notas que brindó a la prensa amiga luego del escándalo, nunca pudo dar respuesta concreta respecto de cómo había logrado el dinero para semejante inversión.

Según se supo en aquel entonces hasta recibió un reto por parte de sus jefes políticos (los mismos denunciados ahora) por la falta de discreción.

Además, la casa donde vivía el alcalde terminó siendo adquirida por la (siempre) diputada Laura Ricchini en un valor por encima del real con el fin de sumar a la fastuosa inversión de su amigo, pero eso no alcanzó. De hecho, y según las declaraciones juradas de entonces, la misma propiedad que Ricchini compró en $1.218.734, Petrecca dijo haberla vendido en $2.800.000. Sí, casi $ 1.400.000 de diferencia. Algo que hasta el momento nadie de la justicia se dedicó a investigar.