Por: Redacción Semanario

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 454 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2025

La Dirección de Control Disciplinario de la policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una auditoría en Junín y halló innumerables irregularidades, tal como lo había adelantado SEMANARIO oportunamente. Por ese motivo imputó a los altos mandos de la fuerza a nivel local, los cuales podrían ser echados de la fuerza, debido a que “surge la existencia de hechos que constituyen faltas graves al régimen disciplinario, y sospechas bastantes de la responsabilidad del personal policial individualizado”, motivo por el cual se procedió a las notificaciones respectivas.

La tarea llevada a cabo tras una recorrida del personal de Asuntos Internos de la fuerza de seguridad bonaerense, detectó hechos de gravedad relacionados con el cobro de horas extras y adicionales, facturación de combustibles, estado de las dependencias, personal que no concurría a prestar servicios y otros ítems que llevaron a determinar que: “se observa, un claro desaprovechamiento de los recursos humanos y logísticos asignados, evidenciándose una clara mala administración de todos los recursos pre existentes en dicha área, lo cual atraviesa a todos los estamentos subordinados”.

En un informe de 26 páginas (se puede descargar desde este link: (https://es.scribd.com/document/841231637/Asuntos-internos) fechado el pasado 6 de marzo en Pilar y al que tuvo acceso este medio, se indica que en “la prueba recolectada, se ha verificado la ausencia total de contralor y/o supervisión para con sus subordinados respecto de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín, lo cual evidencia una actitud pasiva de quien oficia como resorte de control y garante de la calidad del servicio de seguridad brindado”.

La investigación fue encabezada por el Comisario Inspector Osvaldo Domínguez, quien se apersonó a la departamental ubicada en Quintana 35 de nuestro medio

DESCONTROL MUNICIPAL

Tras lo escandalosa que resultó esta investigación por parte de asuntos internos de la policía, queda al desnudo -al menos- la impericia de la municipalidad de Junín en el control de las actividades de la fuerza. Precisamente sus funcionarios que se mostraban críticos hacia el gobierno de Axel Kicillof respecto al tema de la seguridad, en este caso pasaron por alto su propia responsabilidad.

Vale recordar que el área respectiva en la Provincia de Buenos Aires está gestionada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Bonaerense y los municipios.

El primero elabora, implementa y evalúa las políticas de seguridad pública. Cuenta con un Programa Integral de Protección Ciudadana que se implementa en los municipios. Este programa se basa en la participación y la focalización, y cuenta con dispositivos de localización y salas de monitoreo.

Sin embargo, frente al informe de la Bonaerense sobre el descalabro en Junín, el secretario de Seguridad, Lisandro Benito, intentó minimizar los hechos de gravedad y deslindó responsabilidades a sabiendas que las tiene y mucha.

Se investigan también las rendiciones que correspondían a espectáculos deportivos realizados en Junín, por sumas millonarias.

Del mismo modo, los medios de prensa petrequistas hicieron silencio frente a la preocupante situación.

Se trata de un “secreto a voces” desde hace tiempo esta situación de la que nadie hasta ahora se hace cargo.

Los rumores daban cuenta del presunto enriquecimiento ilícito de jefe policiales que no tienen prurito en pasearse a bordo de sus vehículos de alta gama o realizando inversiones en negocios de Junín y en la compra de propiedades.

Todo ello generado por los supuestos negociados a través del descontrol generalizado que nadie revisa y que la municipalidad no puede desconocer con la inversión millonaria que realiza en la policía con las tasas que pagan los vecinos.

Esto ha llevado al desgaste de los efectivos de menor rango que se ven amenazados por sus superiores con traslados inverosímiles a poblados alejados que le harían perder el contacto con sus afectos.

Del mismo modo, es constante la violencia institucional en perjuicio particularmente de las mujeres de la fuerza que deben soportar los avances de los machirulos que claramente abusan de su posición de poder a través del hostigamiento y el maltrato.

