El tema es importante para Junín porque las rutas nacionales 7 y 188 atraviesan buena parte del distrito y posee una gran singularidad a la hora de determinar el desarrollo estratégico del territorio.

A mediados del mes de febrero se realizó un encuentro entre los gremios y autoridades de Vialidad Nacional, oportunidad en la cual se les informó a los representantes de los trabajadores que el gobierno que encabeza Javier Milei ya decidió definitivamente el achicamiento y desaparición -al menos del nombre- de la institución.

Delegados laborales dialogaron luego con empleados de la VN a quienes le plantearon crudamente la situación y la incertidumbre que viven hasta los propios directivos, los cuales tampoco cuentan con demasiada información respecto al futuro.

Los gremios se comprometieron a luchar “para que ningún compañero pierda el trabajo”, pero se sabe por otra parte del avance de la motosierra que va por un fuerte achique que podría dejar sin empleo a unos 2000 operarios, mientras que otros pasarían a formar parte de la Agencia de Seguridad Vial.

“¡Tenga cuidado señor presidente, lo están engañando! La concesión de obra pública, así como se ha diseñado en los pliegos pertinentes no es una concesión, es una obra pública convencional disfrazada de concesión”, indican los trabajadores.

El suceso se relaciona con el reciente anuncio respecto a que el Gobierno Nacional llevará adelante la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520.

En este sentido, se delegará en el Ministerio de Economía la facultad para efectuar el llamado para dar inicio al proceso licitatorio por etapas de la Red Federal de Concesiones.

Esta fase contempla la licitación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales en 11 tramos, entre los que se encuentran 5.800 kilómetros actualmente concesionados por la empresa pública Corredores Viales S.A.

Justamente para referirse a esta situación La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional emitió una “carta abierta a los argentinos”, titulada “Concesiones viales, una trampa piramidal”.

En la misma inician con una advertencia “¡Tenga cuidado señor presidente, lo están engañando! La concesión de obra pública, así como se ha diseñado en los pliegos pertinentes no es una concesión, es una obra pública convencional disfrazada de concesión”.

Alegan que “los pliegos desarrollan un conjunto de tareas y actividades que la Empresa Concesionaria debe realizar, por kilómetro o por unidad de medida, a lo largo de varios años de esa presunta concesión. Tareas que son insuficientes para restablecer un adecuado nivel de seguridad y confort para los usuarios”.

Añaden la carta que “No existe ninguna exigencia que obligue al concesionario a superar las exiguas cantidades exigidas en los pliegos a fin de que realice, a propio riesgo, la totalidad de las tareas para un adecuado nivel de servicio, tal como debe esperarse en una concesión”.

Puntualizan quienes conocen la situación vial en la Argentina que “en definitiva: ¡No existe un riesgo empresario! No se establece un nivel de servicio mínimo, ni ningún otro parámetro mínimo exigible de evaluación de los corredores”.

Según las indicaciones “Se podrán entregar los tramos concesionados por un mínimo de veinte años y máximo de treinta años y no prevé una evolución de la traza del camino acorde con el crecimiento demográfico de la población y el crecimiento del tránsito pasante”.

Agrega que “No se construyen autopistas, no se construyen autovías, no se pavimentan banquinas, no se construyen terceras trocas, etc. Estos conceptos serían lo opuesto a una concesión de obra pública propiamente dicha”.

Los referentes de VN expresaron que “se trata de una Obra Pública de Mantenimiento”, con ítems por unidad de medida, a la que simplemente se le ha cambiado la modalidad de pago. En lugar de emitir certificados mensuales para abonar a la Empresa Concesionaria, se ha resuelto que sea la ciudadanía con el pago de un impuesto diario, quien solvente la inversión en cada corredor”.

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional ya había anticipado la situación en otra carta abierto con fecha del 6 de noviembre del año anterior y ahora, con la confección de los pliegos de bases y condiciones recientemente dados a publicidad, “lo hemos corroborado y ratificado”, dijeron.

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional ya había anticipado la situación en otra carta abierto con fecha del 6 de noviembre del año anterior.

NO MEJORA EL DETERIORO

Advierten los empleados que “las obras previstas no resuelven el deterioro del corredor” y explican que “según los cálculos preliminares, las obras previstas llegan tarde y mal”.

Agregan que “el estado actual de los corredores, no admite que se cobren peajes siderales y solo de prevea una mínima repavimentación en los años 2, 3 y 4 y del mismo modo, solo se considera una segunda repavimentación mínima en los años 11, 12 y 13. Y desde allí, hasta el año 30, no se hace nada”.

Por otra parte, expresaron que se trataría de “un fabuloso negocio inmobiliario” ya que “se autoriza a realizar nuevas explotaciones complementarias o colaterales para obtener ingresos adicionales, sin ningún tipo de límites o condicionantes”.

Incluso, “se utiliza la zona de camino y terrenos remanentes para esas explotaciones, poniendo en riesgo la seguridad del tránsito y los usuarios”.

También se autoriza a que “la empresa Concesionaria se pueda dedicar a actividades de explotación comercial tales como la construcción e instalación de centros comerciales; farmacias; paradores de camiones con o sin instalaciones auxiliares de descanso, recreación y aseo; lavaderos de autos y camiones; hotelería; sucursales bancarias con y/o sin empleados; cajeros automáticos; confiterías; restaurantes y sitios de esparcimiento estaciones de servicio para automotores, unidades sanitarias, centros logísticos; depósitos fiscales; ductos diversos; redes de fibra óptica y telecomunicaciones, antenas y estaciones de telecomunicaciones, refugios de paradas de transporte público, paradores de transporte de pasajeros, entre otros”.

Estas actividades comerciales se “instalarían en ‘áreas de servicio’ ubicadas dentro de la zona de camino” remarcaron desde la asociación, aclarando que “la zona de camino no es un lugar apto para construir centros comerciales, hoteles, restaurantes o sucursales bancarias y transgrede las normas vigentes de la Dirección Nacional de Vialidad”.

A todo ello, sumaron que “no especifica que pasa con esas inversiones cuando termine la presunta concesión de obra pública, por lo que puede ser que la empresa concesionaria mantenga la propiedad de ese bien, en la zona de camino que es del Estado Nacional y además, que exista otra empresa concesionaria para administrar una nueva concesión, en el mismo corredor”, concluyeron desde el cuerpo de empleados de Vialidad Nacional.