Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y LA EDICIÓN DIGITAL Nº 458 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2025

En el distrito del intendente Pablo Petrecca las fumigaciones con agroquímicos siguen siendo un “viva la pepa” que nadie controla, porque los funcionarios (amén de no estar capacitados) hacen “la vista gorda” a favor de productores y fumigadores que, sin mayores miramientos, terminan envenenándonos a todos.

La apreciación no es antojadiza y quienes quieran entrar a debate sobre el tema no tienen más que informarse respecto al peligro al que los habitantes de Junín estamos expuestos.

Desde hace 12 años no se modifica ni revisa la ordenanza que habilita el uso de agroquímicos (falsamente denominados fitosanitarios) prácticamente sobre las viviendas.

En este tiempo se acumularon más productos tóxicos, se acrecentaron los estudios sobre la peligrosidad sobre las personas, se sumaron miles de habitantes a los sectores planificados y para colmo de males se dejaron sin efecto los controles para favorecer a los amigos del gobierno que obtienen privilegios en desmedro del resto.

Las organizaciones agropecuarias hacen oídos sordos a los reclamos y no faltan grupos que salen a presionar a los denunciantes

Hace más de tres años, el intendente firmó un convenio para que fueran los socios del centro de ingenieros agrónomos quienes controlaran a los fumigadores, el sistema no funcionó, echaron a uno de los inspectores municipales que era el único que verificaba ante las denuncias y todo quedó a pedir de boca por parte de quienes se creen con derecho de incumplir las normas.

A punto tal llegó la anomia que en 2022 un pedido de informes realizado por el concejal José Luis Bruzzone no tuvo respuestas por parte del Ejecutivo luego de la fumigación en un predio del paraje La Agraria que nadie vio ni controló.

Fumigaciones en zonas pobladas

Este tipo de escenas se repiten, de hecho, nadie conoce efectivamente cuál es el producto que termina en los depósitos de los “mosquitos” fumigadores ni tampoco en qué momento vuelcan los agroquímicos sobre los campos, las viviendas, las escuelas y la gente, que en algunos tipos de productos deben hacerlo a 300 metros de las zonas urbanizadas en torno a los cultivos granarios.

Esa distancia que ya quedó perimida tras los fallos judiciales que aceptaron imponer 1.000 metros de las viviendas, como lo hizo oportunamente en Pergamino, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, no cuenta para Junín. A pesar de las denuncias de vecinos y medios como Semanario, el juzgado federal de nuestro partido nunca intervino en temas relacionados con el envenenamiento que en forma permanente afecta a los vecinos. Sin embargo, sí ha defendido a los productores que han presentado amparos frente al cobro de impuestos nacionales.

LOS HIJOS DE LA PAVOTA

Y mientras en Junín, Petrecca y sus funcionarios se desentienden en otro más de los problemas que realmente atentan contra la calidad de vida y la salud de los juninenses, los máximos especialistas en la materia toman precauciones en CABA, lugar donde efectivamente “dios atiende”.

¿De qué hablamos? Pues que para poder hacer sus ensayos en el amplio predio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía de la UBA tuvo que definir un “exigente protocolo”, ya que pareciera que vivir en una ciudad de tres millones de habitantes, cada uno de ellos resultan más importante que los más de cien mil que andamos por acá.

En 2022 un pedido de informes realizado por el concejal Bruzzone no tuvo respuestas por parte del Ejecutivo municipal

Tal como lo destacaron desde “Bichos de Campo”, sucede que en el campo experimental que tiene la Facultad de Agronomía de la UBA, en el barrio homónimo del interior de la ciudad, los agroquímicos son empleados regularmente, para proteger y tratar los diversos cultivos que allí se producen con fines académicos y de investigación.

¿Hay algún requisito especial para hacer dentro de la gran urbe este trabajo que usualmente se realiza a campo abierto?

A continuación, entre algunas normas principales, se destacan:

La prohibición de utilizar insumos Banda Roja (los más tóxicos) y formulados de alta volatilidad que acá en Junín se permiten para fumigar a 500 metros (que nadie controla), de las viviendas y escuelas.

También desde la FAUBA tienen “la obligatoriedad de informar las aplicaciones realizadas, y la de coordinar el retiro de los envases y efluentes correspondientes de forma inmediata”, otro punto que la ordenanza de Junín no contempla y por eso aparecen bidones tirados a los costados de los caminos y rutas.