La tarea llevada a cabo tras una recorrida del personal de Asuntos Internos de la fuerza de seguridad bonaerense detectó hechos de gravedad en Junín

RESPONSABILIDADES

En el auto de imputación por las irregularidades halladas, la dirección policial llamó a presentarse al Comisario Inspector Pablo Andrés Fernández, Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín; a la Comisario Laura Anahí Quiroga, segunda Jefa de la departamental, al comisario Heber Muños, jefe de Turno del Comando Patrullas; al subcomisario Eric D’Annunzio titular de la comisaria Junín Seccional 1ra; la subcomisario Nadia Avendaño segunda Jefa de Comisaria Primera; al subcomisario Roberto Oruza, jefe del Comando Patrullas Junín, al segundo jefe de esa dependencia Subcomisario Federico Guaita-Canelo; también incluye la Oficial Inspector (CDO) Amabella Ottaviano Jefa de la Sección Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín; Oficial Subinspector Paola Montenegro y a otros siete efectivos, de áreas administrativas hallándose, según la presentación “prueba suficiente para tener por acreditada la falta disciplinaria normada en el artículo 207 incisos “N” del decreto 1050/09, el cual reza: “son faltas graves:… n) Omitir por acción u omisión todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al personal policial por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de este una grave afectación a su racionalidad y legalidad en la actuación policial”, toda vez que los funcionarios públicos incumplieron con lo establecido en la Ley de Personal 13.982, referido a los deberes que posee todo efectivo policial, en cuanto a la observancia de sus funciones y cargos de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes”.

Pablo Fernández. Jefe de la Departamental Junín

Respecto a los jefes destacaron que tanto el comisario Fernández, como Quiroga, Oruza, Guaita-Canelo, D’Annunzio y Avendaño, “revestían funciones trascendentales para la prestación del servicio de seguridad para la comunidad en general, incumpliendo con su conducta las obligaciones referentes a ejercer el debido control sobre los recursos operativos a su cargo, advirtiéndose una deficiente tarea de patrullaje en el terreno jurisdicción bajo su órbita, entre otras irregularidad relacionadas al cumplimiento del servicio de seguridad y organización interna administrativa de las dependencias”.

Consideran además en el informe que “varios de los imputados fueron designados con resolución ministerial en esta Institución, lo cual se entiende que fue delegada en los mismos la “confianza” del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para el cumplimiento adecuado de sus funciones, pero, lejos de acatar sus responsabilidades con el honor que endilgan sus puestos estratégicos, aquellos brillan por su ausencia, demostrándose un aprovechamiento de los beneficios que acarrean sus designaciones, pero no reciprocidad con su función y cargo, mucho menos expusieron el compromiso institucional que de estos se esperaba”.

Además, destacan que “ninguno de los investigados podría oponer como defensa el desconocimiento de sus funciones o tareas asignadas en la especialidad”.

Frente al lapidario informe de la Bonaerense sobre el descalabro en Junín, el secretario de Seguridad, Lisandro Benito, intentó minimizar los hechos

LA INVESTIGACIÓN

La investigación fue encabezada por el Comisario Inspector Osvaldo Domínguez, quien se apersonó a la departamental ubicada en Quintana 35 de nuestro medio.

Inmediatamente se constataron irregularidades en los libros donde deben asentarse cada una de las actividades, también hallaron que parte del personal no estaba en su área de trabajo y otros sin el uniforme correspondiente.

Señala la investigación que “es dable advertir que todas las oficinas de la Estación de Policía Departamental de Seguridad se hallaban sin personal al arribo de la comitiva, con excepción de la oficina de CEPAID, como también, que se observó un total desconocimiento por parte de los efectivos en las funciones y responsabilidades que les compete”.

Lisandro Benito, Secretario de Seguridad del Municipio, minimizó la investigación.

Cuando la comitiva se hizo presente en el comando de patrullas fueron recibidos por quien cumplía funciones de jefe de turno, el comisario Heber Muños, quien les informó que “el titular del elemento no se encontraba en despacho, como tampoco el Segundo jefe y los encargados de cada área, por lo cual se le solicitó el comparendo de todos”.

Al revisar las cuadrículas de patrullaje se advirtieron tareas defectuosas y móviles que estaban parados en la dependencia sin recorrida. Se advirtieron irregularidades en los libros de presentismo.

Durante la recorrida por la Comisaría Primera, los inspectores advirtieron que “al momento de la inspección (dos mujeres del personal) se encontraban desplazando a un detenido masculino desde el baño al interior del calabozo, encontrándose ambas con arma reglamentaria colocada en la pistolera, pero sin municiones, incumpliendo de esta manera con las normas de seguridad mínimas tanto para su resguardo personal como para el resto de los efectivos, debido a que su proceder podría haber devenido en un problema mayor, situación ésta que fuera constatada y corregida de inmediato a los efectos de no agravar la misma, impartiéndosele inmediatas directivas respecto al correcto desempeño del manejo de los detenidos alojados en la dependencia”.

Continuada la recorrida del resto de las instalaciones y oficinas, se advirtió que “poseen un mal estado de conservación, mantenimiento y limpieza, ya que se pudo observar falta de aseo en todas las aéreas de la dependencia, en especial en el sector donde se encontraban los vehículos secuestrados por distintos delitos”. Asimismo, se observó en el frente de la dependencia, “móviles sin salida a recorrer” y que “los cuales se encontraban ociosos por no posee personal disponible, según informo la oficial de servicio, y tampoco combustible municipal”.

Por otra parte, llamó la atención de los inspectores la falta de detalles respecto al pago de adicionales al personal de la fuerza, algo que había sido puesto en consideración por los mismos efectivos que aludían estar cobrando mucho menos de lo que debían percibir por la tarea.

En ese sentido, la inspección llevada a cabo indicó en el informe que “requiriéndose las rendiciones abonadas. Seguidamente, al azar, se tomó vista de alguna de las mismas, pudiéndose establecer que todas las rendiciones aportadas de los corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre, las que carecen de planillas que puedan determinar con exactitud el horario realizado por cada efectivo y de esa manera poder generar un cruzamiento o superposición de horas de servicio y/o Cores (compensación de recargo de servicio), dificultando de esa manera la tarea de contralor”.

Asimismo, en las rendiciones, “se pudo constatar que no solo carecen de lo antes mencionado, sino que también poseen faltante de firmas del personal que cumpliera tales servicios adicionales”.

Dichas rendiciones correspondían a espectáculos deportivos realizados en nuestro medio en el mes de diciembre y que sumaban unos 13 millones de pesos.

En la visita a la oficina de judiciales, los veedores señalaron que “una gran mayoría de los motovehículos que se encuentran incautados en el interior de la dependencia, carecen de fajas de seguridad, caratula de identificación y numero de cargo judicial”.

En la oficina de logística y ante la requisitoria respecto a los móviles en servicio fueron informados que posee una flota automotriz de 24 móviles de los cuales cinco patrulleros están en servicio, otros ocho radiados (comunicados con el área de logística) y hay 11 patrulleros irrecuperables.

Entre lo advertido por la investigación respecto a irregularidades en el uso del combustible que pagan los vecinos a través de la tasa de seguridad que cobra el municipio se informó que “los patrulleros poseen una carga de entre 20 y 30 litros” pero la responsable no pudo “determinar si es por semana o quincena, pero que esta carga se realiza en distintas estaciones de servicio de la zona según ordene la municipalidad”.

Seguidamente, y solicitadas las rendiciones de combustible de los móviles, “se aportó y advirtió que la última rendición es de fecha 20/07/2024 por el monto de $ 27000 (veintisiete mil pesos) del móvil RO 26454, lo cual no se condice con la libreta de dicho móvil siendo que esta posee último registro de fecha 22/03/2024”.