En cuanto al registro de las aplicaciones, en el Anexo 2 de la medida se indica la obligatoriedad de “cada responsable de parcela informar a la Administración del Campo Experimental (dependiente de la Secretaría de Hábitat, Infraestructura y Ambiente), de todas las aplicaciones realizadas en las parcelas. En el informe deberán incluir: Fecha y hora de aplicación, Nombre del aplicador, Producto y dosis aplicada (en producto activo por metro cuadrado)”.

Precisamente sobre el punto detallado más arriba, solo hay una declaración por parte del aplicador. Los controles municipales a cargo de funcionarios de tercera línea, resultan laxos y dan por sentado que se aplicará la fórmula descripta en una receta agronómica, pero no se controla lo que efectivamente entra en la máquina y se esparce por doquier.

Hace 12 años no se modifica ni revisa la ordenanza que habilita el uso de agroquímicos (falsamente denominados fitosanitarios)

Por otra parte, tampoco se controla la maquinaria que se usa que, como dijimos, muchas veces cargadas de agroquímicos se “pasean” en torno a las zonas pobladas del distrito en un marco de impunidad absoluto y también de peligrosidad para la salud.

En cambio, en la provincia de Córdoba, los aplicadores de agroquímicos deben cumplir con una normativa respecto al buen estado de las fumigadoras, caso contrario se las clausura si no pasan los controles.

Escuelas fumigadas

Justamente hace unos días, el equipo técnico de la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio realizó controles de oficio en establecimientos cercanos a las localidades de Oliva, Colazo y Río Tercero y se puso especial atención en la presencia de productos fitosanitarios hormonales prohibidos o restringidos, así como en la documentación que respalda su uso y manipulación.

Como resultado de las inspecciones, se procedió a la clausura preventiva de tres máquinas autopropulsadas.

La medida se tomó debido a que los equipos no contaban con el registro ni la habilitación correspondiente ante el Ministerio de Bioagroindustria. Los botalones de las máquinas fueron precintados y se colocaron fajas de clausura para impedir su uso hasta que se regularice su situación.

Además de las clausuras, se intimó a diversos productores rurales a regularizar la habilitación de sus equipos de pulverización, cuyos permisos se encontraban recientemente vencidos. Asimismo, se les requirió la presentación de las Recetas Fitosanitarias Digitales. Correspondientes a las aplicaciones de fitosanitarios que se estén llevando a cabo en sus campos.

En ambos casos señalados, damos muestra acabada de lo significa trabajar con responsabilidad en los controles, cuando lo que está en juego es la salud poblacional y donde no caben los privilegios para los envenenadores del aire, el agua y suelo.

Hay una parte de la población del distrito que es presa del manejo de grupos de poder que no tienen miramientos a la hora de contaminar

Lamentablemente, en Junín y en la mayoría de los distritos de la pampa húmeda en los que se lleva adelante la producción agrícola tradicional, los pobladores de cercanía a esos campos deben vivir a diario esta permanente invasión de las pulverizaciones con sus productos comprobadamente tóxicos, que ponen en riesgo la salud poblacional, pero que además dañan toda la foresta y cultivos de estos pobladores.

Lo peor de todo es que las organizaciones agropecuarias hacen oídos sordos a los reclamos y no faltan grupos que salen a presionar a los denunciantes.

bidones desechados al aire libre en un campo de La Agraria

Por otra parte, la comunidad citadina tampoco parece ocuparse del tema creyendo que no la afecta cuando en realidad la calidad del agua y el aire que respira también se deteriora en las ciudades de geografía rural producto de estas prácticas.

Asimismo, los grupos ambientalistas son desatendidos por el Estado y tampoco los entes que debieran ocuparse de recibir las denuncias como el caso de la defensoría del pueblo, tienen un papel preponderante frente al tema, ya sea por comodidad o por ignorancia.

Lo cierto es que hay una parte de la población del distrito que es presa del manejo de grupos de poder que no tienen miramientos a la hora de contaminar el ambiente y poner en riesgo la salud y los bienes de otros vecinos, acompañados por otros sectores que terminan actuando en complicidad.

En Junín ya no alcanza la ordenanza 6425 de 2013 que prevé una zona de amortiguamiento porque precisamente en esa franja de 500 metros de los hogares y las escuelas, se puede seguir aplicando, entre otros, el herbicida glifosato, el cual más allá de su riesgo cancerígeno, termina quemando las pasturas, sembradíos y huertos de quienes están en las cercanías.

El horizonte es preocupante porque está en juego la salud de las próximas generaciones, frente a la pasividad de un Ejecutivo municipal que no se hace cargo de nada más que de las fotos de sus funcionarios y algunos concejales “con campo” que prefieren ponerse del lado del agronegocio en lugar los vecinos que juraron representar.