En las libretas de servicios de otros móviles también se detectaron irregularidades lo cual lleva a considerar la responsabilidad del ejecutivo municipal en la falta de contralor del combustible que provee.

Por otra parte, en el informe se deja constancia que “no hay que dejar de lado que, al arribo de la comitiva a la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín, la mayoría del personal se encontraba ausente en su servicio, alguno de ellos practicando diligencias personales, y otros por que se les habría otorgado “franco/permisos” por cuestiones particulares, desconociendo ello el oficial de servicio del elemento”.

Asimismo, el informe indicó que “en la visita de control en este último elemento, se determina que la totalidad del personal, a cargo de cada una de las áreas, no demostró estar acorde con la función que cumple, ni con la responsabilidad que conlleva su puesto”.

Por más que los funcionarios municipales intenten quitarse responsabilidad acerca de este escandaloso informe, queda claro que la seguridad en Junín es “una joda total”

PRUEBAS CONTUNDENTES

Por más que los funcionarios municipales intenten quitarse responsabilidad acerca de este escandaloso informe, queda claro que la seguridad en Junín era “una joda total” como puntualizó un viejo jefe policial.

Tal como expresó la propia inspección policial en el informe respectivo “la actitud precedentemente reseñada, respecto de los funcionarios mencionados, afecta gravemente la legalidad y racionalidad en la actuación policial, existiendo el incumplimiento de un deber legalmente impuesto, como ser el correcto desempeño de su función de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes como también el de desempeñar cargos, funciones y comisiones de servicio ordenados por autoridad competente”.

Siendo que todos los imputados incumplieron con lo previsto en Articulo 11 de la 13.982, toda vez, que respecto de las funciones y cargos que poseían al momento de los hechos no cumplieron adecuadamente con lo que es exigible a todo funcionario policial.

En el presente hecho, señalan “en cuanto al servicio de seguridad brindado a través del patrullaje de prevención, se evidencia una ausencia total de contralor y supervisión por parte del mando superior, oficiales jefes de la unidad, como así también de control y/o actividad real, concreta y verificable de quienes cumplen la función de jefes de Estación Departamental de Seguridad, Comando Patrullas y Comisaría Seccional 1ra, para con el servicio ordinario y/o extraordinario, poseyendo el Comisario Inspector Fernández Pablo Andrés una vasta experiencia en materia de seguridad, en atención a su jerarquía y antigüedad, es decir, que no existe lugar a dudas de que el mismo por su antigüedad, experiencia y trayectoria profesional, conoce sus deberes y obligaciones para con la función asignada”.

Destacaron que “de los informes aportados por las distintas oficinas del elemento, se desprende que la jurisdicción de la localidad de Junín posee una cantidad de 14 (catorce) zonas a cubrir por parte de personal del Comando de Patrullas, áreas de responsabilidad operativa bajo su órbita al momento de la inspección, conformando su flota automotriz la cantidad de 17 móviles, los cuales 9 se hallan en servicio, en situación de radiado 3, e irrecuperables 5, y cuenta con la cantidad suficiente de efectivos armados, uniformados y con capacidad de llevar a cabo tareas operativas”.

No hay que dejar de lado que “al arribo de la comitiva a la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín, la mayoría del personal se encontraba ausente en su servicio, alguno de ellos practicando diligencias personales, y otros por que se les habría otorgado “franco/permisos” por cuestiones particulares, desconociendo ello el oficial de servicio del elemento”.

Como ya se expresó, la Ley 13.982, Ley de Personal Policial, establece que cada funcionario deberá “desempeñar su función de acuerdo con las Leyes y reglamentaciones vigentes (inc. a del artículo 11)”, como también “desempeñar cargos, funciones y comisiones de servicios ordenados por autoridad competente, de conformidad con lo que dispongan las normas vigentes (inc. h del artículo 11)”.